Cada año un defensor público en Ecuador maneja 350 casos. Hay 725 servidores, pero se necesitan cubrir 200 plazas más

A Ángela Martínez y Martina Bautista les inspira el servicio a la comunidad desde el ámbito de su profesión: la abogacía. Ambas consideran importante el oportuno acceso a la justicia y la garantía del debido proceso judicial para cada ciudadano .

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“Que nadie se quede en indefensión y que todo el mundo tenga un juicio justo, sea culpable o inocente, eso es irrelevante,”, enfatizó Bautista durante una ceremonia de posesión de 18 de 23 nuevos defensores públicos en la Corte de Justicia del Guayas, en el centro de Guayaquil.

Ella, al igual que Martínez, fueron parte de los 18 nuevos defensores públicos a quienes se les tomó juramento durante su ceremonia de posesión en el cargo, el pasado jueves.

Aunque lleva doce años de experiencia en la institución en ese cargo de defensora, Bautista consideró recibir el nombramiento como una bendición y honor por seguir dando el servicio de asistencia legal a quienes no pueden pagar un abogado o tengan otras limitantes en su defensa.

Ella, así como Martínez, contó que salió favorecida del banco de elegibles que se integró luego de un concurso de méritos y oposición en el 2015, que tuvo la participación de alrededor de 4.500 abogados. De ese número, quedó un grupo que se ha ido posicionando con el paso de los años, contó.

Martínez también ha transitado catorce años en distintas unidades judiciales, precautelando la defensa de ciudadanos. En el 2007 estuvo como defensora pública y hasta ahora en la misma institución ha ocupado otros cargos, como directora provincial en Guayas y Galápagos, subdirectora de Patrocinio Social y asistente legal.

“Toda la vida a mí me ha gustado servir al prójimo, a mi patria, a mi gente, y ¿por qué no hacerlo desde este punto? Siempre pido sabiduría a Dios; y sobre todo que, con estas manos limpias, como he trabajado en mi vida, estando en el libre ejercicio y en funciones públicas, nunca he estado en actos de corrupción”, comenta ella, que tuvo un paso breve como asesora en la Asamblea.

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Ella cuenta que desde el 7 de febrero, en que comenzaron sus labores en Balzar, cantón de la provincia del Guayas, ha recibido 700 carpetas del área social, como solicitudes de madres que tienen pedidos de manutención, reconocimientos de hijos por parte de sus padres o quienes buscan entregar la patria potestad a la madre de sus hijos; y, asimismo, otras 30 solicitudes penales. “Ese juramento que acabamos de hacer ahí adentro es ante Dios, no ante el hombre. El juramento es respetar y hacer respetar los principios y valores”, dijo.

Actualmente, la Defensoría Pública cuenta con aproximadamente 725 defensores (alrededor de 200 en Guayas) al servicio de la ciudadanía, aunque aún tiene un déficit de 200 a nivel nacional, así lo reconoció Ángel Torres Machuca, defensor público general del Estado, al final de la incorporación del nuevo grupo.

El defensor público general del Estado consideró la reciente incorporación de 23 defensores como una medida de fortalecimiento del trabajo de la institución, luego de cumplir los trámites implementados para la asignación de recursos para 28 partidas, de las cuales se designaron 23 mediante resolución del Consejo de la Judicatura. De ese número, un total de 18 se posesionó en la ceremonia desarrollada el jueves pasado y otros cinco se incorporarán en marzo próximo. Los nuevos servidores, en su mayoría, se asignarán a Guayas.

Este grupo, según Torres, busca fortalecer a las áreas penales, de flagrancia y multicompetentes para dar un mejor servicio gratuito y de calidad en la defensa técnica que se ofrece a la ciudadanía, regularmente de personas con dificultades económicas, destacó.

Como parte de las medidas de fortalecimiento de la entidad, Torres destacó que el año pasado se incluyó en el plan nacional de desarrollo 2021-2025 un incremento en la tasa de defensores públicos: de 3,87 a 5 por cada 100.000 habitantes.

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“Esto permitirá a la institución contar con los recursos, la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas y, a su vez, el Consejo de la Judicatura pueda convocar a un concurso para defensores públicos a nivel nacional, porque tenemos un déficit de 200 servidores públicos a nivel nacional...”, indicó.

Según datos de la entidad, al año un defensor público maneja un promedio de 350 procesos. “Necesitamos poder incrementar más personal para cubrir ese déficit que tenemos”, comentó y agregó que se espera llegar al personal suficiente hasta en los cinco años venideros.

Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura, acotó que en coordinación con la Defensoría Pública han podido dotar de 83 defensores públicos entre remplazos y designaciones nuevas desde el 2019 hasta lo que va del 2022.

Jonathan Vanegas, director provincial de la Defensoría Pública, también consideró como importante la incorporación de los nuevos defensores por el incremento exponencial de las solicitudes, que actualmente fluctúan entre, por lo menos, 12.000 y 15.000 entre asesorías y patrocinios, a fin de poder facilitar a la ciudadanía el acceso a la justicia, así como reza la Constitución con otros derechos fundamentales.

Esa incorporación intenta descongestionar y dar una mayor atención a la ciudadanía en los 26 puntos en 15 cantones de la provincia del Guayas.

En la cita, Fausto Murillo, actual presidente del Consejo de la Judicatura, tomó juramento del nuevo grupo de defensores y acotó que están prestos a recoger las necesidades e inquietudes y apoyar en proyectos de solución en el ámbito judicial en Guayas. (I)