El alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, presentó una solicitud de apelación a la medida de prisión preventiva que se dispuso en su contra por el presunto delito de peculado dentro del caso denominado Ornato Municipal.

En su documento de identidad, el alcalde registró su sexo como mujer y en su detención ratificó que quiere que lo traten como de ese género.

Ante ello, el juez resolvió que el alcalde sea ingresado a un centro adecuado para que no sufra “afectación psicológica” o a un centro de privación especial.

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Luego de la audiencia de formulación de cargos, el magistrado determinó que el alcalde de Pujilí sea enviado al centro de privación de libertad Quito Femenino Atención Prioritaria Casa de Confianza.

Tras ello, la defensa presentó un documento para presentar el recurso de apelación y solicitó a la juez Israel Coronel que se entregue la grabación íntegra del audio de la audiencia de formulación de cargos realizada entre el 7 y el 9 de agosto.

Investigación por peculado

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En este caso, otras nueve personas también recibieron la medida de privación de libertad y siete más deberán cumplir medidas cautelares.

El alcalde y los otros procesados son investigados por contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando el funcionario asumió la Alcaldía.

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Se presume, según la Fiscalía, que el alcalde y los otros implicados habrían usado los bienes públicos para beneficio propio o de terceros, aprovechándose del cargo que ostenta o de sus facultades como funcionario público.

Según la Fiscalía, antes de que Arroyo ingresara al cargo se habrían iniciado obras públicas, entre ellas la construcción de iglesias, casas comunales y caminos, con supuestos recursos privados. Luego, en el puesto de alcalde, habría adjudicado esas mismas obras por medio de procesos de contratación pública, lo que evidenciaría “un intento de justificar con fondos municipales los gastos”.

Otros pedidos de revocatoria de prisión

Otros dos procesados, María P. L. y Byron T. P., también presentaron solicitudes de apelación de la prisión preventiva.

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Según la defensa de ellos, los elementos de convicción no establecen ningún tipo de participación directa en los procesos de contratación pública que se investigan.

Además, aseveraron que la hipótesis de la Fiscalía debe ser contrastada con otros elementos.

Asimismo, la defensa aseveró que por las condiciones de los dos implicados no hay riesgo de fuga, por lo que considera que la presentación periódica es “idónea”.

La mujer, según la defensa, padece de una condición de salud que requiere de supervisión y condiciones adecuadas. (I)