Las decenas de muertes en centros carcelarios del país reavivan el análisis sobre los factores que desencadenan crisis como la que experimenta actualmente el sistema de rehabilitación social del Ecuador.
Para comprender la magnitud del problema, más allá de los asesinatos, cuyas imágenes se han colado en los celulares de una gran parte de la población, se deben conocer las cifras que retratan el contexto actual.
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El presidente Lenín Moreno con un decreto firmado el 14 de noviembre de 2018 ordenó la transformación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos, y la creación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), encargado de la gestión, seguimiento y control de las políticas, planes y regulaciones aprobados de las cárceles del país.
Según los registros de esta última institución, en diciembre pasado había un 30% de hacinamiento en el sistema carcelario, conformado por más de 30 centros penitenciarios: 38.729 personas privadas de la libertad (PPL) versus las 29.746 plazas de la capacidad instalada efectiva a nivel nacional, es decir, en ese mes faltaban 8.983 plazas para PPL.
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Esta gran masa se ha convertido en un caldo de cultivo para potenciales crisis carcelarias, aprovechado por las mafias, refirió el abogado penalista Pablo Encalada.
“El crimen organizado se beneficia del hacinamiento carcelario para realizar estos actos (disturbios con matanzas). El hacinamiento hace que las autoridades pierdan el control frente a tanta población carcelaria”, analizó Encalada.
El letrado dijo que en los procesos judiciales se ha abusado de una figura legal.
“Por el abuso de la prisión preventiva. Las cárceles están diseñadas para personas que han sido halladas culpables de un delito, se entiende que cuando haya una sentencia ejecutoriada deben ir a la cárcel. Sin embargo, hay una institución jurídica que es la prisión preventiva. Esto es la privación de la libertad de una persona mientras espera una sentencia. Es necesaria, pero hay un consenso absoluto en la legislación internacional, en nuestra Constitución de que sea excepcional, pero la Fiscalía tiene como política institucional pedir siempre la prisión preventiva”, comentó el abogado a EL UNIVERSO.
De acuerdo con los registros del SNAI, en diciembre pasado había 14.705 personas privadas de la libertad sin sentencia en centros de esa institución, otros 583 contraventores y 470 por apremio (falta de pago de pensiones alimenticias).
Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), mencionó el problema de hacinamiento y el déficit de agentes para controlar la población carcelaria.
“Nos hemos fortalecido ahora con la formación de 200 agentes de seguridad penitenciaria, que se encuentran en proceso, pero ustedes saben que tenemos un déficit de casi el 70% solo de agentes de seguridad penitenciaria para poder controlar a las personas privadas de la libertad que tenemos”, dijo Moncayo el martes pasado.
En números reales, los 38.729 reos están bajo la mirada de 1.418 agentes de seguridad penitenciaria, según los registros del SNAI de enero pasado. Cada agente tendría que estar pendiente de 27 internos, si todos los agentes estuvieran en funciones al mismo tiempo, pero como cualquier trabajador cuentan con días de descanso.
“Naciones Unidas dice que por cada diez reos tengo que tener un guía. Son 3.800 que debería tener, pero como no son robots necesito el doble, es decir, 7.600”, señaló Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, quien dijo que además de buscar una solución a ese déficit se debe trabajar en los procesos de selección y capacitación en valores de ese personal y de los servidores administrativos que laboran en las cárceles.
“El sistema está podrido. Ahora usted tiene señores policías ayudando (en los controles de ingreso), los guías penitenciarios y el personal administrativo, la mayoría de ellos contaminados”, aseguró Camacho, quien agregó que los cuchillos, machetes, pistolas, celulares, drogas y otros objetos ingresan camuflados en la comida, basura, por “la puerta grande”. Por el ingreso de estos objetos se pagan cientos de dólares.
“Lastimosamente, cuando no hay una escuela penitenciaria con doctrina, con formación... Crear una escuela no significa crear unas aulas, comprar un pizarrón, una pantalla, todo un pénsum, es decir, nosotros no formamos policías, formamos guías penitenciarios”.
El titular del SNAI dijo el martes pasado que se ejecutan las requisas para retirar de las cárceles los objetos prohibidos, como armas, utilizadas por bandas para asegurar su poder y negocios ilícitos relacionados con venta de droga, extorsión, entre otros.
“Se han hecho acciones, pero realmente necesitamos mayor esfuerzo financiero”, señaló Moncayo.
Según los registros del SNAI, en 2019 se ejecutaron 760 operativos de control, con el apoyo de más de 2.000 agentes policiales. Como resultado, se incautaron 15 armas de fuego, 9.953 armas cortopunzantes, 3.100 litros de licor, 4.002 accesorios telefónicos y otros artículos.
Por su parte, Ricardo Camacho recomendó al siguiente Gobierno que reestructure el sistema penitenciario y destine fondos suficientes para contratar personal con sueldos competitivos para que no sean reclutados por bandas (como sucede en la actualidad), adecuación tecnológica de seguridad, planes de rehabilitación social, entre otros ejes.
En registros del SNAI, se detalla que el presupuesto de la institución para este año asciende a $ 91 millones. En el 2020, ese rubro se fijó en $ 98 millones. (I)