Por 30 días se renueva el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social del país, según el Decreto Ejecutivo 276.

Este lunes venció ese régimen dispuesto anteriormente y por ello se da la renovación. Esto permite, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de los centros penitenciarios, bajo los parámetros de la Corte Constitucional.

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El país vive una crisis carcelaria que, según el Gobierno, es producto del enfrentamiento entre bandas delictivas relacionadas con el narcotráfico que pugnan por tener el control de los centros penitenciarios. Y producto de aquello recientemente se han registrado masacres entre reos.

La última masacre se dio en la Penitenciaría del Litoral y dejó como resultado 65 privados de libertad asesinados. El número de muertes violentas de reos reportadas este año en las cárceles del país ha sido el más alto de la última década: 327. El año pasado fueron 52.

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Según cifras del Gobierno, a escala nacional hay 37.201 privados de libertad y un total de 51.631 policías distribuidos en el país y en las distintas unidades.

De ahí que existen 1,34 uniformados por cada reo, sin embargo, los policías tienen otras responsabilidades de seguridad interna de su competencia.

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Mientras que en las provincias donde hay centros penitenciarios regionales existe en promedio 0,67 policías por cada privado de libertad, según datos del Gobierno nacional.

Con el estado de excepción se dispone que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otras instancias, coordinen acciones para prevenir la violencia en los centros carcelarios.

A más del régimen en las cárceles, en nueve provincias de Ecuador rige un estado de excepción hasta el 19 de diciembre, que permite a los militares apoyar en el control de la seguridad en las calles de esas jurisdicciones en las que se ha registrado un incremento de muertes violentas, entre otros hechos delictivos.

Esas provincias son: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. (I)