En el contexto de manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, las autoridades de Ecuador han señalado que dos detenidos son de nacionalidad extranjera y tendrían vínculos con el Tren de Aragua.
Ellos fueron capturados en Otavalo en medio de los incidentes registrados la tarde del pasado lunes. En esa localidad, el Comando de Policía fue violentado y hubo daños a bienes públicos.
Publicidad
Los extranjeros, según el Gobierno de Ecuador, estarían implicados en dichos altercados que incluyeron la quema de la unidad policial.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, indicó que no se trata de “manifestantes normales” sino de “infiltrados” con vínculos directos a una estructura transnacional dedicada a secuestros, extorsión, trata de personas y homicidios cometidos con extrema crueldad.
Publicidad
También, el ministro del Interior, John Reimberg, expresó su sorpresa sobre el involucramiento de estos dos supuestos integrantes de esa banda de origen venezolano. “¿Qué hacen ciudadanos extranjeros en una manifestación? ¿Qué hacen en el país”, dijo y agregó que se indagan la procedencia y quiénes los habrían contactado.
“Es un tema muy grave que debe investigarse a fondo”, agregó.
En el marco del primer día de manifestaciones, un total de 47 fueron detenidas en varios puntos del país por cometer “actos violentos”, indicó el Gobierno.
Los venezolanos fueron identificados como William Andrés R. y Jonathan Bernin A. A.
Reimberg dijo que inicialmente estos sujetos le dijeron a la autoridad policial que serían procedentes de ese grupo, sin embargo, se indagan esa información, su misión en el país y quiénes los habrían contratado.
Se los procesaría por el delito de terrorismo por su presunta participación en los actos violentos de Otavalo.
El delito de terrorismo se estipula en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El delito de terrorismo puede implicar penas de 19 a 22 años de privación de libertad.
En casos especiales, cuando los actos conlleven consecuencias más graves puede aumentar a 26 años. Entre las situaciones se establecen la destrucción de una edificación pública, irrumpir locales oficiales, difusión de informes falsos poniendo en peligro la seguridad de un transporte terrestre, una nave o aeronave.
La sanción puede incluso llegar a 30 años cuando por el cometimiento del delito se produzca la muerte de una o más personas. Además, en caso de darse desde o en centros de privación de libertad se aplicaría la pena mayor añadida en un tercio.(I)