El temor es parte de su vida, de su día a día, en el barrio Realidad de Dios, de Monte Sinaí. En las mañanas, Mariana se encomienda a Dios antes de salir con sus dos hijos para llevarlos a la escuela; y de regreso a casa, si no hay algún ‘malandro’ cerca, se detiene donde su casera para comprar la legumbre, vegetal o proteína que necesita para completar el almuerzo. El resto del día ya no abre las ventanas de su casa, desde donde exhibía artículos de bazar.
“Cerré hace casi un mes, lo poco que vendía no completaba los $ 15 semanales que me pedía el motorizado”, cuenta esta manabita, de 41 años, quien asegura que “sobrevive” con el temor de alguna represalia por ya no pagarle al extorsionador veinteañero que cada lunes pasaba por su casa para exigir la ‘vacuna’. “Siguen amenazándome, pero ya no tengo de dónde sacar. Con lo que el padre de mis hijos me da solo me alcanza para la comida”, lamenta.
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Esta zona de Monte Sinaí, que agrupa a 38 cooperativas del noroeste de Guayaquil, es uno de los sectores en donde la extorsión se ha convertido en un ‘negocio’ lucrativo de las organizaciones criminales, pues hasta a los conductores de tanqueros de agua les piden ‘vacunas’ para que puedan entregar el líquido a las familias. En los últimos tres años, según especialistas en seguridad, se ha expandido este delito sembrando terror con asesinatos y ataques a tiendas, talleres y locales.
Detienen a cuatro sujetos que extorsionaron con $ 5.000 a dueño de mecánica en Guayaquil
“El negocio del crimen organizado es el control territorial y para eso necesitan una fuente de financiamiento a través de todos estos sistemas de vacunas y extorsiones (...). Estos grupos han pululado de una forma peligrosa, dañina, que ha debilitado la calidad de vida del país; ya no solo es un problema de seguridad, también es un problema de desarrollo, económico”, refiere Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
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Son miembros de bandas organizadas y también, añade, es gente que se toma el nombre de una organización criminal para amenazar y cometer este tipo de ilícitos. Es el negocio ‘de moda’, considera Nelson Yépez, especialista en seguridad ciudadana: “La gente se dio cuenta de que era fácil conseguir dinero con el temor de la gente y comenzó a acrecentarse, como cualquier negocio, así como vino el boom del cacao, del camarón, de flores (...). Son crímenes de moda, manejados por el temor de la gente, por lo que está pasando con la narcodelincuencia”.
Yépez sostiene que cada vez que se incautan toneladas de drogas, las estructuras criminales buscan la forma de obtener recursos a través de las extorsiones, delito que años atrás se cometía en las cárceles. Los últimos años se ha registrado un repunte de estos casos. Entre enero y agosto de este año, la Policía registra cerca de 4.700 denuncias por extorsiones, cuando en el mismo periodo del 2022 hubo casi la mitad. En total se ha detenido a 159 sospechosos por secuestro y extorsión.
Ante este incremento, los expertos Daniel Pontón y Nelson Yépez coinciden en que se debe reforzar el trabajo de inteligencia de la Policía para desmantelar las agrupaciones criminales.
“Se debe crear una unidad de inteligencia que sea limpia, pura y proba (...). Que todas las unidades de inteligencia operativas del Ejército, Policía y todos los entes gubernamentales colaboren para que la ciudadanía pueda denunciar y trabajar en detectar a las cabezas”, sugiere Yépez y recomienda que se deba crear una línea telefónica en la que la gente pueda denunciar de forma anónima.
Mientras, Pontón considera que se requiere intervenir en la justicia para reducir la impunidad en el país.
En marzo pasado, un juez del cantón Flavio Alfaro ordenó la liberación de Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Lucho, uno de los cabecillas de la banda Los Lobos, a través de una medida cautelar. Pero meses después, en julio, fue recapturado en Colombia. Y en días pasados, los tres sujetos que fueron capturados el 26 de agosto por presuntamente extorsionar al propietario de una clínica en Urdesa no recibieron prisión preventiva. Un juez de Guayas les dictó medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y la presentación diaria ante la autoridad.
“No se entiende. No se pueden dar medidas sustitutivas a una persona que claramente se dedica a la extorsión y amenaza a la gente (...), hay un sistema (judicial) que está funcionando mal”, sostiene el experto y apunta que se deben endurecer las leyes, hacer reformas legales para que no se den beneficios penitenciarios a cabecillas de organizaciones delictivas.
Las denuncias, arma para combatir las extorsiones en el país, se duplicaron este 2022
Pontón asegura que es necesario establecer una estrategia de protección a las víctimas de este delito para prevenir retaliaciones; acompañar estas acciones con programas sociales para recuperar a los jóvenes que están siendo captados por las bandas criminales; contrarrestar la corrupción que hay en las instituciones, como en la Policía y la Función Judicial; y trabajar en medidas territoriales que impliquen establecer alertas tempranas cuando este tipo de prácticas se empiecen a dar.
En esto coincide el analista Yépez, quien cree que hay zonas que se deben intervenir urgentemente, como la llamada ‘zona cero’ en las dos rutas (de El Empalme y la de Babahoyo) que van de Guayaquil a Quito, cerca del anillo vial: “Los transportistas avisan que se regresen cuando están dando bala, secuestrando gente. El anillo vial tiene cinco minutos, por qué no se militariza, se pierde mucho dinero, matan a los conductores. Militaricen o hagan trabajo de inteligencia en ese sector, cuáles son las bandas que actúan ahí y contrarrestar eso. Es la columna vertebral de la distribución de la mercadería a nivel nacional”. (I)