El actual periodo legislativo se estrena el 14 de mayo con la ruptura de la alianza política entre el Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), que permitió a Guillermo Lasso alzarse con la Presidencia de la República.

Para la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, CREO da un giro hacia los sectores de izquierda, representados por el Movimiento Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID), y entrega a Guadalupe Llori la presidencia de la Función Legislativa.

A lo largo de sus siete meses, la actividad del Parlamento se empaña por pugnas internas y con el Ejecutivo, denuncias de supuesta corrupción y ‘camisetazos’ de los legisladores.

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Los primeros conflictos se dan entre Guadalupe Llori y Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que denuncia supuestos sobreprecios en contratos de alimentación de la Asamblea. Ella lo acusa de violencia política, pero no oficializa la queja.

En una asamblea de Pachakutik, la legisladora Rosa Cerda emite unas polémicas declaraciones que generan rechazo en la opinión pública: “Si roban, roben bien”, refiriéndose a que ella hará su labor de fiscalización. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) la suspende.

La asambleísta Rosa Cerda, de Pachakutik, recibe una sanción por su frase "Si roban, roben bien". Foto Archivo

Al Comité de Ética de la Asamblea llegan, asimismo, dos denuncias sobre coimas contra la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, de las filas de la ID, pero que es expulsada, y que es la primera en perder su curul; y otra contra Eckenner Recalde, que también queda fuera de la ID, aunque a este no se lo sanciona.

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Por acuerdos o discrepancias internas, al menos doce legisladores abandonan las tiendas políticas con las que ganaron las elecciones; de ellos, tres se pasan al sector oficialista y ahora integran la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), junto al bloque de CREO.

Excepto el oficialismo, todas las demás fuerzas políticas sufrieron bajas: cuatro en el PSC; cuatro en la ID; dos en Pachakutik; y dos en el sector correísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES).

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Y hasta se da una ruptura interna en PK, que se divide en dos grupos: uno afín a la línea radical a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y otro con mayor apertura a dialogar con el régimen.

Aparte de sus conflictos internos, la Asamblea Nacional mantiene una relación poco fluida con el Ejecutivo; incluso el presidente Lasso habla en octubre de recurrir a la figura constitucional de la ‘muerte cruzada’ que le permite disolver al Parlamento por una vez y gobernar por decreto hasta que se realicen nuevas elecciones.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entrega en septiembre del 2021 su proyecto de Ley de Creación de Oportunidades que incluye reformas tributarias, laborales y de inversiones, a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (i), en la Asamblea Nacional. Foto Archivo Foto: EFE

La advertencia surge cuando Lasso envía a la Asamblea su proyecto de Ley de Creación de Oportunidades con el carácter de urgente; y el CAL no lo califica porque, a su criterio, no cumple con los requisitos.

Lasso accede a enviar su proyecto por partes; la reforma tributaria entra en vigor por el ministerio de la ley luego que la Asamblea no lo aprueba, ni lo modifica, ni lo archiva. En este proceso es clave UNES, que se abstiene de votar por el archivo, lo que deriva en sospechas de un acuerdo con el Gobierno.

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En cuanto a labor legislativa, la Asamblea informa al cierre del año que ha aprobado 20 leyes, aunque la mayoría son rezagos del periodo anterior. (I)