Las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Acción Democrática Nacional (ADN) y los representantes del movimiento Pachakutik se juntaron para archivar este 10 junio de 2025, el proyecto de ley para la protección y defensa de los derechos de los animales.
Los tres sectores reunieron 143 votos para archivar el proyecto en medio del reclamo del sector agro productivo que llegó hasta el Palacio Legislativo para reclamar la aprobación del proyecto que estaba en construcción desde el 2022.
En la mañana, los representantes de los gremios y las asociaciones de la cadena de producción pidieron al ministro de Gobierno, José de la Gasca, una audiencia y presentaron un documento donde piden que se apruebe el proyecto de ley porque cumple con la solicitud de la Corte Constitucional, vela por el bienestar animal y no entorpece el proceso productivo ni perjudica la seguridad alimentaria nacional; pues aseguran se puede evidenciar que el proyecto recoge los principios desarrollados en la sentencia No. 253 como el principio, interespecie, interpretación ecológica y proporcionalidad. Sobre el pedido de reunión no hubo respuesta.
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La presidenta de la mesa de Biodiversidad, Camila León (ADN), dijo que el proyecto no puede continuar en el estado en el que está en este momento, que en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales encontraron textos que no cumplen con la sentencia de la Corte Constitucional, que existen fallas notorias en la escritura técnica legislativa, lo que haría que a futuro el proyecto no sea aplicable.
También dijo que encontró dos inconstitucionalidades dentro del proyecto de ley. Una, que es la vulneración de una consulta popular vinculante y la segunda, que es la regresión de derechos al bajar las actuales sanciones que se están manejando en el tema de cuidado y protección animal.
Más allá de que los animales merecen y necesitan nuestra protección, añadió León, dejan en claro que “jamás hemos considerado afectar en lo absoluto al sector productivo del Ecuador. Estamos conscientes de que los productores son generadores de empleo. Estamos conscientes de que llevan los alimentos a nuestras mesas y estamos conscientes de que mueven la economía del país”, afirmó.
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En la moción de archivo la legisladora Camila León, pidió al presidente de la legislatura que disponga a la coordinación general jurídica en conjunto con la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales que en el plazo de 30 días se elabore un informe en el que se pueda motivar el seguimiento y se comunique a la Corte Constitucional el por qué se ha tomado esta decisión. (I)
