A través de reformas directas al mismo cuerpo legal o de leyes conexas, con sentencias de la Corte Constitucional, y hasta con consultas populares se han aprobado más de medio centenar de paquetes de cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se publicó en el Registro Oficial del 10 de febrero de 2014 y entró en vigencia por partes hasta agosto del mismo año. Y ahora está en proceso otra más.
Un listado elaborado por la firma Ediciones Legales, usando su base de datos del Registro Oficial, da cuenta de que en doce años ha habido al menos 58 reformas a esa norma que alcanzaron a varios artículos.
La primera reforma se aprobó a los pocos meses de la vigencia del COIP, en septiembre del 2014, con varias disposiciones reformatorias del Código Orgánico Monetario y Financiero; el más destacado reforzó la tipificación del peculado bancario ampliando las responsabilidades a los funcionarios públicos y administradores privados, así como los miembros de los directorios de las entidades del sistema financiero, que abusen de dineros, que aumenten activos o disminuyan pasivos de forma indebida o congelen fondos de los depositantes.
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La última, en tanto, se dio en abril de este año. En la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario se reformaron cuestiones como las atribuciones y la conformación del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, la categorización de las cárceles y de los reos dentro de ellas, el régimen de visitas y comunicaciones, y la política penitenciaria.
Entre una y otra, en la lista de cambios de Ediciones Legales constan, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación; o la sentencia que declaró la “constitucionalidad condicionada” de la eutanasia, que sigue tipificada como homicidio simple, pero que puede darse cumpliendo ciertos requisitos.
También están, asimismo, las reformas aprobadas en la consulta popular del 2018, impulsadas en el gobierno de Lenín Moreno, que establecieron que los condenados por actos de corrupción serán sancionados con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes; y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.
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Además, la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, presentada por el presidente Daniel Noboa, por la cual se incrementaron las penas a doce delitos: trata de personas; asesinato; sicariato; secuestro extorsivo; producción y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; minería ilegal; lavado de activos; tráfico de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas; terrorismo y su financiación; y delincuencia organizada.
O las reformas que se dieron a través de las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, en el 2025, y que luego quedaron sin efecto por la declaratoria de inconstitucionalidad de la CC, en ese mismo año.
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El paquete número 59
En su balance del primer año de gestión del actual periodo legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, señaló que en el segundo, que se inició el pasado 14 de mayo, una de las prioridades será entrar a reformar el COIP.
Dijo que el delito cambió. Se volvió más violento, más organizado, más digital, más extorsivo; y la ley tiene que responder a esta realidad.
Por tanto, indicó que la Asamblea trabajará en una “reforma seria” para enfrentar con más fuerza los delitos que hoy indignan a las familias: las vacunas, la extorsión digital, la exposición y el abuso de niños en redes sociales, y todas las formas de violencia —física, sexual y digital— que afectan a las personas más vulnerables.
Actualmente, en la Comisión de Justicia se viene trabajando en un nuevo paquete de cambios.
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Según la legisladora Gabriela Molina (RC), quien es parte de dicha mesa legislativa, está en elaboración un texto que unifica 82 proyectos de reformas presentados desde el 2024, y que tienen que ver con unos 700 artículos.
La mayoría de ellos plantea la creación de nuevas figuras penales, como la violencia vicaria o la extorsión digital, y el aumento de las penas en otras como el abigeato o la obstrucción a la justicia. Todavía no hay fecha para concluir el informe para primer debate.
“Pero también es importante que se recuerde que hubo un grupo de proyectos que ya fue aprobado por la comisión, que pasó segundo debate, que no contó con votos y regresó a que la ponente realice las observaciones y los cambios pertinentes, pero ese no ha sido conocido nuevamente por el pleno de la Asamblea”, señala Molina a EL UNIVERSO.
Se refiere a la reforma que se trató en segundo debate en febrero del 2024 que tenía 87 artículos. Los más polémicos se referían a la reserva de la investigación de la Fiscalía General, el aumento de causales para las acciones de revisión a sentencias ejecutoriadas, y el incremento de penas para delitos como el femicidio y la concusión, o la tipificación de otros nuevos, como la propagación de enfermedades infecto contagiosas.
No se volvió a tratar en el pleno porque luego se dio la consulta de Noboa donde se recogieron algunos de estos temas.
Molina indicó que la mesa se halla, al momento, recibiendo comparecencias de expertos y funcionarios relacionados con los temas en discusión. Pero se quejó de que la mayoría de los aportes al proyecto está surgiendo de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), ya que la presidenta, Rosa Torres, pertenece a aquella, y no hay espacio para otras miradas.
‘COIP es una norma hecha sin proyección a futuro’
Los abogados especializados en el ámbito penal Julio César Cueva y Marcelo Dueñas explican que la mayoría de las reformas que se le han hecho al Código Penal en el tiempo tienen que ver con el endurecimiento de penas de ciertos delitos o la tipificación de conductas delictivas.
Ambos mencionan que la normativa nació con problemas porque surgió de una Asamblea Nacional dominada por una sola tendencia política, el correísmo, que no realizó un debate amplio ni se proyectó en el futuro, previendo las transformaciones de la sociedad ecuatoriana y del mundo en general.
Cueva opina que el problema inicial del Código Penal vigente es que se aprobó “al apuro”.
“Teníamos un plazo máximo para agregar a la ley penal las normas sobre lavado de activos y combate al terrorismo porque el GAFI nos iba a poner en lista negra y con eso se le cerraban al país los créditos extranjeros. Luego se dieron cuenta de que habían dejado afuera las infracciones contra la propiedad intelectual y por eso Europa no quería firmar el acuerdo comercial, esa fue una de las primeras reformas”, explica el jurista.
Agrega que luego vino la “corriente del populismo penal” en la cual ”todo lo que no nos gusta lo queremos convertir en delito y subirle la pena casi a pena de muerte o cadena perpetua”; por eso es que la mayor parte de los cambios que ha sufrido la norma van en ese sentido: crear delitos o aumentar penas, señala.
Cueva entiende que las sociedades han cambiado y, con ellas, las formas de delinquir y cometer crímenes, pero que los gobiernos en general quieren calmar los temores de la gente ofreciendo penas más altas para controlar la delincuencia organizada, “pero está probado que eso no contiene el delito sino una justicia que funcione, con un sistema penitenciario serio con penas que si se cumplan completas y sin privilegios”.
En tanto, Dueñas considera que en Ecuador es común que las normas se reformen al poco tiempo de vigencia o que se presenten demandas de inconstitucionalidad apenas se aprueban.
“Lamentablemente las leyes en Ecuador no se hacen pensando en el futuro y en las necesidades del país sino en función de las coyunturas para obtener réditos políticos, cerca de las elecciones, para quedar bien con ciertos grupos sociales o económicos”, indica.
Y recordó que este COIP surgió de “un solo partido político que gobernaba en esa época” (Alianza PAIS, ahora Revolución Ciudadana)“, y que no pensaron en el país, ya que esta norma benefició más a la delincuencia que a la gente.
Para el jurista, desde el Legislativo debería plantearse una propuesta integral para estructurar un nuevo COIP, no hacer reformas retaceadas.
“Hay que plantear un nuevo Código Penal que dure unos 20 o 30 años, técnico, que recoja, primero, la necesidad actual, la vorágine actual de los crímenes en el país, la lucha internacional, pero siempre pensando en el interés del país”, comenta Dueñas. (I)