“Rechazamos este intento de cambiar la historia de los hechos luego de más de 40 años”: directiva del PSC califica de ‘organización terrorista’ a Alfaro Vive Carajo

Con un mensaje en su cuenta personal de la red social X en el que colocó la palabra ¿Desmemoriados? el líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, la mañana de este sábado, 11 de noviembre, compartió un comunicado de la directiva nacional del PSC con su posición sobre la acusación de la Fiscalía a miembros de la fuerza pública por supuestos delitos de lesa humanidad contra tres integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).

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La posición sobre este tema se hace pública debido a que desde el 5 de noviembre pasado, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló la audiencia de juzgamiento por la presunta detención irregular y tortura de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del desaparecido AVC, por parte miembros de seguridad del Estado ecuatoriano. Los jueces Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz han llevado adelante los tres días de diligencia que se han dado hasta este momento.

Desde la directiva socialcristiana se recordaron que los actos irrefutables cometidos por la organización terrorista Alfaro Vive Carajo en los años 80, en los cuales sus operaciones de violencia sistemática, entre ellas, asalto, robos, asesinato y secuestros cometidos, motivaron a que el Estado tenga que defender a los ciudadanos víctimas de estos hechos.

“Los socialcristianos rechazamos este intento de cambiar la historia de los hechos luego de más de 40 años, los mismos que, bajo el liderazgo y firmeza del expresidente de la República, León Febres Cordero, su gobierno y la valiente y sacrificada labor de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lograron la extinción de este grupo terrorista. Desconocer la realidad que vivió nuestro país, pretendiendo juzgar a quienes defendieron el Estado, es darle la espalda a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, se aclaró en el comunicado.

La audiencia de juzgamiento en el caso Vaca-Cajas-Jarrín se instaló contra el exministro de Defensa Luis Eduardo P.; Manuel Marcelo D., exdirector de Inteligencia del Ejército, 1987-1988; Juan Raúl V., comandante del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), 1984-1987; Mario Ricardo A., comandante del AEIM, 1987-1990; Nelson Bolívar E., jefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito (CIQ), órgano operativo del AEIM; y Fernando R., médico del AEIM, 1984-1987.

Esta causa se inició judicialmente en octubre de 2013, tres años después de que un informe de la Comisión de la Verdad reportó la existencia en el Ecuador de 118 casos, incluidos los casos de Vaca, Cajas y Jarrín, en los que habrían existido delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos, entre 1984 y 2008.

En septiembre de 2014 fueron llamados a juicio por la jueza nacional Lucy Blacio nueve personas, en mayoría oficiales militares y policiales, todos en servicio pasivo, pero en estos más diez años fallecieron Jorge A., Guillermo R., y Edgar V., excomandante de Policía y solo seis han llegado a la etapa de juicio.

El fiscal general subrogante Carlos Alarcón aseguró que se demostrará en el juicio que la responsabilidad de los seis procesados en esta causa que investiga violaciones de derechos humanos que, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad ante la actuación coordinada de estructuras estatales -cadena de mando-, inteligencia, custodia e interrogatorio, apoyo médico y operativo contra personas tratadas como “enemigos internos”.

“Esta sistematización habría sido adoptada por Ecuador bajo doctrinas surgidas en América Latina entre décadas de 1970 y 1980, legitimando estructuras especializadas de inteligencia, operaciones encubiertas, recopilación y archivo de información sobre civiles, detenciones clandestinas y técnicas de interrogatorio físico y psicológico. Eso permite ejecutar ataques planificados, sostenidos y con vocación de permanencia contra sectores identificados como disidencia política estudiantil, sindical o militante”, se explicó desde la Fiscalía.

Desde el PSC rechazan todo tipo de acciones que pretendan negar la existencia de la violencia que vivió Ecuador en los años 80, la cual le habría costado muchas vidas al país. En esa línea ratificaron su permanente respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, instituciones que para el partido que al igual que en los años 80, hoy están defendiendo la tranquilidad, la seguridad y el bienestar del Ecuador. “Sin esa lucha no se hubiese logrado la paz en aquella época”, insistieron desde la directiva nacional del Partido Social Cristiano. (I)