Los sindicatos examinan los efectos de la política laboral de la administración de Daniel Noboa Azín, en tanto aspiran a que la Organización internacional del Trabajo (OIT) pueda visitar Ecuador para escuchar las demandas de los trabajadores.
En las últimas horas, varios sectores de la sociedad de los trabajadores, médicos, del magisterio y funcionarios estatales han hecho reparos a la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), promovida por el primer mandatario y aprobada por su bancada Acción Democrática Nacional (ADN), que rige desde el 26 de junio pasado.
El documento modificó artículos de, por lo menos, 20 leyes, entre las que está la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), lo que motiva a organizaciones como el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), representantes de servidores de universidades a preparar manifestaciones de rechazo para el 11 de julio, porque consideran que es regresivo de derechos.
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En esa línea, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) espera que una delegación de la OIT llegue al país en los próximos meses para que observe de cerca la situación.
El presidente de turno del FUT, Edwin Bedoya, indicó que esperan que entre octubre y noviembre de este 2025 Ecuador reciba a la delegación internacional para que evalúe in situ la aplicación de los derechos laborales.
“Ecuador se comprometió a traer a una comisión de expertos, que solicitamos los trabajadores, para que se visibilice la violación de los derechos en los últimos diez años, pues pese a que la OIT ha hecho recomendaciones a los gobiernos, no se han atendido”, puntualizó Bedoya.
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No obstante, advirtió que para que esta comisión de expertos arribe a Ecuador debe haber una invitación del Estado.
Al respecto, añadió el dirigente, la titular del Ministerio del Trabajo, Ivonne Núñez, se habría comprometido a extender la invitación al organismo internacional del que el Estado ecuatoriano es suscriptor.
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“Estamos pugnando para que venga esta comisión de la OIT, escuche a las partes interesadas y sentarnos en una mesa de diálogo e ir arreglando los problemas, como la violación a los derechos sindicales, a los contratos colectivos, al derecho al trabajo, intimidación a los dirigentes; y, las últimas leyes de Integridad Pública y de Inteligencia, que son una mala carta de presentación por parte del Gobierno”, opinó Bedoya.
Este miércoles, representantes sindicales que son parte del Frente mantuvieron un encuentro con el argentino Marcelo Di Stefano, secretario de la Organización de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que está en Quito, preocupado por las políticas laborales.
En el evento, Di Stefano criticó al régimen de Noboa e hizo un llamado a la unidad de los trabajadores para enfrentar las acciones gubernamentales.
“El camino que lleva adelante el Gobierno no va en el sentido de las políticas que impulsan los trabajadores y ejemplo de ello es la Ley de Integridad Pública... Un concepto que reafirmamos es el nivel de creatividad para hacer el mal que tiene el Gobierno, en general, la clase política, porque esto no es de ahora, sino de hace mucho tiempo”, refirió el directivo en el diálogo.
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En su opinión, lo que la ley estaría promoviendo “es despedir a los trabajadores del sector público de forma sumaria, restando toda posibilidad del debido proceso a partir de estos mecanismos de evaluación, en donde no hay instancias superiores para apelar. Se trata de quitarles los derechos a los trabajadores. Han hecho todo para matar el movimiento sindical”, reflexionó Di Stefano.
Él junto con Bedoya; Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl); José Villavicencio, de la Unión General de Trabajadores (UGTE), entre otros, mantuvieron un diálogo con la ministra del Trabajo, el martes último, para exponer sus inquietudes.
En ese espacio, la secretaria de Estado habría ofrecido invitar a esta delegación de la OIT a llegar al país, probablemente, en noviembre. (I)
