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Tres acusados de delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales conocerán el 14 de abril próximo su sentencia

La fiscal general Diana Salazar solicitó que a los tres procesados por delincuencia organizada se les defina una pena de nueve años y tres meses de cárcel.

Los jueces Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), darán el próximo 14 de abril a conocer su resolución de forma oral en el caso por delincuencia organizada relacionada al hospital de Pedernales. Foto: Cortesía

Tanto la fiscal general Diana Salazar como las defensas de Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, acusados de ser parte de una organización para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de Pedernales, esperan que los jueces Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), valoren correctamente la prueba presentada en cuatro días de audiencia de juicio por el delito de delincuencia organizada.

La diferencia está en que la fiscal Salazar lo busca para que se dé paso al pedido que hizo de que se imponga a los tres procesados la pena máxima de 9 años y 3 meses, por ser los supuestos autores directos al colaborar con la organización; mientras que los abogados de los acusados creen que se debe dar esa correcta valoración en el Tribunal para que se declare inocentes a todos.

Fiscal general Diana Salazar pide la pena máxima para los tres procesados por delincuencia organizada relacionada al caso hospital de Pedernales

El Tribunal suspendió la diligencia la tarde del martes último y entró en una fase de deliberación antes de entregar su resolución. Las partes procesales fueron convocadas para el 14 de abril próximo, a las 08:30, para reinstalar la audiencia en la que únicamente se conocerá de forma oral la resolución adoptada por los jueces de la Corte Nacional.

El martes último, en el cuarto día de audiencia de juzgamiento, Salazar en su alegato de cierre insistió en que los procesados adecuaron su conducta para colaborar y cometer el hecho delictivo, formaron parte de la estructura delincuencial investigada y cometieron delitos penales que superan los cinco años de sentencia.

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Erick Huilca, abogado de Calderón, parte de que la Fiscalía prescindió de la mayoría de los testigos que había anunciado para decir que, a su criterio, no se va a justificar la responsabilidad de su cliente con respecto al cometimiento del hecho. Él dice que lo que sí se ha justificado en la audiencia es la responsabilidad de quienes se han sometido al procedimiento abreviado en esta misma causa.

Huilca se refiere a las sentencias emitidas contra el exasambleísta Daniel Mendoza, de cuatro años y dos meses de cárcel; a los 34 meses de prisión contra el exasesor en la Asamblea Jean Benavides; el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo; el contratista Franklin Calderón; el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y los 40 meses de cárcel para Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público José Santos.

Edwin Romero, defensa de Cruz, mantiene con Huilca una coincidencia en los argumentos de su defensa. Ambos aseguran que sus defendidos, quienes fueron funcionarios del Secob, pusieron en conocimiento de las autoridades de esa institución las arbitrariedades, las irregularidades que se estaban dando por otros funcionarios del Secob.

Información del caso hospital de Pedernales deja elementos para que Fiscalía investigue otros delitos

Según Huilca, Calderón advirtió que el Consorcio Pedernales-Manabí no cumplía con el patrimonio para ser contratado, pese a ello, la Comisión Técnica del Secob —quienes tenían voz y voto en el proceso— habría decidido recomendar la contratación a la máxima autoridad. El abogado asegura que fue Jorge Jalil, quien es procesado en este caso y era el subdirector del Secob, el que pese a todas estas advertencias decidió firmar el contrato con el Consorcio Pedernales-Manabí.

“Para mí es asombroso y da vergüenza escuchar el reparto de dinero que ha existido, el dinero del pueblo ecuatoriano que fue direccionado para la construcción del hospital Pedernales. Me da mucha pena que asambleístas se encuentren involucrados y hayan aceptado su grado de responsabilidad y participación en esta organización delincuencial (...) Estoy de acuerdo con la Fiscalía en que se pida una pena para estos delincuentes; con lo que no estoy de acuerdo es que se involucre a personas inocentes”, apuntó Romero.

En este caso se mantienen como prófugos de la justicia el exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector Jalil. Contra ambos no solo existe una orden de prisión preventiva vigente, sino que mantienen un llamado a juicio en suspenso, debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.

La Fiscalía, además de la pena máxima de cárcel, pidió para los tres procesados que paguen una parte proporcional de los $ 8 millones dispuestos como reparación integral para el Estado, que cancelen una multa de 20 salarios básicos unificados y, como medida de reparación simbólica, que publiquen la sentencia de este caso en la página web del Secob y en dos medios de difusión masiva de las provincias de Pichincha y Manabí. (I)

Redacción
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