Dentro del denominado caso Goleada, Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, emitió un oficio para solicitar que su defendido y otros cuatro procesados sean derivados al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha #2, también conocida como cárcel 4, de Quito.
En días pasados, el juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Mario, así como Fernando P. y César B.
El magistrado recomendó que sean derivados a la cárcel 4, pero dejó a consideración del SNAI para que determine el lugar apropiado luego de los análisis pertinentes.
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El juez aclaró que el SNAI, como organismo responsable de la seguridad de los privados de la libertad, podrá disponer del centro de rehabilitación adecuado una vez revisado el riesgo y las particularidades de cada procesado.
Finalmente, Alvarez fue llevado a la cárcel de Latacunga y el resto a la prisión de Turi (Cuenca).
En el reciente documento, que consta en los registros judiciales, García expuso que la recomendación no ha sido tomada en cuenta.
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García resaltó la exposición mediática del caso Goleada, el impacto político que ha generado y la condición institucional de los procesados que constituyen “factores objetivos que aumentan la probabilidad de amenazas, presiones o eventuales atentados contra su integridad física o psicológica”.
Por ello, el abogado insistió que se oficie al SNAI con el fin de que los tres hermanos Alvarez y los otros dos procesados puedan ser llevados a la cárcel 4.
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Por este mismo caso, días atrás, la defensa de los hermanos Alvarez hizo un pedido de apelación que fue admitido a trámite. Similar recurso presentaron los otros dos procesados, Fernando P. y César B.
A la par, la Fiscalía de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción n.º 2, presentó un recurso de apelación a la negación de prisión preventiva para el resto de seis procesados que recibieron medidas cautelares y arresto domiciliario.
Un total de once personas, incluyendo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, son procesadas en este caso en el que se investiga la comisión de un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. (I)
