En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deben resolverse dos denuncias de infracción electoral por presunta violencia política en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques.
La concejala del Municipio de Guayaquil Ana Chóez Vergara se presentó en Quito este martes, 16 de octubre de 2024, para la audiencia de alegatos por una denuncia contra el alcalde Aquiles Alvarez, a quien acusa de incurrir en una infracción electoral muy grave de violencia política de género.
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La causa la trata el juez electoral Fernando Muñoz Benítez, quien deberá resolver, en primera instancia, si se configuró esta infracción contemplada en el Código de la Democracia y que se sanciona con multa de hasta 70 salarios, suspensión de derechos de participación y la destitución del cargo.
Chóez relató que le da «temor» ir al Municipio porque constantemente se la «quiere anular».
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Hizo referencia a dos sesiones del Concejo. Una de diciembre del 2023 en la que dijo que no estaba de acuerdo en un proceso y Alvarez le espetó que era una «caradura» y que iba a enviar una carta a la Fiscalía General para que se la llame a rendir versión en una investigación que está en curso.
Luego, le habrían silenciado el micrófono e incluso no tendría este aparato en el lugar que ocupa en el pleno.
En mayo pasado, en otra sesión, le había dicho «que por perfiles» profesionales como el de Ana Chóez «el país está en la m...».
«Me dijo que por perfiles como el mío estamos en la m… Siento miedo de ir a la Alcaldía. El alcalde me ningunea constantemente», contó la concejala en la audiencia.
La afectada pidió que Alvarez se presente para que dé su testimonio y así lo dispuso el juez Muñoz, pero no asistió y tampoco había solicitado ser recibido por una plataforma virtual.
Carlos Manosalvas, defensor de la concejala, pidió que se suspenda la audiencia para que el denunciado se presente. Muñoz continuó con la diligencia y dijo que en su sentencia se pronunciará sobre este hecho.
Vanessa Zavala, procuradora de Alvarez, alegó que él no asistió porque se acogió a su derecho al silencio y a no dar un testimonio que pueda incriminarlo
El pedido de Chóez es «desproporcionado», comentó Zavala, ya que se pide la destitución del accionado.
«No se ha configurado la denuncia de violencia política de género, no se ha mermado el derecho de la concejala de dar sus criterios. Ella ha tenido el tiempo y el derecho de participar. Es desproporcionado porque lo que se busca es sumarse a una postura de linchamiento político en contra del alcalde usando estas herramientas y así pasar por encima del electorado», añadió.
Una vez realizada esta actividad, Muñoz elaborará su sentencia, la cual puede ser apelada para resolución del pleno.
Aquiles Alvarez también enfrenta una denuncia por violencia política de género interpuesta por la asambleísta gobiernista Lucía Jaramillo. (I)