Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez: ‘Violencia intrafamiliar, droga e inseguridad son causa y efecto; el trabajo empieza por la prevención de la violencia’

La Secretaría de Derechos Humanos, organismo que nació luego de la disolución del Ministerio de Justicia en el 2018 para promover y proteger los derechos humanos de forma integral desde el Estado, ahora se centra en dos de los problemas que más aquejan a la sociedad en los últimos años: las crisis carcelaria y la violencia contra las mujeres.

En entrevista con Diario EL UNIVERSO, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, detalla cuál es el papel que juega esta institución respecto a estos dos temas y considerando que la Secretaría asumió la presidencia del directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, y explica que la violencia intrafamiliar, las drogas y la inseguridad son problemas relacionados; por lo que el trabajo debe empezar por la prevención de la violencia.

¿Qué ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos respecto a la crisis carcelaria?

Desde la perspectiva de la Secretaría de Derechos Humanos hicimos una caracterización de las personas privadas de la libertad, no ver un número, sino a las personas. La primera conclusión a la que llegamos es que esta es una crisis del olvido del Estado de muchísimos años, que no se reducen a dos o tres periodos, sino de muchísimo tiempo. Un olvido del eje social del Estado. Una crisis institucional, en el 2018 se eliminó el Ministerio de Justicia y, producto de esto tenemos la crisis del sistema penitenciario que hoy ha cobrado la vida de más de 300 personas.

Se ha hablado de la creación de una política pública de rehabilitación social. ¿En qué va este proceso?

El 9 de octubre fui designada a la Presidencia del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, cuyo principal mandato es hacer la política pública del sistema nacional de rehabilitación social con el objetivo de que cada cartera de Estado del eje social cumpla con su rol en el sistema. La política la estamos trabajando con el apoyo de expertos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y está previsto presentarla para febrero del 2022. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo grande y este rato la política está en el 65 % avanzada. Hemos conversado con organizaciones de derechos humanos, familiares de personas privadas de la libertad, lo que nos queda pendiente es tener ya un trabajo técnico, entrevista técnica con las personas privadas de la libertad.

¿Y qué han encontrado en esa caracterización de la población privada de la libertad?

El 16,86 % de las detenciones que se dan son por violencia intrafamiliar o hacia la mujer y el 14,96 % es por drogas o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (...) Violencia intrafamiliar, droga y seguridad son tres problemas sociales que son causa y efecto y por donde hay que empezar a trabajar es en prevenir las violencia, porque hay niños que crecen en círculos de violencia.

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La muerte de la mujer trans en la Penitenciaría del Litoral es falta de esta política pública porque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que debe existir separación por orientación sexual...

Una política pública tiene que tener muchos enfoques y estamos garantizando un enfoque de diversidades y también de interculturalidad, generacional, niveles de peligrosidad. Más allá de esto, nuestras funciones en el directorio han consistido en la articulación de las funciones del Estado. Una de las tareas más importantes y significativas es ya caminar al censo penitenciario (...) En estos últimos hechos de violencia (el asesinato de 62 personas en la Penitenciaría del Litoral), la Secretaría instaló primeros auxilios psicológicos a los familiares, el reconocimiento en la morgue, el trámite del Registro Civil para la partida de defunción y la denuncia en la Fiscalía, también gestionamos los féretros. Había cinco casos aproximadamente de fallecidos que no tenían cédula, ese mismo momento, con las huellas dactilares se procedió a emitir una cédula de identidad y posterior a ellos una partida de defunción, son estas cosas que uno ve en pleno siglo XXI y que afecta al derecho de la persona que es el de la identidad.

¿Cuándo se inicia el censo penitenciario?

El primer pilotaje está previsto para el 15 de diciembre (...) Esto lo estamos trabajando con tres instituciones: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y el financiamiento viene por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tiene un costo aproximado de $ 155.000 a $ 200.000. Esperamos que (el censo total) se haga las primeras semanas o meses del 2022.

¿La idea de crear nuevamente el Ministerio de Justicia toma fuerza para solventar esta crisis?

En primer momento, a eliminación de un Ministerio de Justicia siempre es preocupante, porque este ministerio, en todos los países, se encarga de muchísimos temas, se trabaja lo que son los derechos humanos y el sistema de rehabilitación social (...) para nosotros, en este momento, lo prioritario es tener un SNAI fortalecido, con personal, la escuela de agentes penitenciarios, procesos y estructura. Cuando el Ministerio de Justicia se eliminó, se crearon las dos instituciones: Secretaría de Derechos Humanos y SNAI (...) esa separación correcta no se dio, el día de hoy hasta ahora tenemos problemas por esa decisión administrativa.

¿Qué pasa con las reformas legales por la crisis carcelaria, para cuándo las presentan?

La magnitud del problema requiere que el trabajo se haga desde varias instituciones. Desde la secretaría del directorio, constituimos una mesa técnica que se encarga de la política pública y aparte una mesa jurídica, que la estamos trabajando con la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública, y ya tenemos en borrador unas reformas para el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ahí están los plazos para revisar un expediente de beneficios penitenciarios (...) contamos con el apoyo del Programa para la Asistencia Contra el Delito (Pacto), es la única institución en el mundo que se ocupa de los sistemas penitenciarios hasta donde yo conozco y es financiado por la Unión Europea.

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¿Las reformas a las leyes como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para cuándo estarán listas?

Eso lo estaría liderando el Ministerio de Gobierno y, desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos hecho una propuesta sencilla, tres artículos del COIP, 672 y siguientes, porque el sistema nacional de rehabilitación social en el COIP es un enunciado, no dice ni quiénes lo integran ni las funciones que tienen. Es una crisis del olvido institucional.

Sobre la violencia contra las mujeres, en el anterior gobierno hasta se redujo el presupuesto para la prevención y el tratamiento, ahora sorprende que se destinen $ 24 millones. ¿De dónde sale el financiamiento?

De dónde sacó el Ministerio de Finanzas $ 24 millones no sé, es hacerle rendir al presupuesto. Cuando llegamos no había ni un centavo para prevención, no hay ni siquiera política pública para prevención.

¿En qué se van a invertir los $ 24 millones?

En los centros violeta que serán un espacio de articulación de las instituciones que intervienen en el primer momento de atención a la violencia, sumado al trabajo que hace sociedad civil y también a otras actividades que tenemos que anclarlas a las mujeres sobrevivientes de violencia para garantizar que no regresen al círculo de violencia. Y el porcentaje grande del proyecto se va a trabajar en primera infancia, educación, que los docentes que dan clases a niños y jóvenes tengan una perspectiva de mujeres y derechos, hay que trabajar en la sensibilización, el equipo humano, recibí una Secretaría de Derechos Humanos con la novedad que tenía 99 personas a nivel nacional para atender la violencia y que tenía zonas y provincias donde no tenía abogadas, psicólogas, ni trabajadoras sociales.

¿Hay zonas que se priorizarán?

Necesitamos urgente invertir y priorizar en zonas de frontera, la Amazonía, Guayas, Azuay, Pichincha.

¿Cuándo estará listo el Registro Único de Violencia?

Ya está el pilotaje, nos falta adquirir los servidores y hacer la interoperatividad de cada uno de los sistemas informáticos, espero que para el primer semestre del 2022 puedan hacerlo.

Tanto en mujeres como en cárceles, ¿a cuántas personas o víctimas se estaría atendiendo o beneficiando con las políticas proderechos humanos del Gobierno?

Solo en el tema de violencia, la Secretaría atiende más de 200.000 mujeres al año, pero nosotros somos uno de los siete canales por donde las mujeres piden ayuda, la principal fuente es el ECU911, la Policía, las Juntas Cantonales (...) En las cárceles, hay aproximadamente 2.000 mujeres, la mayoría detenidas por microtráfico de drogas.

¿Cuántas personas forman la población carcelaria, a cuántos se quiere beneficiar con la política pública de rehabilitación social?

La población penitenciaria, aproximadamente, es de 39.000. (I)