La Unión Nacional de Educadores (UNE) reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de admitir a trámite dos de sus demandas de inconstitucionalidad: una en contra de la Ley de Fortalecimiento Crediticio y otra contra una resolución de la Procuraduría General del Estado que dio paso a la designación de Leonardo Alarcón como fiscal general subrogante.
Para la organización de educadores, que la CC haya dado paso a estas acciones “es un primer paso importante en defensa al principio de separación de funciones y de la seguridad jurídica”.
El pasado 4 de febrero, la Corte Constitucional dio paso a una serie de trece demandas contra la Ley de Fortalecimiento Crediticio, que reforma a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), entre ellas una de la UNE.
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El gremio recordó que en esta normativa se incorporan temas que no son económicos, como los cambios respecto a los periodos de contratación de los directores o autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo que desconfiguraría la urgencia económica del mismo.
“En el caso de las acusaciones por el fondo, se refiere a las afectaciones a los recursos del Biess y a la vulneración de principios constitucionales como la solidaridad al incluir operaciones de reporte en la categoría de servicios financieros, lo que constituye una alteración en la finalidad social del Biess”, repasó la UNE.
La Unión Nacional de Educadores también reconoció la admisión de la Corte Constitucional contra la Procuraduría por un oficio que emitió en octubre de 2025, el cual concluyó que es facultad del Consejo de la Judicatura (CJ) designar a un fiscal que reemplace, temporalmente, al actual fiscal general encargado, lo que dio paso a que el CJ, presidido por Mario Godoy, designe a Leonardo Alarcón como fiscal general subrogante.
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En este marco, la UNE sostuvo que espera que el organismo de control constitucional resuelva conforme a lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respectivamente.
Al admitir a trámite etas demandas, la Corte Constitucional precisó que esto no implica un pronunciamiento sobre el fondo, sino que confirma que las demandas cumplen con los requisitos formales y constitucionales necesarios para ser analizadas por este organismo.(I)
