Voces a favor y en contra de la amnistía a procesados por las protestas de octubre de 2019

La amnistía que concedió el pasado jueves la Asamblea Nacional del Ecuador a 268 personas procesadas por el paro nacional de octubre de 2019, sigue provocando reacciones a favor y en contra.

Noticias relacionadas

María Paula Romo, exministra de Gobierno: Hubo mucho clientelismo con las amnistías, cada uno fue llevando a su comunidad, sus amigos, sus contactos...

hace 2 años

Casi el 80 % de la población rechazó las protestas de octubre del 2019, recuerda la firma Cedatos

hace 2 años

268 amnistiados gozan de sus derechos políticos y los procesos legales que enfrentaban fueron extinguidos

hace 2 años

Este lunes la ONG Participación Ciudadana emitió un comunicado indicando que la rechaza, porque esos ciudadanos tuvieron un accionar violento que destruyó bienes públicos hasta llegar a incendiar la Contraloría General del Estado. Además de cometer secuestro a policías y periodistas.

“Si bien la amnistía es un mecanismo reconocido en la Constitución de la República que tiene como objetivo lograr la reconciliación nacional en situaciones de alta convulsión y conflicto social, en este caso puntual, contrariamente a ese criterio, la decisión de la mayoría de los legisladores de perdonar a líderes sociales favorece a la impunidad”, apunta la ONG, y añade que esto contribuye a deteriorar más la ya dañada imagen del Parlamento.

El Gobierno nacional también indicó este lunes que analiza las opciones legales que le permitan oponerse a lo decidido por la Asamblea.

En tanto, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) apoyó la amnistía a los 268 procesados por lo ocurrido en octubre de 2019.

“La Asamblea Nacional tiene la potestad de otorgar amnistías, según el numeral 13 del artículo 120 de la Constitución, en donde se establece: “Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. El Código Orgánico Integral Penal establece que la amnistía es una forma de extinción de la pena y del ejercicio de la acción penal (COIP, 2014, art. 72 y art. 416)”, dijo en un comunicado Inredh.

Añadió que está dispuesta a impulsar los mecanismos legales y políticos necesarios para defender la decisión. (I)