A menos UPC, más delitos; hay déficit de 96 en la Zona 8

Los vecinos que grabaron el múltiple sicariato creyeron que se trataba de un operativo policial. “Están buscando a algún ladrón”, dijo una mujer mientras el video enfocaba a dos vehículos de los que se bajaron supuestos agentes vestidos como policías y con armas similares a fusiles.

En medio de maleza, en una zona marginal, sin calles, y poblada por casas de caña y madera en la cooperativa Eloy Alfaro, Durán, dos cuerpos quedaron bañados en sangre, mientras los vehículos levantaban polvo por la fugaz huida luego de la ráfaga de disparos.

Ocurrió cerca del mediodía del miércoles 28 de julio mientras, a esa hora, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, explicaba ante una comisión de asambleístas las causas de la inseguridad que vive el país y su plan de acción para disminuir la criminalidad en las calles.

Asesinato múltiple en Durán fue ejecutado por sicarios vestidos de policías

“El tema de Durán es muy grave”, comentó la funcionaria al mencionar zonas críticas como los barrios San Gregorio 1 y 2 y el sector del cerro Las Cabras. “Se requiere el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados”, agregó Vela al responder los cuestionamientos de la exalcaldesa de Durán y hoy asambleísta Alexandra Arce, quien pidió que se declare el toque de queda y estado de excepción en ese cantón.

“La ola de violencia en Durán no cesa”, recalcó Arce, y mencionó que de enero a julio ya se cuentan 42 muertos, más de lo que registró esa ciudad en todo el 2020. Durán, con una población de más de 300.000 habitantes, necesita 28 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) para lograr que la ciudadanía acceda a servicios de seguridad como chats comunitarios, botones de seguridad, visitas a locales, etc. Sin embargo, solo tiene la mitad, 14 UPC.

Guayaquil, donde las muertes violentas subieron el 69 % en lo que va de este año con relación al 2020 (de 182 a 308), también tiene déficit de UPC. En Pascuales se necesitan 30, pero solo hay 16; en Nueva Prosperina urgen 32 y solo hay 11; en Florida hacen falta 31 y hay 19; y así en todos los distritos.

En Durán se han recaudado más de $ 350.000 al año por una tasa de seguridad, pero solo se han instalado 5 cámaras

La ausencia de UPC está ligada al aumento de delitos. Según las estadísticas policiales en estos tres distritos, Florida, Pascuales y Nueva Prosperina, las muertes violentas pasaron de 8 a 29; de 20 a 33; y de 19 a 44, respectivamente. Esto, en el periodo de enero a agosto del 2020 y el mismo tiempo del 2021.

En total, en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, el déficit de UPC se ubica en 96 unidades. Actualmente cuentan con 178 de los 274 que señala el modelo de desconcentración de servicios de seguridad de la Policía Nacional, que establece un UPC por cada uno de los 274 subcircuitos que integran los doce distritos de la Zona 8.

“La percepción de seguridad al tener un UPC en mi barrio va a cambiar y la inseguridad va a disminuir al ver a los policías llegar al lugar, al ver la formación, la ciudadanía va a estar en contacto y pedir auxilio”, destaca el mayor Robinson Sánchez, coordinador de la Policía Comunitaria en la Zona 8.

Aunque no cumplen el modelo de gestión, precisa Sánchez, la Policía hace los esfuerzos para dar el servicio de seguridad. “No tenemos el UPC donde los compañeros puedan descansar y ofrecer una atención ciudadana, donde se pueda acercar a dar cualquier auxilio o donde se activen los botones de seguridad, pero a pesar de eso los compañeros en territorio realizan ese trabajo y la activación se hace en el UPC más cercano, no es que están abandonados”, recalca.

En Durán se piensa en negocios al llegar la Aerovía a su malecón

Sin embargo, los ciudadanos dicen sentirse en indefensión. “La inseguridad en Guayaquil es de todos los días, ayer en Luzárraga entre Panamá e Imbabura, le robaron a mi esposo, rompiéndole una ventolera del auto”, reclamó en redes Paulina Salas, mientras que Gabo Mosquera escribió: “Guayaquil sigue inseguro, la violencia se ha apoderado del país y no vemos accionar de las autoridades”.

La construcción de Unidades de Policía Comunitaria se inició en el 2012 y hasta el 2017 se preveía completar 1.675 UPC, con un presupuesto de $ 834 millones. El plan no se completó en el gobierno de Rafael Correa y al asumir Lenín Moreno se consiguió financiamiento para su terminación.

En abril de este año, el entonces ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en un acto público, colocó las primeras piedras en los circuitos Politécnica 2, La Paz 2 y Shopping, de Riobamba, para la construcción de tres UPC del proyecto.

“Cuenten con el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. Nuestro compromiso es entregar un país ordenado, en paz, con obras, hasta el último día”, dijo Martínez ese mes.

En el actual régimen de Guillermo Lasso, este proyecto forma parte del plan para disminuir la delincuencia, expuso la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en su comparecencia ante la Asamblea; a este Diario, su equipo de comunicación no confirmó una entrevista hasta el cierre de esta edición.

“Un tema fundamental dentro de la política pública es llevar la presencia policial a cada uno de los barrios. Existe un plan que ya fue aprobado, que tiene financiamiento y que está próximo a implementarse en una primera fase, para llevar 100 UPC nuevas a barrios cuya ubicación ha sido establecida en función de los índices de delincuencia”, explicó Vela.

En su presentación, la ministra mostró que este proyecto permitirá la construcción de 34 UPC y 3 Unidades de Vigilancia Comunitaria, UVC, en una primera etapa de ejecución.

Esto se hará una vez que, según dijo, ya se cuenta con 93 escrituras de los predios (falta la recepción legal de ocho). No obstante, aún queda pendiente la firma del contrato de fiscalización de la obra, un proceso que actualmente se encuentra suspendido. (I)

Construcción de 100 UPC y 6 UVC empezará tras la firma de contrato de fiscalización, que se declaró desierto en julio.

Un proyecto para construir 100 UPC y 6 UVC, por $ 95 millones, se inició en 2017 y se contrató en 2019. Sin embargo, no arranca, porque aún no se ha firmado el contrato de fiscalización de la obra, un proceso que se inició en junio y que se truncó en julio.

Ese mes se declaró desierta la contratación, porque la única empresa invitada no presentó su oferta económica. El Ministerio de Gobierno buscaba que la empresa pública Espol-Tech E.P. se encargara de la fiscalización, por un valor de $ 3,2 millones y un plazo de 953 días, pero no hubo respuesta. Con ello, se vuelve incierta la ejecución de un proyecto que ha significado, desde el 2017, cuatro años de espera para miles de ciudadanos que reclaman la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en su barrio, donde viven un alto nivel de criminalidad.

“Las más de 5.000 familias y más de 10.000 visitantes a Durán y a la ciudadela Abel Gilbert 3 solicitamos que construyan el UPC que se prometió al comienzo de construir la Aerovía”, reclaman duraneños que con carteles exigieron este mes que se cumpla el artículo 393 de la Constitución. “El Estado garantizará la seguridad humana…”, reseña ese derecho.

Las UVC son edificaciones que cuentan con oficinas de la Fiscalía, Judicatura y Policía, mientras que las UPC son instalaciones donde la Policía presta servicios a una comunidad delimitada. Los UPC pueden ser A, B o C, según el nivel de criminalidad del sector o su población.

El proyecto de construcción de 100 UPC y 6 UVC contempla asignar a Durán 10 UPC, con lo cual pasaría de 14, que tiene actualmente, a 24. Sin embargo, no completaría los 28 que requiere según el modelo de desconcentración de la seguridad en circuitos y subcircuitos, que maneja la Policía Nacional.

Para Guayaquil y Samborondón, -otras ciudades que junto a Durán forman la Zona 8, área que registra los mayores índices de delincuencia-, se prevé que reciban 10 y 2 UPC, respectivamente. No obstante, también resulta insuficiente, pues Guayaquil tiene 240 subcircuitos y solo tiene 161 UPC, mientras que en Samborondón hay 6 subcircuitos y solo 3 UPC. Según el modelo de desconcentración, por cada subcircuito debe crearse un UPC. En Ecuador hay 2.028 subcircuitos, de los cuales 274 están ubicados en la Zona 8.

La construcción de nuevos UPC, dice el coordinador de las Unidades de Policía Comunitaria de la Zona 8, Robinson Sánchez, “ayudaría mucho en lugares específicos, disminuiría el índice de violencia”. “Ganaríamos barrios donde la comunidad se va a sentir más protegida”, agrega.

La construcción de los 100 UPC se financió con recursos de un crédito externo proveniente del China Eximbank, y también fiscales, por $ 107 millones. A cambio, según las comunicaciones del Ministerio de Gobierno, el Eximbank puso como condición que la obra debía contratarse con una compañía domiciliada en República Popular China, por lo que la empresa elegida fue China Road and Bridge Corporation, con la que se firmó el contrato por $ 95,7 millones, en diciembre del 2019, y se fijó el plazo de 773 días calendario.

El contrato comprendía los estudios de implantación ($ 2,3 millones), la construcción de la obra ($ 70,2 millones) y el equipamiento ($ 23,1 millones).

El primer desembolso del China Eximbank, por $ 38,3 millones, ya lo tiene la contratista china desde hace dos años. En diciembre del 2019 tras la firma del contrato, se le dio el anticipo del 40 %, informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.

No obstante, la obra sigue hoy a la espera de que se contrate su fiscalización para así empezar, y poder entregarse a la comunidad, si no hay contratiempos, a finales del 2024. (I)

Botón de pánico no funciona, víctimas se quejan por falta de servicio y riesgo de agresiones

Al menos siete servicios se ofrecen en las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Entre ellos, las visitas a locales comerciales, que de enero al 16 de agosto se han dado en 121.031 ocasiones, señala un documento de la Coordinación de UPC en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

Ese informe señala que se han recuperado 678 espacios para la comunidad, dado 62.695 atenciones, resuelto 1.985 problemas en asambleas locales, dado 437 capacitaciones sobre ciberseguridad, formado 576 chats barriales y activado 117.193 botones de pánico.

Sin embargo, estos botones, según quejas ciudadanas, no están funcionando desde hace un mes y preocupa a víctimas de agresiones. “Hoy he tenido que actuar en defensa de una víctima de violencia de género, pues tampoco le sirve el botón de pánico; como pudo llamó a su hermana y ella a mí”, contó una mujer el jueves.

Este botón funciona con el celular. En el UPC instalan la aplicación para que al presionar la tecla 5 se genere una alerta al programa (de CNT) en el computador del UPC y a los celulares de los policías del circuito. En un mensaje de texto, llega el nombre del morador, teléfono y dirección. En máximo tres minutos, los agentes deben llegar al sitio.

El botón de pánico “es una burla”, reclamó una ciudadana, mientras que otra aseguró que hace dos semanas intentó –sin éxito– activar este servicio en Machala. “Fui a dos UPC, en el primero me indicaron que el sistema lleva en mantenimiento más de un mes y que no saben cuándo estará listo, que a las víctimas que se han acercado les han brindado el teléfono convencional del UPC para que llamen ante una emergencia”.

Además dijo: “En el segundo UPC me indicaron que el botón no funciona más y que el Estado dejó de darle mantenimiento, porque era mucho gasto y no se cuenta con ese presupuesto, que esto es algo que los jueces que emiten las medidas de protección desconocen. Nos indicaron que ante una emergencia hay que ll amar al ECU911”.

Hasta el cierre, el Ministerio de Gobierno ni la Policía respondieron sobre el tema. (I)