Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, advirtió este miércoles de “noticias muy preocupantes” en Ecuador, luego de las declaraciones de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender artículos en tres leyes propuestas por el Ejecutivo.

“Supuestamente, la Corte Constitucional ha sido amenazada por otros poderes del Estado tras suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes aprobadas bajo la justificación de urgencia económica y seguridad nacional”, escribió Satterthwaite en redes sociales.

“Los artículos incluían disposiciones que autorizaban la recopilación de inteligencia sin aprobación judicial previa, así como reformas dirigidas al financiamiento político ilícito y la justicia tributaria”, especificó la experta.

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Este miércoles, 6 de agosto, en una entrevista para Ecuavisa, Rovira señaló: “Creo que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía. No estamos para términos medios. Estamos en una situación excepcional que necesita respuestas. No es un enemigo político, sino un organismo enemigo de la ciudadanía”.

Ante estas declaraciones, Satterthwaite expuso que la ministra de Gobierno “parece haber acusado a la Corte de socavar la democracia y empoderar a grupos criminales, calificando el fallo como un desafío a la voluntad popular y una amenaza a la seguridad pública”.

También se refirió a la consulta de popular que impulsa el presidente Daniel Noboa y que busca permitir el juicio político a los jueces constitucionales por parte de la Asamblea Nacional.

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“Según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias. La autoridad de los jueces proviene de su papel como garantes del orden constitucional, incluida la protección frente a abusos por parte de las mayorías”, argumentó la experta de la ONU.

“La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia”, reiteró Satterthwaite. “Las decisiones judiciales pueden y deben debatirse por vías legales, pero las amenazas son inaceptables. La democracia no puede sobrevivir sin un poder judicial independiente”, agregó.

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Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), también se pronunció en redes sociales y rechazó los “ataques a la Corte Constitucional por suspender normas que amenazan derechos”.

“La Corte es clave para proteger el Estado de derecho y debe poder actuar con independencia y sin presiones. Las autoridades deben respetar y garantizar su labor”, indicó la experta.

(I)