El pleno de la Asamblea Nacional tendrá que resolver si se suspenden o no los plazos y procede a nombrar a nuevos interpelantes dentro del juicio político en contra del exministro de Energía René Ortiz, acusado de incumplimiento de funciones.

Así lo aprobó la Comisión de Fiscalización al conocer el criterio no vinculante de la Secretaría General de la Asamblea respecto a la consulta que hizo la comisión sobre la ausencia de interpelantes en ese proceso que se inició el 12 de mayo y que fue notificado al funcionario un día antes de la clausura del anterior periodo legislativo.

Ortiz fue acusado por los asambleístas Mercedes Serrano y Dennis Marín (PSC) de incumplimiento de funciones en la contratación de los seguros para Petroecuador y por falta de control en las liquidaciones jubilares de los trabajadores de las empresas públicas eléctricas del país. Los dos interpelantes perdieron su calidad de asambleístas, por lo que existe un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto al procedimiento que debe aplicar la Comisión de Fiscalización ante la ausencia de los acusadores.

Juicio político en contra del exministro de Energía René Ortiz se quedó sin interpelantes

La secretaria de la Comisión de Fiscalización certificó que insistió dos veces a la presidencia de la Asamblea Nacional y a la Secretaría General para recibir la información en el archivo físico y archivo digital sobre los casos pendientes y casos tramitados en la comisión, pero que no ha recibido una respuesta que permita acceder al archivo.

Que el secretario general ha señalado que el anterior secretario de la Comisión de Fiscalización no remitió al archivo general todos los casos solicitados; y que por correo electrónico se recibió la información de dos juicios respecto al juicio político al exministro René Ortiz, y de la solicitud de juicio al contralor del Estado, Pablo Celi.

En el análisis realizado por la coordinación jurídica de la Asamblea se señala que la falta de documentación proporcionada de manera formal por parte de la secretaría relatora de la Comisión de Fiscalización del periodo 2019-2021 se enmarca dentro de la causa de fuerza mayor o caso fortuito en los términos establecidos en el artículo 30 del Código Civil; y con la finalidad de garantizar el debido proceso, es procedente la suspensión de plazos, para lo cual se recomienda la suscripción de una resolución del seno de la Comisión de Fiscalización.

Con esta suspensión de plazos se permitiría que nuevos interpelantes se posesionen; por lo tanto, la coordinación general de asesoría jurídica recomienda acogerse a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se someta a consideración del pleno de la Asamblea Nacional, y de entre los legisladores escoja y apruebe a los nuevos interpelantes del exministro de Energía René Ortiz. (I)