Dos sujetos identificados como Antonio Rubén P. D. y Jordán Ramón V. P. fueron sentenciados a quince años de prisión por la tentativa de asesinato en contra de Édison Manjarrés, quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como vicealcalde de la ciudad de Atacames.

Fiscalía detalló que el 13 de julio de 2022, la víctima realizaba actividad física en un gimnasio ubicado en el centro de Atacames. Dos motocicletas, con dos ciudadanos cada una, se acercaron al sitio y dispararon contra la autoridad municipal. Sin embargo, el vicealcalde resultó ileso del ataque armado, gracias a la intervención de sus dos guardaespaldas.

La Policía que patrullaba el sector realizó la persecución de los atacantes y dos de ellos fueron aprehendidos en una vivienda ubicada en los alrededores del mercado de Atacames, en tanto que los otros dos fueron interceptados en la vía Atacames-Tonsupa.

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Dos de los involucrados fueron procesados de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia por ser menores de edad.

Durante la audiencia de juicio, Fiscalía presentó la pericia realizada al contenido de uno de los celulares de los involucrados en el hecho, en el que se establecía la planificación del atentado armado con un previo seguimiento fotográfico a la víctima.

En uno de los mensajes expuestos en audiencia de juicio se mencionó: “Pilas, que los dos guardaespaldas están armados, carga un chofer, pero el chofer no está armado, hay que cerciorarse de que el chofer no esté armado para que no vayan a salir arrollando a la gente”.

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A esto se sumaron los testimonios de los agentes aprehensores, el informe de valoración médico-legal, la pericia de audio, video y afines de los teléfonos celulares aprehendidos, la pericia de audio, video y afines de las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias físicas.

También se presentaron la prueba pericial balística y revenido químico y el testimonio anticipado de la víctima, en la que afirma que recibió amenazas y fue víctima, previamente, de otro atentado contra su vida.

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Con estas pruebas, Fiscalía logró desvirtuar la presunción de inocencia de los imputados en el delito de asesinato en grado de tentativa ante el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas.

Además de la pena de quince años de prisión, los jueces impusieron a los dos procesados una multa de 700 salarios básicos unificados y el pago de $ 15.000 como reparación integral material a favor de la víctima. (I)