Testigos del juicio político al CPCCS alertan de conflictos de intereses e incumplimiento de funciones cometidos por consejeros

En el segundo grupo de comparecencias dentro del juicio político a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS ), las revelaciones de los testigos se enfocaron en la forma en que fue destituido Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura y un conflicto de intereses en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias, con el expresidente del CPCCS Christian Cruz.La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sustancia el pedido de interpelación planteado en contra de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, David Rosero, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos.La solicitud del juicio la plantearon cuatro asambleístas de la bancada de Pachakutik: Ricardo Vanegas, José Chimbo, Ángel Maita y Mireya Pazmiño. De este grupo Pazmiño no asistió a la primera sesión de la mesa, a la que concurrieron siete testigos de los hechos que se cuestionan. Las comparecencias concluirán el próximo 27 de octubre.Freddy Viejó González, coordinador general de asesoría jurídica del CPCCS, reconoció que emitió el informe jurídico en el que recomendó que se proceda a remover a Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura.Lo que generó su informe, añadió el asesor jurídico, fue la carta que envió el 20 de abril de 2021 el exministro del Trabajo Andrés Isch al CPCCS, en la que da cuenta de que Fausto Murillo tenía una inhabilidad para ejercer cargo público; por lo tanto, dijo, había una petición expresa para removerlo.Que basado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, que se refiere a la remoción de los servidores públicos impedidos de ejercer el cargo, se recomendó la remoción por parte de la autoridad nominadora con la advertencia de que si no lo hacían los consejeros del CPCCS podrían ser removidos.Tanto el exministro del Trabajo Andrés Isch como el coordinador jurídico, Freddy Viejó, señalaron que la remoción de Murillo es responsabilidad del pleno del CPCCS , que ellos solo emitieron un criterio.Cuando el legislador Ricardo Vanegas preguntó a Viejó si en la Constitución existe una facultad del CPCCS para remover funcionarios, evadió la respuesta. Pero el legislador interpelante remarcó que en el numeral 12 del artículo 208 de la Constitución, referente a los deberes del CPCCS, se señala que solo puede designar a los miembros del Consejo de la Judicatura, no remover. Vanegas comentó que el CPCCS no tiene el control sobre los vocales de la Judicatura y que su remoción solo puede darse mediante juicio político, por lo tanto, añadió que se comprueba el incumplimiento de funciones de los consejeros Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Javier Dávalos, quienes aprobaron la remoción de Murillo el 23 de abril de 2021. Durante las comparecencias también se aclaró que el vocal Fausto Murillo cobró una indemnización de $ 30.600 porque terminó su carrera judicial, pero los vocales del Consejo de la Judicatura no son parte de la carrera judicial, en consecuencia, Murillo no tenía impedimento legal para ejercer el cargo. El actual ministro del Trabajo, Patricio Donoso, explicó a la Comisión lo que es un funcionario de carrera de la Función Judicial y afirmó que los vocales del Consejo de la Judicatura principales y suplentes no pertenecen a la carrera judicial, por lo tanto, afirmó que Fausto Murillo no tenía impedimento para ejercer el cargo de vocal de la Judicatura. Posteriormente, en la comparecencia, el vocal Fausto Murillo reconoció que fue víctima de las decisiones adoptadas por el CPCCS y, en razón de ello, recibió una sentencia de la Corte Constitucional que fue la devolución de los sueldos que dejó de percibir y la restitución del cargo. Murillo relató que no tuvo conocimiento oficial del pedido del exministro Andrés Isch, que no fue notificado del informe jurídico del CPCCS, que era una reproducción del oficio del exministro Isch. Por lo que nunca le dieron el derecho a la defensa. Dijo que el acucioso exministro del Trabajo tuvo alguna conexión o algo se cocinó mientras en la Asamblea Nacional se seguía un juicio político en contra del exsecretario del Estado, y especuló que talvez uno de esos ingredientes era Fausto Murillo fuera de la Judicatura. Pablo Iglesias Paladines, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, también compareció ante la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político a los consejeros del CPCCS y reveló que hizo consultorías para una empresa vinculada al expresidente del CPCCS Christian Cruz. Reconoció la prueba que expusieron los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, de que en el currículum que presentó para ser candidato a superintendente incluyó información sobre los trabajos de consultoría a favor de la empresa de Cruz. Por lo tanto, el asambleísta Vanegas preguntó: Si Christian Cruz era el presidente del CPCCS y Pablo Iglesias trabajaba directamente o indirectamente en la empresa en la cual Cruz era accionista, ¿cómo es que logró pasar todos los filtros hasta llegar al momento de su designación? Cuando Cruz dejó de ser presidente del CPCCS, los siete consejeros decidieron designar a Iglesias, y al hacerlo violaron el conflicto de intereses, concluyó Vanegas, interpelante en este caso de fiscalización.Lo que queda claro en este proceso, añadió, es que en las dos causales presentadas dentro del juicio se logró determinar que con la declaración del vocal de la Judicatura Fausto Murillo se violaron sus derechos constitucionales cuando una mayoría del CPCCS lo removió ilegítima, abusiva y arbitrariamente, violando el artículo 208 numeral 12 de la Constitución.Los consejeros acusados no pueden decir que en el momento que ellos tomaron la decisión de remoción de Murillo era legal, pues ellos tenían la obligación de revisar en la Constitución cuáles eran las facultades que tenían, y constitucionalmente, los consejeros del CPCCS, no pueden remover a ninguna autoridad que designen, porque esa es una facultad privativa de la Asamblea Nacional a través de un juicio político, remarcó el interpelante de Pachakutik.Respecto de la segunda causal, con la declaración de Pablo Iglesias quedó claro que en el currículum que él presentó para ser designado superintendente de Ordenamiento Territorial incluyó que era consultor de la empresa en la que Christian Cruz, expresidente del CPCCS, es accionista.Y que el Comité de Calificación de candidaturas sabía que Iglesias era colaborar de Cruz, y nadie dijo nada. Y cuando la designación llegó a manos del Consejo de Participación, los vocales tenían la obligación de revisar si los que participaron como candidatos tenían algún conflicto de interés con uno de los consejeros. (I)

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