El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista a preparar un nuevo proceso para elegir a un titular de la Superintendencia de Bancos; mientras que Raúl González Carrión insistirá en la justicia ordinaria su designación en ese cargo, resuelta por una mayoría de los consejeros de dicho organismo, el 20 de julio pasado.

Este 1 de agosto de 2022, la jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, en Guayas, Larissa Ibarra, aceptó una acción de protección planteada por la ciudadana Michelle Guerra de Andrés y declaró la nulidad radical o de pleno derecho de la designación de González como superintendente de Bancos.

Como medida de reparación a la violación de los derechos de Guerra, dispuso al Consejo de Participación que de “manera inmediata” solicite una nueva terna al presidente de la República, Guillermo Lasso, y que designe a la autoridad siguiendo los procesos reglamentarios. Es decir, que lo haga sin “afectar el derecho constitucional alguno de los ciudadanos ecuatorianos”.

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La defensa de González, Robert Friend, anunció que apelará esta resolución ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas en las próximas horas, pues están preparando los argumentos legales.

“González va a continuar con todas las acciones legales porque la razón no pide fuerza, aunque esto es un tema político”, aseveró Friend.

Relató que detrás de estas estrategias existió una posible inobservancia de uno de los “operadores políticos” del primer mandatario, que estuvo a cargo de dar forma a la terna para la Superintendencia de Bancos.

“Esta persona que debía verificar y conocer a cada uno de los postulantes no lo hizo. Quizás por un exceso de confianza envió una terna de la que el presidente le consultó si cumplían los requisitos, este (operador) respondió que sí y se envió al Consejo; y, oh sorpresa, de los tres, dos candidatas fueron descalificadas y llega Raúl González hasta el final. Expone su plan de trabajo, pero efectivamente empezó a tener presiones de ese operador político que le pedía que se excuse y González no quiso ceder a esta sugerencia. Eso ha molestado y se ha iniciado esta campaña de desprestigio a mi defendido”, narró el jurista.

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Lamentó que lo han calificado de ‘correísta’ (con relación a una afinidad al proyecto político del expresidente Rafael Correa) o que pertenece a un partido político. Pero la pregunta -añadió Friend- es “¿quién envía la terna? La envía el presidente de la República y lamentablemente lo que existió es un exceso de confianza de parte de un operador político que no observó que cumpla los requisitos la persona que se quería, no sucedió ese escenario, y llegó alguien que presentó su plan de trabajo y le pidieron que se excuse”.

Para evitar que González asuma el cargo, Friend denunció que se presentaron dos acciones de protección “copiadas e idénticas”, una de un ciudadano César Cabezas y otra de Guerra.

La primera recayó en el despacho de la jueza Glenda Ortega, aunque Cabezas desistió.

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En tanto que la planteada por Guerra fue sorteada en el despacho de la magistrada Ibarra, quien tramitó el proceso legal que ratificó a Hernán Ulloa como presidente del CPCCS, en medio de la disputa legal con Sofía Almeida, expresidenta de dicho organismo.

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Guerra alegó que se violaron sus derechos de participación porque “no había terna”. Según la accionante, se descalificó a Rosa Guerrero Murgueytio y a Doris Padilla Suquilanda, mientras que González no contó con los votos para ser designado en ese cargo en una sesión del 19 de julio. Sin embargo, el 20 de julio, se lo eligió con cuatro votos afirmativos.

Para ella, “no había terna” y el Consejo de Participación Ciudadana debió solicitar una nueva para garantizar su “derecho de participación”.

Al conocer la resolución de Ibarra, de inmediato, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, remitió al jefe de Estado un pedido oficial para que envíe una nómina con sus postulantes. Hasta el momento, esta no ha sido remitida.

González era el segundo aspirante de la terna que envió el Ejecutivo el 12 de abril, de la que fueron parte también Rosa Guerrero Murgueytio, primera de la terna y que fue descalificada por una impugnación ciudadana; y Doris Padilla Suquilanda, tercera y que fue descalificada porque incumplía un requisito legal.

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En un inicio, el equipo técnico que integró el CPCCS para que revise los requisitos de admisibilidad, legales y reglamentarios, concluyó que González no había incumplido ninguno, por lo que fue admitido a continuar en el proceso. Además, no enfrentó ninguna impugnación ciudadana, por lo que llegó a presentar su plan de trabajo en la última para la designación.

Para definir su elección como superintendente, hubo varias plenarias con diferentes posturas. Así, en el pleno del 19 de julio, el consejero Javier Dávalos mocionó que sea elegido y obtuvo tres votos a favor. De él, de Sofía Almeida y David Rosero.

Tres abstenciones, de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, y María Fernanda Rivadeneira votó en contra.

Ese mismo día, Ulloa propuso otra moción para que no se designe a González porque incumplía requisitos como la meritocracia, idoneidad y especialidad. Pero tuvo tres votos a favor, de Rivadeneira, de él y de Estupiñán. Bravo y Rosero se abstuvieron; Almeida y Dávalos, en contra.

En la continuación de la sesión número 28, del 20 de julio, Rivadeneira planteó una nueva moción para que se elabore una opinión jurídica que recomiende cómo proceder al no haberse aprobado ninguna de las mociones. Tuvo solo tres votos a favor: de ella, Ulloa y Estupiñán.

Entonces, Dávalos mocionó otorgar diez minutos para que González ampliara su plan de trabajo, lo que se aprobó con cuatro votos a favor: de él, Almeida, Rosero y Bravo.

González ahondó en presentar sus propuestas de trabajo para ser superintendente y después de ello, Rosero planteó su designación, la que se aprobó por mayoría: Almeida, Bravo, Dávalos y Rosero.

Sin embargo, González no podrá asumir el cargo, pues está vigente una medida cautelar que emitió la jueza Ibarra, que dispuso a la Asamblea Nacional no cumplir con ese efecto.

Esta es la primera vez que mediante una acción judicial se echa abajo la designación de una autoridad resuelta por el CPCCS.

En su cuenta de Twitter, el consejero David Rosero consideró que esto “configura un precedente nefasto (para el CPCCS). Jueces interfiriendo para imponer autoridades con auspicio del Gobierno”, opinó. (I)