La evaluación de servidores judiciales, el concurso para llenar vacantes de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la puesta en marcha de las judicaturas especializadas en materia constitucional, el concurso para conformar el banco de elegibles para llenar vacantes en la carrera judicial y trabajar en que la independencia judicial sea una realidad y no una declaratoria retórica están entre los temas que debe enfrentar Mercedes Caicedo Aldaz, que fue elegida vocal titular y presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ).
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sesionó la tarde del pasado 24 de abril de 2026, para escoger al reemplazo de Mario Godoy, quien fue cesado y destituido por la Asamblea Nacional con 148 votos en febrero pasado.
Y también escogió a Ramón Echaiz Lavayen para la función de vocal suplente que mantuvo Alexandra Villacís, quien renunció al cargo luego de no poder ser titularizada para asumir sus funciones.
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Ambos ocuparán esos cargos hasta el 2031, es decir, hasta completar el periodo de seis años para el que fue designado en septiembre de 2025 el CJ, integrado, además de Godoy, por Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara.
En estos primeros siete meses el pleno del CJ ha puesto principal interés en la tarea disciplinaria que mantienen, es decir, suspendió y destituyó a jueces, fiscales, notarios públicos, asistentes de Fiscalía, defensores públicos y a abogados en libre ejercicio a nivel nacional.
También resolvió la prórroga de jueces en Manabí, designó como nuevo fiscal general encargado a Carlos Alarcón, decidió que priorizará en 2026 el presupuesto para mantenimiento de edificios, vehículos y tecnología, puso en marcha el plan operativo para reducir audiencias fallidas e inició en Azuay la entrega de computadoras portátiles a servidores judiciales.
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Inicialmente se esperaba que la declaratoria de emergencia en el sistema de justicia sea el hecho que marque el trabajo del flamante CJ. El escenario cambió cuando la Corte Constitucional (CC), el 26 de septiembre pasado, un día después de la posesión de los integrantes de la Judicatura, declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública, en la que se incluyó un nuevo artículo al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el 269.1, en el que se señalaba la posibilidad de la declaratoria de emergencia en el área de justicia.
El articulado aprobado por el Legislativo y dado de baja por la CC señalaba que en caso de que, previo análisis del presidente del CJ, la Función Judicial requiera de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, se resolverá la declaratoria de emergencia en la Función Judicial.
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Para Ciro Guzmán Aldaz, director del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, las tareas que tiene pendientes y son urgentes para quien asume las riendas del CJ son extremadamente arduas, debido a que el Ecuador tiene “un sistema de justicia en crisis total”.
“La crisis se evidencia, por un lado, en las evidentes y manifiestas acciones de corrupción que se han producido dentro del sistema de justicia. También en el asunto de la insuficiente existencia del talento humano, hay un déficit de más de 800 fiscales, igual de jueces, en la misma cantidad. No se han hecho los concursos para jueces de primer nivel y tampoco de la CNJ, no se han hecho las evaluaciones a los jueces de primero y segundo nivel. Tenemos una falta de recursos impresionante, (...). Hay más o menos un déficit de alrededor de $ 300 millones que se requieren con urgencia para poder atender esto y la responsabilidad directa le corresponde al Ejecutivo”, anotó el dirigente.
Guzmán suma a la situación compleja que atraviesa el sistema de justicia del Ecuador que la infraestructura física en todas las unidades judiciales del país tiene graves problemas, la deficiencia en equipamiento tecnológico, sistemas informáticos obsoletos totalmente, no existe expediente electrónico...
El dirigente sostiene que la demanda que tienen los gremios de abogados del país, así como la ciudadanía, es que Caicedo haga respetar la independencia judicial y no se conviertan en un instrumento al servicio de intereses nefastos, de orden político, económico o hasta de orden delincuencial, que son los que han venido imponiéndose.
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De acuerdo con el cronograma establecido por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), el 25 de mayo próximo se lanzará el concurso público de méritos y oposición para llenar las vacantes de jueces y conjueces en la Corte Nacional de Justicia.
La última vez que se convocó a un concurso de este tipo fue el 21 de marzo de 2024, durante la presidencia encargada del CJ de Álvaro Román y los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y Merck Benavides.
De los 21 jueces titulares que debe tener el más alto órgano de justicia ordinaria del país al momento solo cuenta con diez y en los primeros meses de 2027 solo se quedará con cuatro.
En enero del año que viene por completar su periodo como magistrados nacionales dejan el organismo el actual presidente encargado, Marco Rodríguez, y las juezas Daniella Camacho, Katherine Muñoz y Consuelo Heredia. Felipe Córdoba se va en febrero y José Suing, expresidente de la CNJ, en mayo.
El vocal de la Judicatura Fabián Fabara asegura que en lo que tiene que ver con jueces y conjueces de la Corte Nacional el proceso de selección se lanzará el 25 mayo próximo, de acuerdo con el cronograma establecido. “Nos demorará siete meses aproximadamente el concurso de la CNJ. En este mismo año termina, (...). La idea es que el 27 de diciembre (2026) tengamos ya resultados para anunciar de este concurso y que puedan entrar en funciones en enero de 2027″, ha explicado en su momento.
En medio del inicio del juicio político contra Mario Godoy, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, desde la Judicatura se conoció que se reactivarían en los próximos meses los concursos para seleccionar jueces especializados en materia constitucional.
Pese a que los resultados de la consulta popular del 21 de abril de 2024 generaban la obligación de que el CJ cree unidades especializadas en materia constitucional y que a partir de mayo de 2025 ya estén en operación, esto aún no se concreta. El nuevo pleno de la Judicatura, por unanimidad, aprobó recién el 28 de octubre de 2025 la creación de 167 dependencias judiciales especializadas en esta materia a escala nacional.
Según la Judicatura, para poner en marcha dichas dependencias se requieren 259 jueces constitucionales que estarán habilitados a escala nacional: 184 jueces de primera instancia y 75 jueces de segunda instancia. Las vacantes de jueces constitucionales se llenarán mediante un concurso público para seleccionar jueces constitucionales y la capacitación de jueces multicompetentes. El 28 de noviembre último se aprobaron los perfiles técnicos para jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializados en esa área.
Se definió que para alcanzar el número de 259 jueces necesarios, 37 jueces especializados para primera instancia serán seleccionados en concurso público cuya ejecución debía iniciarse inmediatamente; 147 jueces multicompetentes para primera instancia serán capacitados en materia constitucional; y 75 jueces especializados para segunda instancia serán seleccionados en concurso público.
Los 259 jueces especializados repartidos en las 167 dependencias judiciales estarán en 23 salas ubicadas en 23 capitales de provincia, excepto Galápagos que cubrirá Guayas. (I)
