El gobernador de Esmeraldas, Juan Jaramillo, cuestionó a varios operadores de justicia por la liberación de personas involucradas en delitos graves, incluidos homicidios intencionales, pese a haber sido aprehendidas en flagrancia o tras investigaciones formales.
Jaramillo se refirió de manera puntual al caso de Luis A. R., detenido el 28 de julio de este año por tenencia de arma de fuego y vinculado al asesinato del comerciante Wilson J., ocurrido el 28 de noviembre pasado dentro de una licorería.
Cámaras de seguridad del establecimiento registraron al sospechoso en el momento del ataque, hecho que —según el gobernador— estaría relacionado con extorsiones contra la víctima.
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“Al detenido se le dictó prisión preventiva, pero al parecer la jueza que conoció la causa sustituyó la medida, argumentando que aún no entraba en vigencia la Ley de Integridad Pública”, señaló Jaramillo.
Esta situación motivó una reunión entre el representante del Ejecutivo y Miguel Heras, director provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas (CNJ), a fin de analizar la resolución judicial.
Jaramillo afirmó que decisiones similares han permitido que queden libres o reciban medidas sustitutivas sospechosos de asesinatos, tráfico de drogas, extorsiones y secuestros, afectando los resultados de los operativos de la Policía y del Bloque de Seguridad.
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“Hay que ser empáticos y solidarios con las familias que perdieron a sus seres queridos en estos atentados y los involucrados siguen libres”, agregó.
El gobernador invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a acudir a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), donde el sospechoso debe presentarse este viernes 5 de septiembre, como parte de la medida alternativa impuesta.
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También aseguró que la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Gobernación de Esmeraldas estarán vigilantes de las resoluciones judiciales que dejen en libertad a sindicados por delitos graves.
El anterior gobernador, Javier Buitrón, ya había denunciado públicamente a jueces de Esmeraldas por la liberación de personas vinculadas con delitos.
En noviembre de 2024 presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue a los magistrados involucrados en resoluciones que favorecieron a detenidos por casos de extorsión y sicariato.
A estas inquietudes se suman los comandantes de unidades investigativas de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes han expresado su inconformidad por la liberación de sospechosos sin que —según ellos— se cumplan los debidos procesos judiciales.
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Entre los casos recientes figuran detenciones de menores y adultos con armas de fuego en un hotel del Valle de San Rafael; presuntos miembros de Los Chechenos portando armamento en Eloy Alfaro; tres personas capturadas como custodios de una tonelada de cocaína en Galera.
Varios ciudadanos también fueron arrestados el viernes 5 de diciembre, presuntamente vinculados a organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, minería ilegal, asesinatos y extorsiones.
Según datos del Ministerio del Interior, un total de 2.342 personas han sido aprehendidas y detenidas por diversas circunstancias en Esmeraldas en lo que va de este año, 2.931 en el 2024 y 2.247 en el 2023.
De su lado, representantes de la Cámara de Turismo y de los comerciantes del sector de Codesa solicitaron una reunión con los jefes policiales de Esmeraldas, debido a las amenazas de secuestro, extorsión y robos que afectan a estos dos sectores. (I)
