El pleno de la Asamblea Nacional convocó a Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; Edmundo Moncayo, director del Servicio Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), y Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, para informar sobre el estado de los centros de privación de libertad a nivel nacional. De manera virtual se llevó a cabo la sesión 695 de la Asamblea Nacional desde las 11:00 del lunes 1 de marzo de 2021.

Con 84 votos afirmativos, un negativo, 38 abstenciones y un boto blanco, se aprobó el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Rodrigo Collaguazo con respecto a la situación carcelaria. Entre los cinco puntos que contiene esta resolución, se exige al presidente Lenín Moreno la destitución de las tres autoridades que el pleno convocó a comparecer, sumado a Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.

En la resolución también se exhorta al Ministerio de Finanzas a destinar los recursos necesarios para controlar la situación crítica que afrontan los centros de privación de libertad del país.

79 fallecidos se registraron en tres Centros de Rehabilitación Social

“Ecuador debe declararse en emergencia nacional del sistema de rehabilitación social”, dijo César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, quien pidió que se destinen los recursos necesarios para mejorar el sistema y que se disponga una mesa interinstitucional para proponer modelos que mejoren el control y rehabilitación en las personas privadas de la libertad (PPL).

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El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, desde la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional expuso sobre el fortalecimiento que han tenido las organizaciones criminales. Especialmente nombró a la banda Los Choneros como la de mayor control en las economías ilegales en el país y con pugna por el poder dentro y fuera de las cárceles.

Según cifras del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional en 2020 decomisó 128 toneladas 432 kilos de droga. Entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2020 se habían detenido 16 toneladas; en ese mismo tiempo, de este año, se han decomisado 22 toneladas 629 kilos de droga.

Pazmiño rechazó la existencia de un pacto entre el Gobierno y José Luis Zambrano, líder de Los Choneros o con otra organización delictiva. También puntualizó que antes de la prelibertad de Zambrano fue el Ministerio de Gobierno el que ingresó la queja al Consejo de la Judicatura, advirtiendo el riesgo de actos como los que se dieron el pasado 23 de febrero y que concluyeron con 79 personas fallecidas.

Otro de los problemas, dijo el ministro Pazmiño en las cárceles del país es la cantidad de presos. Entre sus cifras informó que la cantidad de personas privadas de la libertad desde 2008 al 2021 ha aumentado a más del doble.

Según información de la SNAI, actualmente existen 38.693 PPL y la capacidad de 37 centros de rehabilitación social (CRS) y 11 centros de infractores adolescentes abastece para 29.897 personas. El ministro informó que existen 8.796 presos en sobrepoblación de los centros carcelarios.

Los mayores delitos por los que han sido detenidos son los relacionados con el tráfico de drogas con el 27 %, delitos contra la propiedad 26 %, delitos contra la integridad sexual y reproductiva 16 % y delitos contra la inviolabilidad de la vida 13 %. Asociación ilícita y delincuencia organizada ocupa el 4 % de los delitos cometidos.

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El ministro informó sobre la necesidad de una ley orgánica para el régimen penitenciario. “Hay que darles carrera, no como funcionario público”, dijo Pazmiño. En los temas de hacinamiento pidió que se ponga en análisis sobre las medidas sustitutivas, ya que la prisión preventiva ha abarrotado estos centros. “Las medidas sustitutivas deberían ser para las personas que no representan un peligro para la sociedad para dar un respiro al sistema penitenciario”, añadió.

Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, dijo en su comparecencia que los secuestros, agresiones a policías o retenciones a guías penitenciarios como la de este lunes 1 de marzo se deben a la impunidad del sistema. “Hasta el momento no hay sanciones a los PPL que han sido identificados”, dijo, refiriéndose a los reos que formaron parte de las riñas registradas el 23 y 24 de febrero.

Carrillo indicó que, por el trabajo realizado en los ingresos a las cárceles, se decomisó una bazuca que intentaron llevar a uno de estos centros. Además, dijo que tuvieron una alerta de armas, el lunes 22 de febrero, un día antes de la riña entre los PPL. Sobre el debilitamiento del sistema carcelario, expresó que es difícil trabajar bajo la presión que reciben los guías desde organizaciones criminales.

Edmundo Moncayo, director del SNAI, expuso ante los legisladores que él está en calidad de secretario, “con voz y sin voto”. Entre las razones de la crisis en los CRS del país dijo que se ha incrementado la población carcelaria debido a la prisión preventiva.

Añadió que también se debe a la disminución en el presupuesto anual. En 2019 contaron con $98 millones de presupuesto, en 2020 el presupuesto llegó a un 43 % menos. Es decir, 55 millones de dólares. En 2021 se ha destinado un aumento de 8 millones, “que realmente es nada”, dijo Moncayo.

Finalmente refirió que es urgente contratar y capacitar más personal y duplicar el presupuesto, que ha sido el más bajo en toda la década. Resaltó el trabajo realizado por los actuales guías penitenciarios que habrían impedido conatos de motines en otros centros de privación de la libertad.

“Las fallas del sistema que hoy nos convocan son más de una, no se puede tapar el sol con un dedo”, citó Moncayo. Además, informó que tiene 58 agentes de seguridad penitenciaria por turno en el CRS de Cotopaxi, esto significa que cada agente debe custodiar a 90 personas privadas de la libertad (PPL). En la penitenciaría del Litoral el panorama es más grave, sostuvo, pues existen 40 agentes por turno. Es decir, cada agente debe custodiar a 240 PPL.

El asambleísta Rodrigo Collaguazo (AP) dijo que el problema se debe a la inseguridad ciudadana conducida por el Gobierno. “Los narcotraficantes se crean fuera de la cárcel, no dentro de ella”. El responsable es el gobierno del presidente Lenín Moreno por el recorte presupuestario, añadió.

César Rohón, asambleísta por Guayas del PSC, dijo que no es partidario de la destitución de autoridades. Además, expresó que no existe la rehabilitación social en estos centros y se está faltando a la Constitución de la República. Pidió declarar al sistema penitenciario en emergencia, que sea levantada cuando se implemente un plan estratégico para el manejo de los CRS.

“Hay que hacer reformas legales para el sistema penitenciario y penal para ir reparando sobre el camino”, dijo Rohón. También cuestionó sobre la posibilidad de rehabilitar otros centros de rehabilitación social como el antiguo penal García Moreno.

El asambleísta por Cotopaxi César Carrión pidió que las investigaciones de los asesinatos registrados en las cárceles lleguen hasta las últimas instancias.

Cristina Reyes dijo que apenas existen 60 trabajadores sociales, lo que hace preocupante la falta de un esquema de rehabilitación social en los reos. También pidió explicaciones al ministro de Gobierno sobre la eficiencia de los estados de excepción declarados en el sistema carcelario en 2019.

Javier Cadena solicitó al presidente Lenín Moreno el indulto para las personas que están en las cárceles por el cometimiento de delitos menores. Además, dijo que todo el trabajo que realizaban varios ministerios de manera conjunta se encargó a una secretaría y que por ello el sistema carcelario se encuentra completamente debilitado. (I)