Con una resolución y sin debate, 79 asambleístas de Gobierno, sus aliados independientes y del movimiento Pachakutik desconocieron lo aprobado y reconsiderado en la sesión del 13 de mayo pasado respecto de la designación de la terna de la Asamblea Nacional para que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) elija a su vocal del Consejo de la Judicatura.
En medio de una incidentada sesión plenaria que incluyó la apelación de la presidencia de Niels Olsen, la legislatura dejó sin efecto lo votado en esa fecha, un día antes que se instale el actual periodo legislativo.
Esa terna fue aprobada con 75 votos y estuvo integrada por Iván Montero López, Yolanda Salgado Carrión y Ángel Romero Estévez. El mismo 13 de mayo fue notificado con la resolución el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.
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La conformación de esa terna empezó el 30 de diciembre de 2024, cuando la Asamblea Nacional con 86 votos nombró a Pablo Villagómez, Yolanda Salgado y Ángel Romero.
Pero Villagómez, tras ser nombrado en los audios del exconsejero de Participación Augusto Verduga, en el caso Liga2, renunció a su postulación el 21 de abril de 2025, por lo que el CPCCS pidió al Legislativo que la complete. Eso lo hizo el 13 de mayo de 2025 y reemplazó a Villagómez por Iván Montero.
Tres semanas después, este 5 de junio de 2025, y en el nuevo periodo legislativo, por pedido del asambleísta de ADN Henry Bósquez se incluyó el tema en el orden del día de la sesión n.º 008.
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La inclusión de este pedido tuvo inconvenientes. En un primer llamado, al gobierno le faltaron tres votos, pero tras los forcejeos y negociaciones con Pachakutik, Bósquez planteó la rectificación de la votación, lo cual llevó al correísmo a apelar la presidencia, pero este pedido solo se atendió luego de terminada la votación. La apelación no pasó.
El único que intervino para fundamentar el pedido de dejar sin efecto lo resuelto el 13 de mayo pasado fue el proponente Henry Bósquez, quien dijo: “Después de una revisión técnica y jurídica, he podido determinar que no se ha cumplido con lo que determina la ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 9, numeral 20, que dice lo siguiente: ‘Conocer y resolver sobre todos los temas que se pongan a su consideración a través de resoluciones o acuerdos de conformidad con esta ley’”.
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Bósquez aseguró que la “vieja Asamblea”, liderada por la anterior presidenta (Viviana Veloz), en su desesperación envió en los últimos días de su gestión la terna de vocales del Consejo de la Judicatura, la cual beneficia a un grupo político y a sus aliados; y que el 13 de mayo pasado se actuó a espaldas del país. “Nosotros, los legisladores, no podemos permitir que el debido proceso sea pisoteado”.
Dijo que el 3 de junio pasado pidió a secretaría general una certificación respecto de si ha existido alguna resolución sobre la designación de la terna para vocales del Consejo de la Judicatura.
Y el certificado menciona que no ha existido la resolución o acuerdo alguno en las sesiones del 12 de mayo y su reinstalación de 13 mayo del 2025.
Seguidamente, Bósquez solicitó “dejar sin efecto lo mocionado y votado en la sesión n.º 1.027 del 13 de mayo del 2025 respecto del punto del orden del día, que tuvo por objeto conocer y resolver respecto del artículo 3 de la resolución del CPCCS”.
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Fundamentado el pedido, Olsen dispuso la votación en medio del reclamo de los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y del Partido Social Cristiano (PSC), que pretendían debatir.
Tras el llamado de votación se certificó que la resolución de Bósquez, obtuvo 79 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor representan a ADN y sus aliados, y siete legisladores del movimiento Pachakutik.
Cuando se aprobó la terna el 13 de mayo pasado, las legisladoras Cecilia Baltazar y Carmen Tiupul votaron a favor de la terna que fue remitida al CPCCS, pero tres semanas después reconsideraron su posición y con su voto echaron abajo la resolución.
‘Precedente nefasto’
Tanto el sector del correísmo como los socialcristianos señalaron que, con lo resuelto, se ha sentado un mal precedente en la política ecuatoriana, pues se debilitaron los procedimientos legislativos y con una sola resolución se desconoció lo aprobado y reconsiderado en una anterior sesión e incluso aprobado en otro periodo legislativo.
“¿Qué sucedería si el día de mañana cambia la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional? La nueva mayoría podría revisar y echar abajo no solo la elección del presidente de la legislatura, Niels Olsen, sino cualquier aprobación de un proyecto de ley o resolución tomada", coincidieron sus dirigentes.
El legislador Otto Vera (PSC) indicó que el argumento usado por ADN, que la terna fue nombrada por la “vieja Asamblea”, no procede y no tiene base jurídica. En la normativa ecuatoriana no existe la posibilidad de que mediante resolución se deje sin efecto otra resolución que fue aprobada y reconsiderada, dijo.
Vera advirtió que nombrar una nueva terna generará un conflicto jurídico, pues la Asamblea Nacional no podrá nombrar algo que ya existe, y los miembros de la terna podrán interponer acciones legales.
María Gabriela Molina (RC) calificó la resolución del pleno como una aberración jurídica, pues “se pretende avasallar con la fuerza de los votos, lo que la razón y la ley no le otorgan al cambio en el orden del día”.
La resolución adoptada el 13 de mayo por la Asamblea Nacional fue notificada al CPCCS y está en firme, y la nueva Asamblea pretende dejar sin efecto algo que ya no está “dentro de nuestras facultades”, expresó
Molina alertó de que se sienta un precedente nefasto para la política, la democracia y la justicia, pues “si el día de mañana cambia la correlación de fuerzas en la Asamblea vendrán más revisiones a distintas ternas que son de su conocimiento”, anotó.
La bancada de la Revolución Ciudadana analizará la posibilidad de acudir o no a la Corte Constitucional.
Del lado del oficialismo, en tanto, no hubo declaraciones para la prensa. Los legisladores salieron del recinto por la puerta lateral. (I)
