Desde enero de este año reposa en la secretaría de la Asamblea Nacional el informe para primer debate de un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) aprobado en la Comisión de Justicia.
Hasta el momento, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, no lo ha incluido en el orden del día del pleno.
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La autoridad ha manifestado, sin embargo, que una de sus prioridades para el segundo año del actual periodo legislativo será realizar una reforma a esta normativa, que está vigente desde el 9 de marzo de 2009.
Olsen dijo en su rendición de cuentas del pasado 14 de mayo que, si la justicia sigue fallando, no alcanzará con endurecer las penas a través de las normas penales.
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“La gente está cansada de denunciar y no tener respuesta, cansada de cruzarse otra vez con quien le arrebató la tranquilidad, el negocio o incluso la vida de un familiar... Mientras haya jueces y fiscales corruptos, el crimen siempre va a encontrar una puerta abierta”, dijo el legislador, dando a entender que su idea apunta, entre otros temas, a sancionar a los servidores judiciales que se considere que cooperan con los grupos de delincuencia organizada.
Pero no dijo si se trabajará sobre la propuesta lista o si se presentará una nueva.
El informe presentado por la Comisión de Justicia tiene 185 páginas. Y, a su vez, recoge otras seis iniciativas presentadas desde mayo de 2024 por asambleístas y exasambleístas.
Así, Juan Carlos Rosero, que llegó por Construye, presentó en mayo de 2024 un proyecto de reforma al COFJ “para castigar a las y los malos profesionales del derecho”.
Luego, Mariana Yumbay, de PK, entregó —también en mayo de 2024— otro para “garantizar la vigencia del pluralismo jurídico y la cooperación entre los sistemas de justicia”.
En julio de 2024, Ana Mercedes Galarza, de Construye, presentó reformas “para la protección de víctimas y testigos y otros participantes del proceso penal”.
En agosto y diciembre siguiente, Héctor Valladárez, de la Revolución Ciudadana (RC), y Lucía Posso, de Avanza, presentaron por cuerda separada dos proyectos de reformas al COFJ.
Y en julio del 2025 lo hizo también la legisladora de ADN Rosa Torres, que actualmente preside la mesa de Justicia.
Los ejes del proyecto
El proyecto elaborado en esa comisión consta de nueve ejes temáticos, “que buscan reformar todo el sistema judicial”.
El eje 1 es el “blindaje ético del Poder Judicial”, un “régimen integral del combate a la corrupción”, en el que se plantean principalmente tres cuestiones:
- La incorporación del polígrafo, prueba de retina del ojo o de voz —al menos dos— como requisito de ingreso y permanencia en las unidades penales anticorrupción.
- La creación de una Unidad Interinstitucional de Vigilancia Patrimonial, con capacidad tecnológica para el seguimiento automatizado de declaraciones y movimientos patrimoniales.
- La auditoría ciudadana independiente de la ética judicial, que ejercerá control público sobre la transparencia, independencia y desempeño ético del sistema.
En el eje 2, denominado “Transparencia y democratización de la justicia”, se habla de la publicidad plena y accesible de las audiencias judiciales, mediante plataformas digitales, transmisión en tiempo real, y la autorización a los medios de comunicación en los casos de interés público para su grabación y difusión.
El eje 3 se llama “Tratamiento técnico y transparente de las medidas cautelares: unidades de servicios judiciales”. La propuesta es crear las unidades de servicios judiciales, instancias encargadas de emitir informes objetivos sobre riesgo procesal, monitorear el cumplimiento de medidas alternativas y brindar apoyo para que los procesados concurran a las audiencias.
El cuarto eje se refiere a los procedimientos para los concurso en la Función Judicial. Se propone crear tres procedimientos con rango legal para la carrera judicial (jueces, fiscales y defensores públicos), para quienes no pertenecen a ella y para notarios.
En quinto eje habla de un rediseño de la arquitectura administrativa del Consejo de la Judicatura (CJ). La idea central es delimitar con claridad las atribuciones entre el pleno y el director general del organismo: el pleno conservará sus competencias normativas, de control y definición de políticas institucionales, mientras que el director general asumirá la conducción administrativa y operativa con responsabilidad unipersonal, sujeta a mecanismos de control y rendición de cuentas.
El sexto eje habla de un rediseño del régimen disciplinario con cuatro tipos de procedimientos: uno judicial especializado ante una sala de la Corte Nacional de Justicia para conocer y resolver, mediante juicio, las destituciones de juezas, jueces, fiscales y defensores públicos; otro administrativo reforzado para el resto de los funcionarios judiciales, con etapas, plazos y sanciones definidas; un tercero para los directores provinciales del CJ; y, finalmente, otro específico para los juristas en libre ejercicio.
El séptimo, la inclusión de manera obligatoria de la gestión tecnológica judicial y el expediente electrónico con validez jurídica.
El octavo eje se refiere a la transformación integral de la Escuela Judicial para que esta, en alianza con universidades, diseñe e imparta un programa de formación inicial y específica para jueces, fiscales y defensores públicos. Solo quienes aprueben dichos programas estarán habilitados para participar en los concursos de méritos y oposición.
Y, el último, repotenciar los juzgados de paz. La idea es ampliar sus competencias a zonas urbanas, establecer expresamente su jurisdicción para resolver conflictos y garantizar que se se cumplan sus decisiones.
La asambleísta Gabriela Molina, quien es parte de la Comisión de Justicia, indicó que desde que se entregó el informe a la secretaría no se han conocido más proyectos.
Agregó que desde el correísmo tienen algunas observaciones específicas en algunos puntos del documento trabajado y que pueden ser mejorados. “Conceptualmente, todos vamos a coincidir con lo dicho por Olsen en temas como la independencia de la justicia o la sanción a jueces y fiscales corruptos, pero hasta no conocer el texto que él proponga no podría pronunciarme”, señaló.
Según la plataforma Ediciones Legales, desde que el COFJ entró en vigencia se han aprobado 26 paquetes de reformas a través de cambios directos a la norma o a través de otras leyes, sentencias de la Corte Constitucional (CC) y referéndums constitucionales.
Opinan los abogados
Abogados consultados por EL UNIVERSO dan algunas ideas de reformas que son necesarias para depurar el sistema de justicia.
Paul Egred, abogado en libre ejercicio, destacó que una reforma profunda fundamental del COFJ pasa por restarle atribuciones al CJ y modificar su forma de integración.
“El CJ, a lo largo de los años, se ha convertido en una especie de botín; es un organismo ‘ultrapoderoso’ desde el cual, de una u otra forma, se ha podido presionar a jueces y fiscales”, reflexiona.
La Judicatura fue concebida como un organismo auxiliar, administrativo y financiero de la Función Judicial, lo cual es correcto por el número de funcionarios y el presupuesto que aquella maneja, dijo el jurista. Pero opinó que no debería funcionar como un cuerpo colegiado, como lo hace actualmente.
“Solo debería tener un director, no un presidente ni vocales, peor vocales que vengan de otras funciones del Estado, porque precisamente esas delegaciones hacen que los consejeros respondan a ese sector”, advirtió.
Asimismo, el CJ no debería sancionar a los servidores judiciales, opina. “Eso debe ser una labor ‘interorgánica’ de la propia Función Judicial; o sea que los jueces de las cortes superiores provinciales sean los que ejecuten la actividad de control de los fallos jurisdiccionales de los jueces de instancia; y los jueces nacionales hagan lo propio con los provinciales, y el mismo esquema en la Fiscalía General”, indicó.
Otra reforma importante, señala Egred, es modernizar el sistema de citaciones, fase a la que califica como “el cuello de botella” de todos los juicios en el país.
Planteó que estas se hagan de manera totalmente electrónica; en el caso de las empresas, a los correos que registran en la Superintendencia de Compañías; y en el caso de las personas naturales, en aquellos que se reporten en el Registro Civil.
César Eduardo García, director del Colegio de Abogados del Guayas, sostuvo que las reformas que se planteen deberían estar orientadas a fortalecer mecanismos de vigilancia sobre los servidores públicos que integran la Función Judicial.
“Desde el Colegio de Abogados del Guayas, hemos propuesto varias veces una reforma al sistema de evaluación periódica al que deben someterse los juzgadores. Consideramos que los parámetros analizados otorgan demasiada relevancia a aspectos de forma, cuando el parámetro que debe definir la calificación de un juez debe ser su desempeño ético e intelectual”, opinó.
También han propuesto que, con la finalidad de garantizar la celeridad procesal, se establezca un requisito que obligue a que antes de demandar las partes acudan a un centro de mediación para que intenten llegar a un acuerdo a través de la negociación.
“Muchas causas tramitadas podrían resolverse de esa forma, sin que sea realmente necesario demandar”, indicó.
Sin embargo, dijo el jurista que “de nada sirve modificar la ley si finalmente esta no se aplica”. Y sentenció: “Consideramos como gremio que el problema, más que de leyes, es de eficacia, por cuanto la norma que ya existe no se aplica o no se aplica como debe”. (I)