La iniciativa de reformar parcialmente la Constitución para que en Ecuador puedan operar bases militares extranjeras alentó el debate en las bancadas de la Asamblea Nacional. Los comentarios van desde que Daniel Noboa Azín “reconoce su incapacidad” para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia hasta que el presidente pudo aprovechar la oportunidad para incluir otros temas, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) un proyecto de reforma parcial a la Constitución en el que propone eliminar del artículo 5 la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en territorio nacional y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
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Su idea es que ese artículo se reemplace con la frase “El Ecuador es un territorio de paz” y pidió a la CC que determine la vía para la modificación que, a su criterio, debería ser el de reforma parcial
El artículo 442 de la Carta Política ordena que la reforma parcial, que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, puede proponerla el presidente de la República y debe ser tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debe hacerse al menos 90 días después del primero.
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Luego de ser aprobado por el Legislativo, pasará de nuevo a la Corte Constitucional para su aprobación y de superar los filtros se enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a referéndum dentro de los 45 días siguientes.
En la Asamblea Nacional hubo las primeras reacciones. El presidente Henry Kronfle Kozhaya, del Partido Social Cristiano (PSC), se mostró de acuerdo con el “concepto y las certezas” que podría generar para el país.
Pero habrá que esperar la decisión de la CC si requiere de enmienda o reforma parcial, aunque “ojalá sea el pueblo el que se pronuncie”, comentó Kronfle.
Desde la facción del movimiento Construye, los legisladores Ana Galarza y Jorge Peñafiel tuvieron una voz de respaldo a esta oferta, aunque creen que se pueden incluir otros temas.
“Apoyamos esta propuesta para que se permitan tener bases extranjeras que trabajen en contra de las mafias. Pero creemos que se debe aprovechar e incluir nuevos cambios en materia de electricidad, evitando el monopolio del Estado, el trabajo por horas, que los adolescentes involucrados en asesinatos puedan ser juzgados como adultos y que se elimine el bodrio del Consejo de Participación Ciudadana”, comentó Ana Galarza.
Jorge Peñafiel, su coideario, coincidió con el argumento, aunque anticipó que su bancada preparará un documento de reforma constitucional que incluya los temas mencionados y, con ello, “decirle al presidente Daniel Noboa que una consulta es seria. Que si se va a gastar $ 60 o $ 70 millones sea por una consulta que no le favorezca solo a él, sino al país y su futuro”, condicionó.
La legisladora Lucía Posso (Independiente) calificó de positivo el proyecto gubernamental y, en cuanto al debate de la soberanía, este “se vulnera todos los días cuando hay autoridades que no cuidan a la población”, dijo.
Lamentó que el Gobierno de Daniel Noboa no ha logrado sucumbir a la delincuencia y al crimen organizado, pese a las herramientas legislativas que se dieron al inicio de su mandato, como el incremento del impuesto al valor agregado (IVA), en materia de turismo, o la consulta popular de abril pasado.
En la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) hubo prudencia, pero advierte que el jefe de Estado está aprovechando la coyuntura de las elecciones nacionales de febrero de 2025 (para las que Daniel Noboa es precandidato presidencial) para propiciar el apoyo a su candidatura.
Por ejemplo, el asambleísta Leonardo Berrezueta (RC) rechazó que se pusiera en debate el tema de la seguridad justamente en época electoral y cuando el mandatario no ha podido controlar la violencia en las calles.
“Esta es una estrategia política para poner a discutir a la clase política sobre su propuestas y para desviar la atención de otros temas importantes, como la baja gestión del presupuesto, que hay incremento de la violencia. Pese a las herramientas legales que se le ha dado, no ha podido solventar la situación y ha mostrado su incapacidad. Con esto, Noboa confiesa que es un incapaz y es una estrategia electoral para ponernos a discutir su propuesta”, opinó.
Para la legisladora Pierina Correa (RC) esta iniciativa muestra el desconocimiento y el irrespeto a la Constitución del régimen y ejemplificó que en Colombia funcionan “siete bases militares estadounidenses y sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína”. “¿Díganme en qué ha ayudado? Pero, además, es un irrespeto al trabajo de las Fuerzas Armadas”, criticó.
“Permitir el establecimiento de bases extranjeras es un reconocimiento de la incapacidad del Gobierno para luchar frontalmente contra el narcotráfico. Se requiere de un sistema de justicia que no juegue a su favor (de la delincuencia) y asignación de recursos, desarrollo de inteligencia...”, añadió Correa, hermana del expresidente Rafael Correa.
Su colega Ricardo Ulcuango tildó a Noboa de un “vende patria” y que en esencia es parte de la campaña electoral.
Desde los legisladores del oficialismo, Acción Democrática Nacional (ADN), Xavier Jurado (antes RC) resaltó la posibilidad de que esta medida —de llegar a concretarse— contribuya en cooperación con lanchas rápidas y el control en el espacio aéreo que el Estado no puede solventar.
El legislador cree que esta misma Asamblea puede debatirla y aprobarla “rápido”, considerando aquellos asambleístas que están “comprometidos” con la seguridad.
La asambleísta Inés Alarcón aseguró que serán respetuosos de la decisión que tome la Corte Constitucional para su trámite; y, a su criterio, debería tratarse —de tener un dictamen positivo— en la Comisión de Enmiendas Constitucionales.
En tanto, esta propuesta se da en medio de la organización de los comicios presidenciales, legislativos y de parlamentarios andinos de febrero de 2025. El documento recayó en el despacho del juez constitucional Enrique Herrería Bonet, quien hará el proyecto de sentencia para resolución del pleno de nueve magistrados.(I)