Luego de las marchas que protagonizaron decenas de estudiantes del colegio Dillon, en Quito, en respaldo a su compañera que sufrió abuso sexual en un transporte escolar, la ministra de Educación María Brown reconoció que las autoridades de la institución educativa no cumplieron a cabalidad el protocolo que correspondía en este caso.
Cerca de las 20:00 del martes 26 de abril, Brown ofreció una rueda de prensa en la que mencionó detalles de las anomalías detectadas y anunció que, debido a estas faltas, se solicitó la renuncia a la rectora del establecimiento, quien ahora atraviesa un proceso de investigación y evaluación.
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La ministra señaló que se pudo constatar que si bien las autoridades de la institución educativa acataron el proceso ordinario de entregar copia de la denuncia realizada en la Fiscalía y presentaron el informe elaborado por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), “no necesariamente se había cumplido con el protocolo a cabalidad”.
“No se cumplió con los estándares de respeto, de empatía, de solidaridad que este tipo de casos demanda. Aquí tenemos que analizar no solamente que los procesos administrativos se hayan cumplido, sino que se salvaguarde y se cuide la integridad y, sobre todo en este caso, el bienestar socioemocional de las víctimas”, puntualizó Brown.
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Dijo que conversó directamente con la madre de la adolescente agredida. Además, se han realizado reuniones con los estudiantes del colegio, con docentes y otros padres de familia. Que el subsecretario del Distrito Metropolitano de Quito, Enrique Pérez, participó en las movilizaciones organizadas por los jóvenes.
La Secretaria de Estado indicó que tras revisar lo actuado se determinó “que no se brindó el apoyo psicológico inmediato y permanente a la víctima y a su familia”, pese a que es un elemento fundamental en estas situaciones.
Otra falta incurrida fue que tampoco se dio el acompañamiento correspondiente a los familiares cuando acudieron, junto con la Policía, a presentar la denuncia en la Fiscalía. “No se acompañó este proceso desde la institución educativa o el Distrito educativo como corresponde”, precisó la funcionaria.
Una tercera falla en el procedimiento aplicado fue que “no se generó un espacio de escucha activa” tanto de los familiares como de los estudiantes que estaban en el bus de transporte escolar donde habría ocurrido la violación.
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“Vemos que estas víctimas secundarias (los estudiantes) no recibieron esa contención emocional”, apuntó la Ministra y añadió que si bien los alumnos se reunieron con la autoridad del colegio no se les proporcionó la atención debida, sino que se les orientó para que respondan con determinada información en caso de que surgieran preguntas sobre lo sucedido.
Brown reprochó que este comportamiento. “Rechazamos todo tipo de accionar que haya buscado ocultar los hechos”, dijo. Además, dio a conocer que se descubrió que se priorizó mantener la imagen del colegio por encima del bienestar de la víctima y los estudiantes.
Finalmente, las autoridades de la institución quisieron sancionar a los alumnos que salieron a las calles a manifestarse de manera pacífica en respaldo a su compañera.
La ministra explicó que la rectora del plantel, una vez que salió del cargo, no será reubicada a otra institución educativa mientras se desarrollan las investigaciones sobre su actuación. (I)