En trece años se triplicó la población penitenciaria en el Ecuador: de 13.125 internos en 2008 a 38.693 en febrero de 2021. Los detenidos están distribuidos en 37 centros de privación de libertad y 11 centros de adolescentes infractores.

Las cifras las reveló el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, hasta donde acudió para informar sobre la situación de los centros de rehabilitación tras los hechos presentados el 23 y 24 de febrero pasado, cuando se registraron 80 muertes; de ellas, 44 correspondían al grupo de Los Choneros y 36 a la banda Los Lobos. Esos eventos tienen relación con la disputa de control, aclaró.

Hacinamiento y rivalidad de bandas conviven en las cárceles de Ecuador

Es posible lograr la rehabilitación social de los centros presidiarios

El funcionario afirmó que en el país existe capacidad para 29.897 personas privadas de libertad (PPL), pero que, según los registros administrativos de los centros carcelarios, con fecha 10 de febrero, se determina que hay un hacinamiento de 8.796 personas, que corresponde a un 29,42%.

Del total de la población penitenciaria (38.693), el 93%, que corresponde a 36.173 detenidos, son hombres, y 2.520 son mujeres. Las cifras reveladas por el funcionario determinan que el 92% de las personas tiene nacionalidad ecuatoriana; el 5%, colombiana; el 2%, venezolana; y el 1%, de otras nacionalidades.

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Además, reveló que el 58% de las PPL tiene sentencia y el 42% está en proceso; la mayoría, esto es, el 27%, está detenida por delitos relacionados con drogas (10.592); el 26%, por delitos contra la propiedad (10.031); el 16%, por delitos contra la integridad sexual (6.177); el 13%, delitos contra la inviolabilidad de la vida (5.228); y el 4%, por asociación ilícita y delincuencia organizada (1.734).

El ministro en su exposición indicó que existen 1.750 policías asignados a las cárceles del país y 1.239 policías asignados a vigilar arrestos domiciliarios, lo cual cuestionó el funcionario, pues dijo que esa custodia en las casas tiene un costo aproximado de $ 300 diarios; eso significa, añadió, que los contribuyentes estamos gastando dinero para tener policías custodiando a gente en sus casas cuando deberían estar en las calles y fortalecer la parte operativa para seguridad ciudadana. Algunos de esos casos están más de un año bajo custodia domiciliaria, es decir, casi que tienen una guardia personal, lo cual debe ser corregido por la Función Judicial con el uso de tecnología.

Hechos de febrero

Respecto a los hechos registrados el 23 y 24 de febrero, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, manifestó que del control, operación y parte interna de los centros de privación de la libertad se encarga el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), pero que hay coordinación con la Policía Nacional e incluso con el Ejército para alcanzar más eficiencia. Aclaró que los policías no están legalmente facultados para estar dentro de los centros de rehabilitación, su obligación es la seguridad perimetral.

Indicó que, hasta febrero de 2020, se capacitó a 11.910 policías para la seguridad perimetral de los centros de privación de libertad, y que eso evitó que en el mes de febrero, cuando muchas PPL intentaron darse a la fuga, hubiera un solo caso registrado: no hubo policías muertos ni personal administrativo herido ni asesinado.

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Que en los hechos de febrero se detectaron debilidades y riesgos del sistema, como falta de equipos tecnológicos; cámaras de video destruidas; corrupción, intimidación y bajo nivel de confianza entre instituciones, y pugnas internas de poder en las cárceles.

Las cárceles todavía presentan un riesgo de alteración, pues no se puede decir que la situación está contenida, lo que se está haciendo es tomar acciones para custodiarlas, porque todavía los problemas fundamentales no han sido solucionados, pues hay hacinamiento de casi un 30%; la recomendación es construir nuevos centros o aprobar indultos para personas que cumplan con el perfil. Son decisiones que permitirán reducir la población carcelaria.

El funcionario dijo que se espera hasta el 15 de abril tener una posición clara sobre los centros, pues continúan los hacinamientos, y lo que se hace es separar a los miembros de bandas rivales para que no se encuentren y no se proceda nuevamente a este “ajusticiamiento”.

De momento, la situación entre las bandas es de una tensa calma, porque en este último amotinamiento “se entiende que no hubo ni vencedores ni vencidos, porque los muertos de cada una de las bandas fueron aproximadamente equivalentes”, insistió.

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El ministro de Gobierno precisó que existe un incremento de delincuencia y violencia en las provincias donde las organizaciones delictivas disputan el control, principalmente en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y El Oro.

Que se necesita una acción articulada con el sector justicia para contribuir en la institucionalización y estabilidad del sistema de rehabilitación social. Para ello, el ministro indicó que la Asamblea Nacional debe aprobar leyes relacionadas con el sistema, acudir a la cooperación internacional para apoyo y asistencia técnica al proceso de institucionalización y profesionalización, así como el sector privado debe apoyar los procesos de reinserción de las personas que salen del sistema de rehabilitación social.

Lo que prevé el Ejecutivo a corto plazo es fortalecer el control externo e interno entre las instituciones de seguridad y rehabilitación social; a mediano plazo espera ejecutar inversiones tendientes a la reducción de brechas y déficit en los centros de privación de la libertad; y que como acciones a largo plazo se deben diseñar e implementar mejoras y procesos sostenibles de rehabilitación. (I)