Ecuador está enfrentando un nuevo problema que se está extendiendo no solo en las periferias de las ciudades, sino en comercios minoristas de zonas formales y hasta en sectores residenciales: la extorsión a cambio de supuesta protección. En los barrios se la conoce como el pago de “vacunas”.

Las bandas están cobrando “vacunas” en diferentes actividades. Hasta quienes manejan tricimotos tienen que pagar en varios sectores del noroeste de Guayaquil. Las bandas les exigen $ 0,50 por día para “darles seguridad”.

Quienes son víctimas prefieren no denunciar y pagar, porque dicen que no confían en la justicia.

“Porque, si los agarran hoy, en pocos días van a estar en las calles y van a salir a vengarse, a darle bala a mi casa”, dice Jaime.

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Este hombre vive en Ciudad Victoria, por el ingreso de La Ladrillera, donde las bandas ingresan en moto y hasta desvalijan las viviendas que aún no han sido entregadas a sus propietarios. Se llevan hasta los inodoros.

En ese sector piden cinco dólares semanales en casas para no robarles. Incluso la seguridad privada que había en el complejo habitacional abandonó el lugar por amenazas.

Aunque los perjudicados piden ayuda de la Policía y el resguardo se reforzó, no quieren poner denuncias.

La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) dice que, sin denuncia o sin la versión de los afectados, el proceso para investigar, detener y sentenciar a quienes están tras los cobros de las vacunas es más largo y más difícil.

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Pero los agentes comprenden el temor de la población, porque las leyes actuales tampoco protegen a la víctima de los extorsionadores, ya que se sigue “el debido proceso”.

¿Cómo es el debido proceso?

Luego de asentar una denuncia en la Fiscalía, la víctima debe acudir al despacho del fiscal al que asignaron la investigación. Tiene que reconocer su firma y el siguiente paso es dar su versión, dar todos los detalles de cómo se dieron los hechos y, en caso de haber sido contactado vía telefónica, entregar su celular temporalmente para su análisis en Criminalística.

En este momento muchos se echan para atrás y deciden dejar ahí el proceso. Unos pocos siguen, cuenta el fiscal Pedro Intriago, uno de los funcionarios que investigan este tipo de casos en Guayaquil.

Él explica que, en caso de tener mensajes o llamadas, se obtiene el número, se notifica al Registro Civil y se pide a la operadora que confirme a quién pertenece la línea antes de convocar a la persona sospechosa a rendir su versión libre y voluntaria. Se le avisa que lo están investigando, como dice la ley en el artículo 76 y 77 del COIP.

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Se la llama hasta tres veces y, si no se presenta, se la lleva por la fuerza pública por 24 horas, explica el fiscal, que aclara que no se puede proceder a una detención hasta estar seguros de que se trata de la persona correcta, porque muchas de las veces las llamadas extorsivas se hacen desde líneas que han sido robadas.

Cuando detienen a quienes serían los culpables, muchas veces obtienen medidas cautelares y vuelven a los sectores donde viven las víctimas.

Llegar a la persona o al grupo que está haciendo la extorsión es complejo, admite el fiscal del Guayas, que tiene quince años de experiencia.

Intriago aclara que de oficio sí se pueden iniciar investigaciones, pero estas pueden durar hasta dos años. Lo ideal es que las víctimas den algunos indicios que ayuden a la Unase a recopilar las evidencias necesarias para presentar al juez, porque una sentencia se obtiene mostrando evidencia sólida y los testimonios de las víctimas.

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Por eso, los amenazados prefieren pagar, cerrar sus negocios o hasta irse del sector donde opera la banda. Eso está pasando en Pascuales, donde el fin de semana fue asesinado un hombre que tenía un asadero de pollos y que hace un mes sufrió en su negocio un ataque con un artefacto explosivo por no pagar la vacuna.

A un hombre de 37 años lo mataron el sábado en su local de Pascuales. Hace un mes le pusieron un explosivo por no pagar las vacunas. Foto Carlos Barros/El Universo. Foto: El Universo

¿Qué dice la ley?

Para el fiscal Intriago, se debe hacer una reforma en la ley actual, porque la vigente beneficia a los delincuentes y les brinda impunidad. Así sean sentenciados, él dice que hay varias medidas que les permiten reducir considerablemente la pena y hasta suspenderla.

Él explica que, en el momento de acusar y llevar a juicio a alguien que ha cometido una extorsión, se procede diferente si el procesado es uno solo o si se descubre que se ha actuado en grupo.

Si es uno solo el implicado, se aplica el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que castiga la extorsión con cárcel de 3 a 5 años. Pero si se descubre que es una banda con varios mandos y funciones, se procesa por delincuencia organizada, castigada con cárcel de 7 a 10 años.

El fiscal sostiene que hay casos, en los procesados por el artículo 185 (de 3 a 5 años), en los que deciden acogerse al procedimiento abreviado, es decir, aceptan su culpa y ahorran al Estado llevarlo a juicio. Ahí lo condenan solo a doce meses por el delito, como beneficio de ley. (I)