Durante el 2025, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), como parte de su función de control disciplinario de la Función Judicial, resolvió 991 procesos, emitió 446 sanciones a servidores que cometieron faltas, destituyó a 102 servidores judiciales por infracciones graves, entre ellos 24 jueces y 5 fiscales. Esos fueron los datos que entregó la semana pasada el saliente presidente encargado de la Judicatura, Damián Larco, en la rendición de cuentas del organismo.
El viernes último, 24 de abril, con cinco votos a favor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó a Mercedes Caicedo y a Ramón Echaiz como vocal titular y presidenta y vocal suplente del CJ, respectivamente.
Publicidad
Caicedo, una jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), liderará hasta el 2031 el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; mientras que Echaiz, un abogado en libre ejercicio, se mantendrá como vocal suplente del CJ lo que resta del periodo de seis años para los que fueron designados, en septiembre de 2025, los integrantes del último pleno de la Judicatura.
Las nuevas autoridades del CJ fueron los dos primeros de la terna entregada por el presidente encargado de la CNJ, Marco Rodríguez, al CPCCS para la selección. Mercedes Caicedo reemplazará en el cargo a Mario Godoy, presidente del CJ que fue cesado y destituido del cargo por la Asamblea Nacional con 148 votos en febrero pasado; y Ramón Echaiz estará en lugar de la vocal suplente Alexandra Villacís, la cual renunció al cargo una vez que no pudo titularizarse para las funciones.
Publicidad
Damián Larco, el vocal del CJ proveniente de la terna enviada por el Ejecutivo, es quien ocupó el cargo de presidente temporal del CJ. Fue posesionado primero el 10 de febrero pasado para reemplazar temporalmente a Godoy, quien pidió licencia y vacaciones en medio del juicio político; y luego, el 18 de febrero, por la renuncia definitiva de Godoy, fue designado por unanimidad como presidente encargado del CJ, pero en esta ocasión hasta la designación del vocal titular y presidente.
Como casos emblemáticos de 2025 nombró Larco a Purga, Plaga, Pantalla, Obstrucción de la Justicia, Mueble Fino, Vidrio Libre y otros en los que se condenó jurisdiccionalmente a servidores judiciales por haber incurrido en actos de corrupción en el sistema de justicia ecuatoriano.
Además, fueron destituidos un juez de la CNJ y otro juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone, acusados de acoso sexual y acoso laboral, respectivamente, así como también servidores judiciales acusados de la venta de cargos. Fue destituida del cargo una jueza de Chimborazo por la elaboración irregular de sentencias por abogados externos y en el cantón Yaguachi se sancionó con la destitución a un juez que restituyó los derechos políticos de Jorge Glas.
En lo que respecta a la ejecución presupuestaria del periodo de 2025, el CJ devengó el 99,3 % del presupuesto existente al haber ocupado $ 350 millones. Según el presidente encargado saliente, existe una brecha presupuestaria de aproximadamente $ 200 millones, lo que revelaría el estado crítico de las dependencias judiciales, obsolescencia tecnológica y la falta grave de jueces y fiscales.
En esa línea, explicó el titular de la Judicatura que actualmente existen 240 unidades judiciales en el país; que, de los 117 inmuebles propios que tiene la Judicatura, el 43 % está en estado crítico; que, de los 97 inmuebles arrendados, el 100 % está en estado crítico; y que, de 31 inmuebles en comodato, el 29 % está en estado crítico.
También informó que más del 90 % de la infraestructura tecnológica está obsoleta, el 100 % de los servidores de las bases de datos están obsoletos y el 100 % de los equipos de ciberseguridad se encuentran en el mismo estado.
En lo que respecta a la infraestructura tecnológica, Larco sostuvo que hay un proyecto para dar mantenimiento y renovarla con equipos de redes y ciberseguridad. Por ejemplo, anotó, para mejorar el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) se necesitarían $ 140 millones y se están haciendo acercamientos con multilaterales para tener los recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En cambio, sobre la situación de la infraestructura en el sistema de justicia existirían acercamientos con el Ministerio de Finanzas para mejorar la infraestructura de Manabí, Machala, Santo Domingo, Guayas, entre otras.
En lo que tiene que ver con el déficit de jueces, el presidente Larco indicó que se requieren a nivel nacional para la atención óptima del servicio 2.442 jueces, pero solo existen 1.785, dejando un déficit nacional de 657 jueces en todos los niveles.
Lo que resta es que se defina una fecha en la que el pleno de la Asamblea Nacional tomará juramento y posesionará a los dos nuevos funcionarios del órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial. Luego de ello, Caicedo se dirigirá al edificio principal del CJ para asumir su despacho, las funciones y afrontar la serie de tareas pendientes que, en algunos casos, se arrastran de anteriores administraciones. (I)