Una vez se ha completado la incorporación de información en el expediente fiscal del caso Triple A, el juez anticorrupción Renán Andrade llama a las partes procesales para este viernes, 13 de junio, reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

La diligencia está convocada de forma presencial para las 09:00 del viernes 13 de junio y se ha dispuesto que continúe el sábado 14 y el domingo 15 de junio sin horarios definidos para su conclusión. Según lo dicho en la instalación de la diligencia, el 27 de mayo pasado, en esta primera parte se expondrán las posibles nulidades que afectarían al proceso y los pedidos de revisión de medidas cautelares solicitadas por varios de los procesados.

En ese momento la audiencia se suspenderá hasta el próximo viernes, 20 de junio. De declararse la validez de todo lo actuado en la causa, inmediatamente se daría pasos al dictamen fiscal y a la presentación de la prueba que evacuaría la Fiscalía en una eventual fase de juzgamiento. También intervendría la acusación particular y las defensas de dieciséis personas naturales, entre las que está el empresario Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y seis personas jurídicas. Por ellos se ha separado la sala de audiencia para el sábado 21 y domingo 22 de julio.

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El 10 de mayo pasado se completaron los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Triple A. Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, cerró esta etapa procesal. Para la Fiscalía, existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades, sobre todo de diésel.

El fiscal a cargo de la investigación, Leonardo Alarcón, manifestó que un día antes del cierre de la instrucción fiscal los sujetos procesales solicitaron diligencias que debía atender. Foto: Sugey Hajjar

A decir del fiscal Alarcón, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotores, industriales y navieros.

El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., y contra las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Alvarez y a otras once personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A. (I)