Al menos 116 personas privadas de libertad murieron y alrededor de 50 resultaron heridas en la última masacre que se registró en la Penitenciaría del Litoral el pasado martes.

Ante estos hechos, el presidente Guillermo Lasso emitió su primer decreto de estado de excepción al sistema carcelario. En el anterior gobierno hubo tres decretos de este tipo y una renovación.

Guillermo Lasso firma decreto de estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador

En el decreto 210 de Lasso se especifica que los distintos casos de amotinamiento y graves conmociones en el interior de los centros de privación de libertad obedecen a la existencia de organizaciones delincuenciales que operan coordinadamente en los distintos centros de rehabilitación social del país, y que con este buscan restablecer el orden y seguridad.

¿Qué implica el estado de excepción en centros carcelarios?

• Movilización hacia los centros de las entidades de administración pública central, en especial el SNAI, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para que coordinen esfuerzos con el objetivo de ejecutar las acciones necesarias para restablecer el orden y prevenir nuevos acontecimientos de violencia.
• Participación de las Fuerzas Armadas se realizará en el perímetro externo de los centros, en las vías y zonas de influencias y también en el interior de manera coordinada con la Policía.
• La intervención deberá respetar los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en todas las tareas y acciones que se ejecuten.
• Disponer requisiciones tanto en el interior como exterior de los centros de privación de libertad, las cuales serán por extrema necesidad.
• Suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y la libertad de asociación y reunión en todos los centros penitenciarios.
• Solicitar al Consejo de la Judicatura que en un plazo no mayor a diez días informe sobre el uso de prisión preventiva en procesos penales iniciados desde el 2019, uso de penas no privativas de libertad en las sentencias condenatorias expedidas desde julio de 2019 hasta la fecha y sobre la implementación de los juzgados de garantías penitenciarias en el territorio nacional y los tiempos promedio de tramitación de las causas a su cargo.
• El Ministerio de Economía deberá proveer los recursos suficientes para atender este estado de excepción.

Su duración será por un plazo de 60 días. (I)