La tarde de este sábado, 9 de agosto, un juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha resolvió que el alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, y nueve personas más se mantengan con prisión preventiva por el presunto delito de peculado.
Además, otras siete personas tendrán medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas (dos veces por semana) ante la Fiscalía.
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El alcalde y los otros procesados son investigados por contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando el funcionario asumió la Alcaldía.
Este caso surgió luego de la denuncia presentada por el vicealcalde y una funcionaria del Municipio.
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La indagación se inició en octubre de 2024 por parte de la Fiscalía de Cotopaxi.
En la audiencia, que se extendió desde el 7 de agosto y culminó esta tarde, el fiscal sustentó el inicio del proceso penal contra los implicados con base en los elementos de convicción recabados, como informes de seguimiento y vigilancia, versiones de los denunciantes, resoluciones de adjudicación de contratos, movimientos bancarios que evidenciarían pagos de dos contratistas a proveedores personales del alcalde por adquisiciones efectuadas antes de su posesión y un examen especial de la Controlaría.
Se presume, según la Fiscalía, que el alcalde y los otros implicados habrían usado los bienes públicos para beneficio propio o de terceros, aprovechándose del cargo que ostenta o de sus facultades como funcionario público.
En su cédula, el alcalde registro su sexo como mujer, y en su detención ratificó que quiere que lo traten como de ese género.
Ante ello, el juez dispuso que el alcalde de Pujilí sea enviado al Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria ‘Casa de Confianza’
Qué se le investiga al alcalde
La Fiscalía detalló que, según las indagaciones, antes de que Arroyo asumiera el cargo se habrían iniciado obras públicas, entre ellas la construcción de iglesias, casas comunales y caminos, con supuestos recursos privados. Luego, en el puesto de alcalde, habría adjudicado esas mismas obras por medio de procesos de contratación pública, lo que evidenciaría “un intento de justificar con fondos municipales los gastos”.
En las indagaciones, la Fiscalía pudo detectar inconsistencias al comparar el estado real de las obras e informes oficiales, además de presuntos vínculos entre contratistas y las personas investigadas.
La Fiscalía detectó estas presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras como el coliseo de Zumbahua, el cementerio municipal, la ornamentación urbana, entre otras.
Este jueves, 7 de agosto, la Fiscalía y la Policía efectuaron una serie de allanamientos que derivaron en la detención de los implicados con fines investigativos. (I)