Dos años y siete meses han pasado desde que en el caso Vocales se llamó a juicio, por el delito de tráfico de influencias a los exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya, y la etapa de juzgamiento sigue sin tener una fecha de instalación.
El último diferimiento se dio el 23 marzo pasado a solicitud del fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón. El titular de la Fiscalía le explicó a los jueces que integran el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que para esos días de la convocatoria él se encontraba en la audiencia preparatoria de juicio del caso Liga2, también en la CNJ, pero ante la jueza Daniella Camacho. Ese hecho, aseguró, le obligaba a solicitar que se señale un nuevo día y hora para la diligencia.
Por al menos una decena de ocasiones se ha diferido la diligencia. Inasistencias, pedidos de diferimiento de última hora desde los procesados, la falta de notificación a uno de los jueces parte del Tribunal de Juzgamiento y, ahora, una solicitud de diferimiento desde Fiscalía, entre otras, están entre las razones por las que no se ha instalado el juicio.
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La investigación de este caso arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del entonces vocal Morillo, quien en presencia de la también a ese momento vocal Barreno, pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.
Los hoy exvocales Barreno y Morillo fueron llamados a juicio como coautores del delito de tráfico de influencias; mientras que Jhayya, como cómplice. La causa ha pasado por manos de tres fiscales generales: empezó con Diana Salazar, continuó con Wilson Toainga y ahora Carlos Alarcón deberá sustentar en audiencia la acusación de Fiscalía.
La procesada Maribel Barreno en un escrito ingresado a la sala presidida por el juez penal de la CNJ Rodrigo Sarango, sostiene que con mucha expectativa esperaba la convocatoria a la audiencia de juicio para el 23 de marzo pasado, pues, recordó, desde la última convocatoria había transcurrido alrededor de un año y medio.
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“Entiendo que el diferimiento actual se debió a imponderables que no son responsabilidad de nadie, empero no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la celeridad en la especie y la necesidad que mi situación jurídica sea resuelta. Ruego se digne en fijar día y hora para la audiencia de juicio pendiente”, anotó Barreno, quien, al igual que el exvocal Morillo, se encuentra presentándose periódicamente con medida cautelar.
La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión por parte de un medio digital de una grabación del 15 de junio de 2022, en la que se daba cuenta de una conversación entre los vocales del CJ y el entonces presidente de la Corte de Pichincha sobre una acción de protección interpuesta por la a ese momento presidenta Llori para mantenerse en el cargo.
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La teoría del caso de Fiscalía señala que el 2 de junio de 2022, los vocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo, en la calidad de presidente de la Judicatura encargado, y la vocal Maribel Barreno, junto con el juez provincial Vladimir Jhayya y otras personas, se habrían reunido en un edificio particular, ubicado en el norte de Quito.
En esa reunión se habrían tratado los detalles de la apelación a la sentencia de acción de protección planteado por la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, quien, con la finalidad de conservar su cargo, ante la Corte de Justicia de Pichincha. Esta causa llegó a conocimiento del Tribunal Tercero de Sala de la Familia de esa Corte, en el que uno de los jueces integrantes era Gustavo Osejo, en esos días presidente de la Corte de Pichincha.
Los vocales Morillo y Barreno habrían convocado a los jueces a mantener esta reunión fuera de las dependencias de la Judicatura y solicitaron directamente a Gustavo Osejo, magistrado provincial que debía conocer la apelación de la acción de protección, “resuelva favorablemente el recurso y en el menor tiempo posible”.
En estas acciones, el juez Jhayya habría dado las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trata de una oficina del vocal Juan José Morillo y quien incluso aportó con argumentos que se podrían señalar en la motivación del fallo, de acuerdo con el pedido de las autoridades del Consejo de la Judicatura.
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Los enjuiciados podrían enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión, tal como lo establece el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del tráfico de influencias. (I)
