Tras 18 años, lucha de exempleados del BCE se mantiene en cortes

Han pasado casi 18 años desde aquella tarde de febrero en que delegados del Banco Central del Ecuador (BCE) tocaron la puerta de la casa de Porfirio Vera y le dieron a su hijo su carta de despido. “Me acuerdo tanto. Fue el lunes 9 de febrero, yo trabajé hasta las cuatro de la tarde y a eso de las seis vinieron a dejarme la carta en la casa, se la dieron a mi hijo de 12 años. ¡Qué impacto para un chico que le digan que su padre se queda sin trabajo!”, recuerda Porfirio , un exempleado del Departamento de Seguridad del BCE.Porfirio tenía entonces 42 años. Llevaba 17 años de trabajo. “No tuvieron consideración, incluso quedamos debiendo al fondo de pensiones del banco, que nos hacía préstamos. El Banco Central nos corrió juicio coactivo, cuando ellos no tenían por qué haber seguido el juicio coactivo, porque esa plata no era del banco, sino del fondo de pensiones, que era privado”, cuenta hoy este extrabajador . “Eso nos afectó bastante. A mí me embargaron el carro, me bloquearon la cuenta, me embargaron una casa; a un compañero le vendieron la casa”, comenta. Ese fondo de pensiones, explica la abogada Djalma Blum, quien representa a un grupo de 158 trabajadores, fue uno de los fondos cerrados por el expresidente Rafael Correa . “Los fondos de aportaciones produjeron mucho rendimiento en todo el tiempo de existencia. Ese dinero el Banco Central no lo reportó en esos estados financieros, y la Contraloría determinó un faltante de más de $ 80 millones”, señaló Blum. Porfirio y otros 294 funcionarios fueron despedidos antes de tener derecho a su jubilación, en febrero del 2004 . Desde entonces, un grupo de 33 extrabajadores inició una lucha administrativa y judicial que va para dos décadas y en la cual la justicia les ha dado la razón más de una vez. En 2008, la Superintendencia de Bancos dispuso la cancelación de indemnizaciones a los excolaboradores, que entonces ascendía a $ 80 millones . En 2019, una sentencia judicial les concedió una acción de protección a 33 extrabajadores, declarando la vulneración de los derechos al debido proceso y al trabajo. Se dispuso, además, dejar sin efecto el despido, el reintegro a sus funciones y, si el cargo fue suprimido, una indemnización y el pago de las remuneraciones no recibidas, como reparación integral. El Banco Central y la Procuraduría apelaron la decisión, pero en agosto de 2021 el tribunal lo rechazó. Dos meses después, otros 118 extrabajadores despedidos se adhirieron al proceso para acogerse a la sentencia, siguiendo así la disposición del juez . Ante esto, el Banco Central interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero fue inadmitida. Se dispuso que en 72 horas se informe el cumplimiento de la sentencia y la reparación ordenada, y se ratificó que la sentencia alcanza al resto de extrabajadores . En noviembre pasado, el Banco Central interpuso nuevamente una acción extraordinaria de protección, que esta vez sí fue admitida y que motivó a que la institución contrate este mes una firma de abogados para seguir el litigio .Pero Porfirio, después de tanta espera, tiene dudas. “Tengo otra vida, otro trabajo, ya mismo me voy a jubilar, soy profesor. Cuando salí del Banco retomé mi profesión”, dice al recordar la depresión en que cayeron los extrabajadores. Algunos se enfermaron, otros —cuenta— se quitaron la vida. (I) El Banco Central del Ecuador (BCE) reconoce que debe cumplir la resolución judicial dictada en 2019 que ordena el pago a los 33 extrabajadores desvinculados hace casi 18 años. Sin embargo, el BCE busca evitar que otros 118 exempleados se acojan a los beneficios que dicta la sentencia para no solo los 33 exfuncionarios, sino todos los que reúnan las mismas condiciones . Con ese propósito, el BCE seleccionó en diciembre pasado al estudio jurídico Durini & Guerrero Abogado para que lo represente en la defensa de esta causa .El bufete propuso, según se detalla en el proceso, la presentación de alegatos y escritos para que la Corte Constitucional admita una acción extraordinaria de protección, suspenda la ejecución de la resolución de octubre de 2021, y así evitar que los otros 118 excolaboradores del Banco sean incluidos como beneficiarios de la sentencia de 2019. Hasta el cierre de esta edición, el BCE no atendió a este Diario. Sin embargo, en los documentos para la contratación del bufete, el BCE señala que la situación jurídica es compleja , pues “se ha constatado la adhesión de 118 exfuncionarios del Banco Central, quienes por el efecto inter comunis declarado en la sentencia de primera instancia, pretenden acogerse a los efectos de la referida sentencia”. Esto implicaría para la entidad “el pago de millonarias sumas de dinero en función de una supuesta violación de derechos constitucionales” .Las razones económicas de la separación de los empleados se basaron, señala el Banco en el proceso, en la política de “austeridad” del directorio del Banco, que tuvo un recorte del 40 % de su presupuesto en el año de los despidos (2004).En la defensa de este caso, contratada por $ 30.000, participarán los expertos Juan Guerrero, Emilio Suárez y Xavier Palacios. Los dos primeros son socios de la compañía, que tiene once años de creación y registró ingresos por $ 1,6 millones en 2020. (I)

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