La audiencia preparatoria de juicio en el caso Las Malvinas se volvió a reinstalar la mañana de este martes, 7 de octubre.

Desde las 08:30 arrancó la diligencia contra 17 miembros de las Fuerzas Armadas, investigados por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño.

En esta diligencia, la Fiscalía señaló que continuará con la presentación de su dictamen acusatorio.

Publicidad

En este caso se indagan las circunstancias de la desaparición de los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven luego de ser aprehendidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y llevados a la zona de Taura, en Naranjal.

Por ahora, 16 militares se mantienen bajo prisión preventiva y uno tiene medidas cautelares.

El juez Dennis Ugalde presidió la diligencia este martes.

Publicidad

Fiscalía expone actuación de personal militar

El fiscal Christian Farez detalló de forma cronológica los hechos investigados en este caso.

Entre los eventos registrados reveló que uno de los uniformados acusados, presuntamente, habría golpeado de forma ‘brusca’ a uno de los menores y, a consecuencia de las agresiones, se generó un trauma a nivel frontal del adolescente Ismael Arroyo.

Publicidad

Incluso citó que un soldado se habría puesto a ‘boxear’ con un menor.

Audiencia se desarrolla en sala de la Unidad Judicial Sur, en la Valdivia. Foto: FERNANDA COBOS LOPEZ

Farez indicó que otro uniformado también habría agredido con una correa a otro de los menores, al más pequeño, cuando se movilizaban por un camino de segundo orden en Taura.

En su alocución, Farez detalló que uno de los uniformados sacó su pistola, disparó en medio de los menores y ordenó que se quitaran la ropa.

Dentro de la audiencia se indicó que tras la pericias realizadas en el lugar del hallazgo de los cuerpos se presume que las osamentas calcinadas habrían sido movidas de lugar.

Publicidad

También se mencionó que las camionetas incautadas durante allanamientos serían las usadas por los uniformados para movilizarse desde Guayaquil hasta Taura. Estas serían una blanca y otra dorada que constan en los videos de la ruta Guayaquil-Taura.

En los peritajes a los teléfonos de los militares se leyeron mensajes en un grupo de Whatsapp en el que los implicados comentaban: “Ojalá que estos pelados se encuentren vivos”. Uno de los uniformados habría señalado que el subteniente a cargo de la patrulla grabó las agresiones a los menores.

El abogado Abraham Aguirre, de la CDH, dijo que cada uno de los elementos que el fiscal hizo mención lo que hace es “consolidar la teoría de caso con el cual se va a ofertar en juicio acreditar la responsabilidad de los 17 militares”.

“Se demuestra los 16 militares actuaron con toda conciencia y voluntad de causar daño a cuatro niños que forman parte de los grupos de atención prioritaria”, indicó Aguirre.

La Fiscalía acusa a 16 militares como autores directos y a un coronel como cómplice por la detención ilegal y presunta desaparición forzada de los tres menores el 8 de diciembre de 2024. El fiscal Farez indicó que la acusación sería individualizada en un proceso que se estimaba tome al menos cuatro horas más.

Pasadas las 13:00 se reinstaló la audiencia tras un receso.

La diligencia preparatoria de juicio ha sufrido dilataciones por varias suspensiones anteriores.

En la defensa de los menores hay preocupación por la falta de celeridad del proceso, puesto que a fines de diciembre caducaría la prisión preventiva vigente para los implicados.

CDH cuestiona nueva versión de testigo

A través de un comunicado, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) cuestionó la nueva versión de testigo en el caso Las Malvinas y solicitó a la Fiscalía que se investigue este tema de forma integral.

La organización citó que la noche del 21 de diciembre de 2024 un testigo acudió a la Fiscalía y señaló “que bandas del crimen organizado se habían llevado a los niños, dando la orden de quemarlos y arrojar sus cuerpos al río”.

Bryan A., alias Momo, según la versión de uno de los testigos, supuestamente —junto con otros sujetos— estaría involucrado en el asesinato de los menores después de que habrían sido liberados por los militares el 8 de diciembre del 2024.

Tras estas declaraciones, la Fiscalía abrió otra investigación paralela a la desaparición forzada por el delito de secuestro con resultado de muerte.

Según el CDH, este segundo proceso avanza con “extrema lentitud”, pues en septiembre de 2025 se receptó la versión del testigo inicial.

En el documento difundido por el comité se señala que el 9 de septiembre de 2025, el testigo declaró que su domicilio había sido allanado en la madrugada del 21 de diciembre de 2024, “que fue detenido y torturado, y que personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte a afirmar que bandas criminales se habían llevado a los niños”.

El testigo habría señalado que desconocía los hechos y “que fue el personal militar quien le suministró los nombres y apellidos de los supuestos presuntos responsables, coaccionándolo para dar esa versión inicial en Guayaquil”.

El CDH criticó “la falta de rigurosidad en la gestión de la versión del testigo”, quien expuso una posible coacción militar.

“No permitiremos que se intente posicionar un relato basado en testigos coaccionados, que de confirmarse evidenciaría un patrón sistemático de encubrimiento institucional dentro de las Fuerzas Armadas en casos de graves violaciones a derechos humanos”, citó el CDH.

La organización indicó que presentó un escrito para exigir que la investigación siga una línea amplia e integral, que contemple tanto la participación de agentes estatales como de bandas criminales. (I)