Un nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana que se ‘juega’ entre las advertencias políticas

La nueva mayoría conformada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tendrá como desafío consolidarse en medio del debate de un juicio político y los intereses que rodean la designación de las principales autoridades de control.Antes del 29 de diciembre de 2021, Sofía Almeida lideraba una mayoría con David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán que le permitía tener el control de la institución y aprobar los reglamentos para la designación de autoridades. El 5 de enero ese quorum se rompió.Estupiñán le quitó el apoyo cuando se debatía el reglamento para designar al superintendente de Compañías. Decidió dar su voto por la propuesta planteada por María Fernanda Rivadeneira y así pasó a formar parte del bloque de consejeros con Francisco Bravo, Hernán Ulloa y Rivadeneira.A la par, se divulgaban en las redes sociales audios de una conversación telefónica, que son parte de una investigación por presunta concusión, en los que supuestamente Estupiñán habla sobre la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial.Almeida, sin poder llegar a consensos por la rivalidad que mantenía con los otros tres consejeros a los que se sumó Estupiñán, vio entorpecerse la aprobación de presupuestos, planes de contratación anual, instalar sesiones, convocar a veedurías y menos avanzar en la conformación de las comisiones ciudadanas de selección para elegir al contralor del Estado, al defensor público y renovar parcialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE). El 26 de enero, la nueva correlación de fuerzas logró declarar la sesión ordinaria 3 en permanente, en la que se removió a Almeida de la presidencia y a Rosero de la vicepresidencia.Todo empezó cuando ese día en la sesión virtual Estupiñán quería votar por una moción planteada por Ulloa para reformar el reglamento de elección del contralor y le apagaron los micrófonos y hasta la sacaron del Zoom.Eso motivó la apelación de la presidencia de Almeida que se aprobó con los cuatro votos. Rosero pasó a presidir la plenaria y cuando se introdujo en el orden del día el punto para removerla de la presidencia el 27 de enero, no volvió a convocar a la instalación.Trece días esperaron los cuatro consejeros para volver al debate sin respuesta. El 9 de febrero, ellos se convocaron y dieron paso a las remociones de Almeida y Rosero. Y nombraron a Ulloa en la presidencia y a Rivadeneira en la vicepresidencia. Almeida denuncia que esto fue un plan fraguado con el apoyo del gobierno de Guillermo Lasso , para dirigir los concursos públicos y designar a sus afines en la Contraloría y el CNE.Desde entonces los cuatro actúan contrarreloj. En la Asamblea Nacional las bancadas del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y varios legisladores declarados en rebeldía de Pachakutik (PK) alistan los mecanismos legales para que la Comisión de Fiscalización “priorice” el trámite de un juicio político planteado en contra de estos cuatro vocales, por sobre otras cuatro interpelaciones que fueron calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). El jueves último, bajo la presidencia de Ulloa, aprobaron un paquete de reformas al reglamento de designación del titular de la Contraloría General y conformaron una comisión técnica que detecte las “falencias” en todas las normas para renovar al CNE y otras autoridades de cuerpos colegiados.Bajo ese contexto, esta mayoría se debate entre su fragilidad o fortaleza.Es así como Ulloa anticipó que, si llega a perder el apoyo de uno de los tres consejeros, regresará a la minoría y renunciará a su cargo.“(…) Si pierdo la confianza de uno de los consejeros y regreso a una minoría, yo cojo y renuncio al cargo sin mayores incidentes. Aquí no hay que aferrarse, hay que ver qué hay detrás de eso”, señaló en una entrevista en r adio América de Guayaquil.Ulloa fue electo vocal suplente en las elecciones seccionales y del CPCCS en el 2019 y se principalizó con la salida de Christian Cruz, censurado y destituido por la Asamblea en octubre del 2020.Abogado en libre ejercicio, fue secretario de la Fiscalía del Guayas; y entre otros cargos fue asesor jurídico de la Gobernación del Guayas.Al llegar al Consejo votaba según los puntos planteados en las sesiones, y se opuso a decisiones controversiales como la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo o de la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado. Rivadeneira expuso desde su elección como consejera en el 2019 su interés por presidir el organismo ostentando la votación que tuvo en los comicios. Pero nunca tuvo apoyo. Sino hasta este 9 de febrero que llegó a la vicepresidencia.Esta no fue su primera contienda política. En el 2009 se candidatizó a asambleísta por el movimiento Alianza PAIS (AP) y en el 2019 por el movimiento CREO como asambleísta alterna. No logró los votos.Como abogada fue parte de la Procuraduría General del Estado, del Seguro Social (IESS) y ha mantenido una fuerte oposición a Almeida, sobre todo en el debate del reglamento para elegir al contralor, al que calificó de “oscuro”.En una sesión ella denunció que su oponente habría incurrido en conflicto de intereses al aprobar la norma, pues seguía siendo servidora de la Contraloría. Eso obligó a Almeida a renunciar al cargo que tenía de auditora.Bravo se autodefine como montuvio, y llegó como consejero alterno. Se principalizó cuando Rosa Chalá, José Tuárez, Victoria Desintonio y Walter Gómez fueron destituidos por un juicio político en el 2019.Su bandera de lucha fue investigar los recursos destinados a la reconstrucción de Manabí, de donde él es oriundo, tras el terremoto del 2016.Uno de los principales críticos de Almeida por como conducía los plenos; y también ha tenido conflictos con Estupiñán, quien hasta lo acusó de revelar su información personal; aunque luego se unieron para estar en este frente.Comunicador y abogado, ejerció como vicepresidente del Consejo hasta junio del 2021. Exdefensor público y director de Articulación Política entre las funciones del Estado cuando existía el Ministerio de la Coordinación de la Política en el régimen de Rafael Correa.Estupiñán, economista, es funcionaria de carrera del CPCCS y se candidatizó a una vocalía en el 2019 llegando como suplente.Cercana al ex alcalde de Quito Jorge Yunda, colaboró en la administración zonal del sector de La Mariscal, cargo que dejó al ser principalizada en el Consejo, tras el juicio político a los cuatro exvocales.Su presencia en el pleno fue clave para la reelección de Almeida en la presidencia en junio del 2021; así como para impulsar los reglamentos de elección de las autoridades que ahora están en revisión también con su apoyo.Cuando cambió de bloque y apoyó a Bravo, Ulloa y Rivadeneira resaltó la oportunidad de poder “corregir los errores”. (I)

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