El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, amplió -este lunes 15 de marzo- por aproximadamente dos horas y media, su versión libre y voluntaria, vía telemática, dentro de la investigación previa que por el presunto delito de tráfico de influencias en la distribución de las vacunas contra el coronavirus realiza la Fiscalía General del Estado.

Pablo Encalada, abogado de Zevallos, había mencionado que el que haya un reproche moral e incluso político no significa que haya un reproche penal.

Argumentó que no puede una persona ser llevada a la cárcel por haber vacunado en tal orden a tal o cual persona al ser un derecho universal.

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El pasado 27 de febrero, el exministro Zevallos dejó Ecuador rumbo a Estados Unidos.

En contra de Zevallos se presentaron denuncias por el proceso de vacunación, una de las cuales fue de Acción Jurídica Popular, colectivo que afirmó que la fiscal general, Diana Salazar, “arbitrariamente” busca separarlos de la indagación previa abierta y desconocer su rol de denunciantes.

Según ese colectivo, eso sucede luego de que ellos, para impulsar la investigación, solicitaron que les entreguen copias íntegras del expediente.

A los integrantes de la organización ya no se les permitió asistir a la diligencia, quienes mostraron su molestia argumentando que hay secretismo.

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A la fiscal general le manifestaron que en la investigación previa no existen partes procesales porque no hay proceso penal aún que se inicia con la formulación de cargos.

Además, esa organización obtuvo a su favor un recurso de la justicia para conocer sobre el proceso de vacunación en referencia de los contratos para la adquisición de las vacunas, el listado de quienes ya han sido inmunizados del primer lote de 8.000 dosis de vacunas y el plan de vacunación con sus fases detalladas y criterios para la selección de los beneficiarios.

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Hubo al menos dos pedidos ante la justicia para conocer qué personas ya se han vacunado

La jueza Celma Espinoza había aceptado la acción de acceso a la información pública que fue planteada por Acción Jurídica Popular en contra del Ministerio de Salud Pública.

El plazo para que entregue esa documentación sería hasta el 25 de marzo, expresó Santiago Machuca, de ese colectivo, independientemente de la apelación que presentó esa secretaría de Estado.

La Defensoría del Pueblo también fue a la justicia y la jueza Karina Martínez declaró la vulneración del derecho de acceso a la información y dispuso entregar la documentación consistente al plan de vacunación y el protocolo en el que deberá constar únicamente la provincia de Pichincha.

Concedió diez días de plazo, el pasado 1 de marzo, pero Roberto Veloz, de la Defensoría del Pueblo en Pichincha, indicó que no la han recibido.

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Veloz agregó que en la sentencia escrita, el plazo dado es hasta el 17 de marzo. (I).

El presidente Lenín Moreno se refirió al listado de los vacunados en contra de la pandemia