En Ecuador se busca encaminar cambios sostenibles en el sistema nacional de rehabilitación social para los centros de privación de libertad.
Para ello, el presidente de la República, Daniel Noboa, expidió el reglamento que busca regular el funcionamiento del sistema carcelario y estableció normas de ejecución de penas, los mecanismos de rehabilitación integral y reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Previamente, la Asamblea aprobó la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, la cual entró en vigencia el 29 de abril del 2026 con su publicación en el Registro Oficial.
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En el reglamento se establece que la finalidad del sistema nacional de rehabilitación social será garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, asegurar su rehabilitación integral durante el cumplimiento de la pena y promover su efectiva reinserción social y económica.
Además, en concordancia con la ley, se determina que los centros carcelarios se clasifiquen según el nivel de seguridad en mínima y máxima seguridad y se distribuya a los reos para determinar su ubicación. Quienes tienen casos de tránsito o pensiones alimenticias no estarán mezclados con reos con condenas mayores.
En el documento se demarcan disposiciones para la operación del sistema penitenciario a nivel nacional, como el control, monitoreo y posibles restricciones de contactos en función de criterios de seguridad y visitas de los reos.
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Además, se incorporan disposiciones sobre el trabajo penitenciario, estableciendo mecanismos de control y seguimiento de actividades laborales.
Entre las regulaciones, los economatos se podrán aplicar en centros de privación de libertad de mínima y media seguridad, mientras que en etapas de máxima seguridad solo se aplicará de manera excepcional.
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Además, entre las obligaciones de los reos se dispone cumplir horarios y actividades establecidas en las prisiones, mantener el centro limpio de logos, distintivos y grafitis de grupos de delincuencia organizada, llamarse por sus nombres propios y mantener el orden en las celdas.
En torno a estas regulaciones, Javier Gutiérrez, experto en seguridad, resaltó la necesidad de cambios en el sistema nacional de rehabilitación social. Dijo que hay elementos dentro del documento que fortalecen al ente competente del sistema carcelario y tratan de reorganizar algunas partes del sistema.
En términos generales, resaltó que hay aspectos que apuntan a ese fin, como el reforzamiento del control, la distribución de los reos o privados de la libertad por diferentes ámbitos según su peligrosidad; así como la opción de reinserción laboral para que aporten a la sociedad, y aspectos para fortalecer al ente encargado del sistema carcelario.
Recordó la importancia de los cambios del sistema de rehabilitación social ya que “una de las raíces y de la base del control” de los grupos de delincuencia organizada se ha constituido en las cárceles.
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“Hay puntos que indican que apunta a debilitar una de las bases que tiene la delincuencia organizada, que son justamente los liderazgos dentro de las cárceles, una de las bases de la criminalidad, para que el control no sea tomado por estos líderes de estas bandas, sino por el control estatal; que sea el control estatal el que efectivamente tenga el poder sobre las bandas, eso es importante”, resaltó sobre el aporte positivo de estas regulaciones.
Destacó la experiencia de otros países, como Estados Unidos, Brasil, El Salvador y Colombia, con mayor trayectoria enfrentando la violencia y con programas en sus propios centros de rehabilitación para atender estas problemáticas.
Por su parte, Jean Paúl Pinto, experto en seguridad, calificó el reglamento como “muy completo”, con puntos necesarios para el manejo carcelario. “Muchas cosas que se pedían de hace mucho tiempo están ahí, eso es lo positivo”, dijo.
No obstante, él aclaró que algunos puntos podrían ser ‘impracticables’ sin un debido control de las cárceles. Por ello, dijo que las acciones deben apuntar en ese sentido.
Resaltó la inclusión de acciones de reinserción, rehabilitación social y deporte, seguimiento de reinserción laboral, además de prelibertades y rebaja de pena en caso de buen comportamiento.
En varios puntos, como la reinserción, agregó que se deberá definir cómo se pondrá en práctica con otros actores que se requieren para su implementación.
Para evitar actos de corrupción, resaltó dos puntos principales, la profesionalización de agentes penitenciarios, con un plan de carrera y seguro de vida, y las pruebas de confianza desde sus directores hasta los mandos más bajos.
Además, Gutiérrez dijo que se deberán evaluar los resultados de la aplicación de las nuevas normativas en un plazo de seis meses a un año para realizar ajustes necesarios.
Por otra parte, dijo que se deberán considerar los picos de violencia y sus relaciones con hechos que el Estado promueve para enfrentar la problemática, y además la forma en que se mostrará la conducta de los privados de la libertad con el paso del tiempo de aplicación de estas regulaciones.
Gutiérrez resaltó las asesorías de cooperación internacional, como la Unión Europea, para mejorar el sistema carcelario. En complemento, agregó que adicionalmente se podrían aplicar buenas prácticas con privados de la libertad con resultados positivos en la reinserción laboral, como en Italia o España.
Para ello, él dijo que será vital que el Gobierno mantenga la voluntad política de encaminar este tipo de medidas con su debido seguimiento, evaluación y los estudios del caso de otras experiencias.
Agregó la importancia vital de la creación del subsistema de inteligencia penitenciaria, que se estableció en el reglamento, para mitigar actos irregulares.
“Mientras haya corrupción en las cárceles, todo lo que se está planteando no se va a poder implementar”, afirmó.
Citando casos de otros países que han evidenciado una eliminación de la operación de grupos en cárceles, Gutiérrez dijo que las reformas en el tiempo son necesarias y aplicables siempre y cuando haya una continuidad en la política de gobierno, acompañado de los recursos necesarios, capacitación, cooperación internacional, y que la sociedad civil, incluyendo academia y opinión pública, brinde apoyo en temas de rehabilitación.
“El Gobierno va a necesitar una fuerte inversión económica en una reforma institucional del SNAI que, creo, tiene las condiciones y la voluntad para mejorarlo; con recursos y manteniendo la voluntad de cambio es posible”, apuntó y agregó que los cambios de la institución no serán 100 % eficientes de un momento a otro, pero sí realizar modificaciones para que tenga las capacidades. (I)
