La inseguridad que azota al país ha llevado al Gobierno nacional a declarar más de una decena de estados de excepción a nivel general y en territorios específicos. De hecho, desde el 24 de julio del año en curso estaba vigente este régimen en Durán (Guayas) y en las provincias de Manabí y Los Ríos, según el Decreto 824.

Sin embargo, con el Decreto 841 del pasado 10 de agosto, el estado de excepción se extendió a todo el país, sin restricciones de movilidad, es decir, sin toque de queda. Este régimen permite, entre otras cosas, que los militares salgan a las calles y se sumen a la Policía en la lucha antidelictiva.

Este nuevo decreto surgió tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el miércoles 9 en Quito, luego de un mitin político en el coliseo de un establecimiento educativo.

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¿El toque de queda se mantiene para Manabí, Los Ríos y Durán? Esto refiere el nuevo decreto emitido tras asesinato de Villavicencio

Por este crimen que ha causado conmoción en el territorio nacional hay seis ciudadanos colombianos detenidos, con orden de prisión preventiva, dispuesta por un juez la noche de este jueves. Cinco de los aprehendidos registran antecedentes penales en Colombia por diversos delitos, entre esos, tráfico y homicidios.

El crimen del político ocurrió a pocos días del homicidio de Agustín Intriago, alcalde de Manta. El personero fue asesinado el domingo 23 de julio en un recorrido por el barrio 15 de Septiembre de dicha localidad de la provincia de Manabí.

Los crímenes de Villavicencio e Intriago, dos figuras públicas, trascendieron a nivel internacional. Y aunque hay muchos otros en las diferentes ciudades de Ecuador que, en ciertos casos, ni siquiera son registrados por los medios de comunicación, en las calles se siente temor, preocupación por una ola de violencia inédita en el país que tiene su origen y nexo en el narcotráfico.

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Momento del sepelio del alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado a fines del mes pasado. Foto: El Universo

La Policía Nacional y autoridades de Gobierno como el ministro del Interior, Juan Zapata, han señalado en ocasiones anteriores que uno de los principales factores del incremento de muertes violentas en el país es la disputa entre bandas delictivas por la lucha de territorio para el cometimiento de ilícitos.

Solamente en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, hay hasta el momento alrededor de 1.600 homicidios en lo que va del año. Esta es la jurisdicción con más crímenes del país.

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En su afán de luchar contra los grupos de delincuencia organizada (GDO), el gobierno del presidente Guillermo Lasso, en algo más de dos años de gestión, ha dispuesto once estados de excepción a nivel nacional y de manera focalizada.

Adicionalmente, en tres ocasiones se ha decretado estado de excepción en el sistema carcelario del país, actualmente rige uno en el ámbito penitenciario, luego de la matanza de 31 reos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

De hecho, el primer estado de excepción dispuesto en este Gobierno, por temas de seguridad, fue para el sistema carcelario. Se decretó el 29 de septiembre del 2021, un día después de una masacre en la misma Penitenciaría en la que se contabilizaron 118 privados de libertad asesinados.

Ese régimen se aplicó por 60 días y luego se renovó por otros 30. El tercer estado de excepción para las cárceles se dispuso el 24 de julio del año en curso y rige también por 60 días, luego de la matanza de 31 reos y de incidentes en otros reclusorios del país.

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Ya afuera del sistema penitenciario, el primer estado de excepción se decretó el 18 de octubre del 2021 y abarcó a todo el país por un lapso de 60 días.

En aquella época el Gobierno dio cuenta de un aumento en la tasa de homicidios, se ubicó en 10,62 por cada 100.000 habitantes, cuando en 2020 la cifra era de 7,84 y en 2019, 6,88, según datos oficiales expuestos en el Decreto 224.

Pero al mes la medida se renovó por 30 días más únicamente en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.

“El estado de excepción mantiene su finalidad de precautelar los derechos de las personas en Ecuador. Asimismo, tiene como finalidad controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público”, se expuso en el decreto siguiente, el 257.

Grave conmoción interna ha sido el fundamento de los diferentes estados de excepción dispuestos.

El 29 de abril de 2022 vino un nuevo régimen que se implementó en Guayas, Esmeraldas y Manabí, también por 60 días. Y es en que las zonas policiales del Distrito Metropolitano de Guayaquil y las subzonas de Manabí, Esmeraldas y Guayas concentraban para entonces más del 60 % de las muertes violentas de la época (del 1 de enero al 25 de abril de 2022 hubo 1.241 homicidios intencionales en el país).

Cuatro meses después, el 14 de agosto de 2022 se declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en Guayaquil, Durán y Samborondón, es decir, en la Zona 8, con una vigencia de 30 días.

Esta declaratoria tuvo como antecedente un ataque con explosivos en la madrugada del mismo día en el sector del Cristo del Consuelo, barrio del suroeste de Guayaquil. Esto ocurrió en el sector conocido como la calle 8, en la Décima entre la I y la H, donde el atentado dirigido a uno de los dueños de las casas que acogían bailes clandestinos causó 5 muertos y 17 personas heridas, en un hecho inédito.

La medida se renovó por 30 días más el 12 de septiembre.

Poco después, el 1 de noviembre de 2022, se decretó un nuevo estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, con una vigencia de 45 días. Y es que la madrugada de ese día Guayaquil y Esmeraldas, capitales de dichas provincias, se despertaron con múltiples ataques con explosivos.

La escalada de violencia fue tal que se ubicaron carros bomba en los predios de la terminal satélite Pascuales. Al menos diez eventos con artefactos explosivos, ataques a unidades policiales y establecimientos se registraron ese día hasta las 06:00 en el Puerto Principal del Ecuador.

El 4 de noviembre con un nuevo decreto se amplió la cobertura a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde también hubo incidentes de estas características.

Con la nueva declaratoria del estado de excepción los militares recorren las calles haciendo control a conductores en diferentes sectores. En la gráfica, el sector de Los Helechos, en el cantón Durán. Foto: César Muñoz/API. Foto: API

Ya en lo que va de este 2023, a inicios de marzo en Esmeraldas se aplicó por 60 días un nuevo estado de excepción.

La ubicación y condiciones geográficas de esta jurisdicción favorecen la proliferación de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, tráfico de combustibles, tráfico de armas y minería ilegal, convirtiéndola en un territorio deseado para el asentamiento de los grupos criminales, se señaló en el Decreto 681 de ese entonces.

El 1 de abril se aplicó este régimen en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón, en Guayas) y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos, por 60 días.

El viernes 31 de marzo, en Santa Elena hubo un hallazgo perturbador: cuatro personas fueron encontradas sin vida en la entrada 1 del balneario Punta Blanca. Y una de las víctimas era Rubén Cherres Faggioni, cuyo paradero se desconocía desde enero de este año, cuando el presidente Guillermo Lasso ordenó capturarlo luego de la filtración de unos audios en los que se lo ligaba a supuestos narcotraficantes albaneses.

En Los Ríos, la Policía identificó entonces una pugna por el control del microtráfico y de territorios determinados para el dominio de sus acciones delictuales entre las bandas Los Choneros y Los Lobos.

Hasta 26 años de cárcel podría tener cada uno de los que perpetraron el ‘magnicidio’ de Fernando Villavicencio

Un nuevo estado de excepción llegó el 24 de julio tras el asesinato en Manta del alcalde Agustín Intriago. Entonces la medida se dispuso para Durán, en Guayas, y para Manabí y Los Ríos, con una vigencia de 60 días.

Pero en la actualidad este régimen abarca a todo el país desde esta semana por otros 60 días, pero sin toque de queda. (I)