Jueces del caso Triple A buscan fechas para instalar audiencia de juicio y resolver pedidos para revisar las medidas cautelares de Aquiles Alvarez y denunciante del caso Goleada

El Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A pide a la secretaría de la sala anticorrupción que emita la certificación de agenda para las audiencias de revisión de medidas cautelares solicitadas y de juzgamiento que fue diferida por última vez el 30 de enero pasado. La solicitud busca que se pueda definir un bloque de tiempo de mínimo cuatro horas para la diligencia de revisión de medidas y de al menos quince días continuos para evacuar la etapa de juicio.Los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Gabriela Lara creen necesario que se determinen estos tiempos con la finalidad de garantizar la continuidad del juzgamiento, el debido proceso y la correcta administración de justicia. El pedido es parte de una providencia emitida la mañana del 11 de febrero pasado, documento en el que además se dispone que las solicitudes de revisión de medidas cautelares hechas por los abogados de los procesados José Cevallos y Fausto Vaca y por la Fiscalía en contra de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, sean conocidas en una misma diligencia. La fiscal Ruth Amoroso solicitó al Tribunal de Juicio, el 10 de febrero pasado, que defina una fecha para en audiencia fundamentar el cambio de medidas cautelares que pesan sobre Alvarez. El pedido se basaba en un parte policial emitido horas antes en el que se informaba que en un allanamiento dentro del caso Goleada se allanó la casa de Aquiles Alvarez y a él se le encontró sin el dispositivo electrónico definido como medida cautelar en Triple A, junto a la presentación periódica dos veces por semana.Tras el pedido de Amoroso, al expediente del caso Triple A ingresaron una serie de oficios sobre el tema del grillete electrónico, documentos que tenían origen en el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. “Al momento de ingresar al inmueble y llegar hasta el dormitorio en el que se encontraba el ciudadano Aquiles Alvarez se pudo visualizar que no se encontraba portando el grillete electrónico, constatando que se encontraba sobre el piso junto a la cama. Posteriormente, en presencia del señor fiscal procede a colocarse el dispositivo electrónico”, señala el parte del caso Goleada ingresado al expediente de Triple A. Para Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, no existe ningún incumplimiento de la medida cautelar dispuesta para su cliente. Según él, el alcalde no portaba su dispositivo porque lo estaba cargando, similar a cuando se carga un celular.“Las presentaciones periódicas, que son dos por semana, que se ordenaron en el caso Triple A se han cumplido a cabalidad, por lo tanto, no existe ningún peligro de evasión ni mucho menos. (...) Entiendo que mientras está cargándose el grillete es complicado dormir él pegado al enchufe”, refirió García, quien negó que hayan existido alertas sobre el dispositivo de vigilancia electrónico, asegurando que siempre su defendido estuvo con el grillete.Luego de García entrevistarse en el Complejo Judicial Norte, en Quito, con Aquiles Alvarez y antes de la audiencia de formulación de cargos en el caso Goleada, el abogado aseguró que su cliente “nunca dejó de usar el grillete” y mantenía puesto el dispositivo. Señaló que la información dada por la Fiscalía sobre que el procesado fue encontrado sin el grillete “raya en delictivo”. Actualmente en el caso Goleada, en el que se investiga a once personas por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, Aquiles Alvarez recibió medida cautelar de prisión preventiva y fue ingresado en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga. Por otro lado, José Ricardo Cevallos, procesado en Triple A que solicitó que se revisen sus medidas cautelares, se quedó sin abogado en las últimas horas. El abogado Javier Rojas García explicó a los jueces que de manera extraoficial tuvo conocimiento de que su cliente se habría presentado ante la Fiscalía “en calidad de cooperador eficaz”, dentro de un caso vinculado con hechos que guardan relación con su procesamiento en Triple A.“He intentado comunicarme con el referido ciudadano a fin de obtener una aclaración directa de estos hechos; sin embargo, no he recibido respuesta alguna (...). Esta circunstancia, de la cual me he enterado por información difundida en medios de comunicación y redes sociales, no es compartida por quien suscribe. Por lo antes expuesto, y por resultar contrario a mis principios y ética profesional, al no compartir el uso de este tipo de herramientas jurídicas de las cuales ha hecho uso José Ricardo Cevallos Avellán, en el marco de mi ejercicio como abogado litigante, desisto de continuar como su abogado defensor en la presente causa”, señala el escrito del abogado Rojas. Según Carlos Soria, abogado de Pablo Pita, uno de los once acusados dentro del caso Goleada, Ricardo Cevallos no es ningún cooperador eficaz en la causa por una supuesta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, pero sí aparece en Goleada al ser quien pone la denuncia para que arranque la investigación y entregó dos teléfonos y una computadora.Para el abogado, por el momento lo que hay son versiones y no hay nada que soporte la acusación de la Fiscalía. Desde su perspectiva, este es un show político armado para meterle preso al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y está arrastrando a otras personas. Respecto de lo encontrado en los equipos electrónicos facilitados por Ricardo Cevallos, quien habría sido gerente financiero del Grupo Alvarez, Soria dice que son solo chats que no demostrarían nada de peso para la causa, sino ciertas conversaciones sobre contratos y facturas. En el denominado caso Triple A se encuentran llamadas a juicio como autores y coautores 16 personas naturales y seis personas jurídicas (empresas), quienes son acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.El viernes 30 de enero último, el Tribunal Anticorrupción a cargo de la etapa de juzgamiento de Triple A decidió dejar sin efecto la convocatoria para la audiencia de juicio definida para el 31 de enero. La razón: la defensa de la empresa procesada Fuelcorp S. A. solicitó a la sala que ampliara y aclarara la decisión que negó una nulidad planteada por ellos. Esto generó que los jueces trasladaran a los sujetos procesales el pedido para que se pronuncien antes de ellos resolver lo que en derecho corresponda. La decisión de los jueces hizo que por tercera ocasión no se instalara el juicio en la fecha determinada. La etapa de juicio en el caso Triple A debió arrancar el 21 de enero de 2026, pero por decisión de quienes integraban el tribunal adelantaron la fecha al 24 de diciembre de 2025. El argumento del tribunal de ese momento era la aplicación del principio de celeridad y una vez que se habría revisado la disponibilidad de la agenda del Tribunal de Juzgamiento. Finalmente, la audiencia de finales de diciembre fue declarada fallida debido a la ausencia por enfermedad de dos abogados de los procesados. El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las 16 personas naturales y las seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Carlos Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y hoy fiscal general encargado. La Fiscalía pidió que sean llamados a juicio como autores del delito investigado diez personas naturales, entre las que está el alcalde Aquiles Alvarez, y seis empresas; mientras que otras seis personas fueron acusadas en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos.En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas y empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en esta causa se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina. A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero. (I)

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