Retirándose a deliberar el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es como concluyó la tarde de este martes una audiencia de dos horas en la que se escucharon los alegatos de los sujetos procesales que estaban a favor y en contra de que se ratifique la pena de nueve años de cárcel que recibió el exsecretario nacional de Inteligencia (Senain) Pablo Romero, como autor mediato del plagio del activista político Fernando Balda.

Los jueces de la Corte Nacional Mercedes Caicedo, Byron Guillén y Adrián Rojas conformaron el Tribunal que poco antes de la instalación de esta audiencia de apelación resolvieron no dar paso al pedido de Juan Carlos Perea, abogado de Romero, para que se declare la caducidad de la prisión preventiva que pesa en su contra desde que ingresó a la cárcel de El Inca, el 21 de febrero de 2020.

Juan Carlos Perea, abogado de Romero, manejó dos teorías dentro de su alegato: que en este caso se debía dar una definición correcta de qué son malos tratos para con ello conseguir una prescripción de la acción y sobre todo que tenía que darse la valoración correcta de los testimonios anticipados dados por los exagentes de Inteligencia y sentenciados por plagio, Raúl Chicaiza y Jessica Falcón.

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Tribunal niega pedido de caducidad de la prisión preventiva hecho por Pablo Romero e instala audiencia de apelación en caso Balda

Este segundo punto para Perea era importante, porque tanto Chicaiza como Falcón fueron cooperadores eficaces y sus testimonios no debían ser valorados como los de cualquier otra persona.

“Los documentos jurídicos dicen que malos tratos son tratos crueles, inhumanos y degradantes, entonces ahora lo que hay que ver es si en el testimonio de Fernando Balda en realidad se narran hechos que se puedan circunscribir como malos tratos. Lo que afirmamos es que eso no sucedió y al no suceder prácticamente el posible delito cometido en Colombia tiene una pena de prisión y al tener una pena de prisión prescribiría en cinco años, es decir, en el 2017 y no en el 2018 que se formularon cargos”, explicó Perea.

El abogado de Romero cree que el Tribunal de Apelación debe arreglar ese error del Tribunal de Juzgamiento y decir que el delito que se ha probado está prescrito y por ende no se puede analizar la responsabilidad del exlíder de la Senain.

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Aun así, Perea sostuvo que si el Tribunal de Apelación considera que no está prescrita la acción, que los malos tratos existieron, lo que tendría que analizarse es por qué razones y circunstancias se cree a Chicaiza y Falcón; y, por qué razones Romero sería el coautor del secuestro en Colombia.

Un mal uso de recursos públicos para el secuestro de Fernando Balda es por lo que Fiscalía investiga a Pablo Romero

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, rechazó los argumentos de Perea aclarando que sí existieron malos tratos contra Balda en su secuestro y hay suficiente prueba testimonial y documental que revela que hubo agresión física durante el hecho. Para el fiscal, los nueve años de sentencia son reflejo de la prueba practicada en la audiencia de juicio.

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“Pretender que se declare que existe la institución de la prescripción del ejercicio de la acción penal confundiendo la violencia y diciendo que no existen malos tratos contra la víctima resulta insuficiente por parte del recurrente. (...) El Tribunal de Juicio cumplió con los estándares internacionalmente exigidos para emitir la condena contra Pablo Romero y por ello la Fiscalía solicita que desechen el recurso de apelación y se ratifique en todas sus partes el fallo de condena dado, porque obedece a la realidad procesal y la práctica probatoria desarrollada”, sostuvo Toainga.

Eduardo León, uno de los abogados de Balda, refirió que los argumentos del sentenciado se centraron en decir que no se pudieron demostrar los malos tratos mientras se dio el secuestro de Fernando Balda en Colombia.

Ese hecho, indicó León, fue desvirtuado con prueba testimonial y documental, no solo de su defendido, sino de exámenes médicos que revelan que existieron contra él lesiones, vejámenes y hasta violencia psicológica.

Sobre la no responsabilidad de Pablo Romero en el plagio, señalada por su defensa, León apuntó que en el expediente del caso hay abundantes elementos en contra del exsecretario, como los testimonios de Chicaiza y Falcón, quienes habrían detallado que quien ordenó el secuestro de Balda en Bogotá fue Romero, y también el testimonio del general Fausto Tamayo, entonces jefe de Inteligencia de la Policía Nacional.

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Felipe Rodríguez, otro de los abogados de la víctima en este caso, señaló que seguirán peleando por el dólar de indemnización para Fernando Balda, porque esta “no es una sentencia para buscar la condena de un exsecretario nacional de Inteligencia que secuestró a un ecuatoriano, esta es una sentencia para decirle al país que nunca más el Estado puede avalar que se secuestre solo por el ámbito de una persecución política”.

Tanto León como Rodríguez esperan que el Tribunal de Apelación ratifique en esta segunda instancia la pena de nueve años de cárcel contra Romero y la existencia del secuestro de Fernando Balda.

Se informó que oportunamente el Tribunal notificará a los sujetos procesales de cuándo se reinstalará la audiencia de apelación para conocer la resolución oral que emitirán los jueces Caicedo, Guillén y Rojas.

Como procesado no recurrente asistió a la audiencia de manera presencial Carlos Alvear, abogado del expresidente Rafael Correa. El exmandatario mantiene, por el plagio de Balda, un llamado a juicio que está en suspenso, y no ha podido concretarse pues este delito no se puede juzgar en ausencia, ya que él se encuentra desde mediados del 2017 radicado en Bélgica.

Mientras tanto, Pablo Romero participó en la audiencia de apelación por vía telemática, desde el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, ubicado en el norte de Quito. (I)