Este jueves se instaló en la ciudad la Mesa del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres. Participaron 22 instituciones públicas de la ciudad con el objetivo de tomar decisiones que ayuden a mitigar la violencia de género. Según la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, en Azuay las cifras son alarmantes, por lo que se requiere tomar medidas inmediatas.

La funcionaria explicó que en esta provincia se mantiene la estadística de que siete de cada diez mujeres sufren violencia de género, siendo los principales los actos psicológicos, físicos y económicos. Pero una cifra que llamó la atención es que cada 72 horas acá, se comete un femicidio.

En el año 2020 el Servicio de Protección Integral (SPI) atendió en Azuay, Cañar y Morona Santiago a 3.792 sobrevivientes de actos de violencia y en lo que va de 2021 se atendió a 2.589 personas. Además, solamente en la capital azuaya el SPI brindó apoyo integral a 2.045 mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Por tipo de violencia, la psicológica es la que más enfrentan las sobrevivientes con 1.075 casos y 776 casos de violencia física; seguidos de 141 casos de violencia sexual, 42 casos de trata y tráfico; 9 de violencia económica y patrimonial y 2 casos de violencia simbólica.

Este encuentro ocurre en una semana agitada en Cuenca. El pasado martes se conoció que una mujer fue violada por un desconocido mientras esperaba un bus interprovincial en la parada ubicada en la vía rápida Cuenca – Azogues. Mientras que este jueves en redes sociales se conoció el caso de una mujer de 28 años que fue extrangulada por su pareja sentimental. Tras la agresión el implicado huyó y los exámenes médicos revelaron lesiones que limitan sus actividades físicas por siete días.

En este contexto Ordoñez, aseveró que lo que se pretende es dar soluciones inmediatas, entre ellas incrementar el presupuesto para las casas de acogida de mujeres víctimas de violencia, reiterando que, por ahora, tienen el presupuesto suficiente para este fin. Todo el trabajo debe ser rápido, pues mientras ellos debaten los temas, “la vida de niñas y mujeres corre riesgo”.

La mesa está conformada por representantes de 22 instituciones de tres funciones del Estado, Ejecutivo, Judicial y de Transparencia y Control Social, entre ellas el ECU 911, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, entre otras.

Cada una de ellas, en el ámbito de sus respectivas competencias prestan atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las sobrevivientes, de manera especializada, interseccional, interdisciplinaria, integral, inmediata y gratuita. (I)