Quince asambleístas constituyeron una comisión externa a las quince comisiones especializadas permanentes ya existentes para investigar las operaciones del narcotráfico y sus vínculos con las estructuras de corrupción en el sector público y con los políticos y algunos legisladores.

En paralelo, el pleno de la Asamblea Nacional abrió el debate sobre la situación de inseguridad que vive el país, donde la mayoría de las intervenciones estuvieron cargadas de críticas al Gobierno y reclamos por la reducción presupuestaria para el 2023 al sector de seguridad.

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Este grupo, por lo pronto, se denominará comisión de investigación antes que bancada legislativa; está integrada por legisladores que pertenecen a Pachakutik, a la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y a un sector de independientes. No hay asambleístas del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) ni de la Izquierda Democrática (ID).

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Propósito

Los legisladores Fernando Villavicencio (CN-PSE) y Ricardo Vanegas (Pachakutik) lideran este grupo que asegura que no necesita del aval del pleno de la Asamblea Nacional para constituirse en una comisión para investigar las operaciones del narcotráfico.

Este sector de asambleístas se reunirá con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para que proporcione información sobre los ‘narcogenerales’, de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de los legisladores a quienes se les retiraron las visas. “Estados Unidos no retira una visa por su bonita o fea cara”, replicó.

Que la comisión nace de hecho y no la parará nadie, sentenció Villavicencio, quien dijo que esta investigación va a escanear los financiamientos de las campañas presidenciales de los últimos quince años y se retrotraerá para incorporar los informes sobre el caso Angostura, sobre financiamiento del narcotráfico para campañas electorales, los informes sobre WikiLeaks sobre corrupción y aportes a campañas, además se revisarán aquellos informes sobre los atentados al radar de Montecristi.

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A la Fiscalía General del Estado se solicitó información acerca de los casos de narcotráfico y delincuencia organizada, su estado de trámite y las sentencias, donde también aspiran a hacer un inventario sobre la lista de jueces y fiscales que protegen al narcotráfico en el país.

Gisella Molina (Pachakutik) comentó que el propósito es descubrir quiénes están dentro de la narcopolítica, que esto no se quede solo en palabras, pues la comisión lo que buscará es dar una respuesta al tema de inseguridad, pues los ecuatorianos viven amenazados por ciertos grupos delictivos, y otros en el ámbito político quieren pescar a río revuelto.

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Al momento ya están avanzados algunos temas, como pedidos de información a la Fiscalía General del Estado, los reportes hechos por la Embajada americana y el compromiso de trabajar con la Administración para el Control de Drogas ( DEA, siglas en inglés). Se obtendrá también toda la información que existe sobre narcotráfico y su vinculación con la política.

Molina considera que la comisión está abierta a recibir a los legisladores que quieran sumarse a la investigación, pero que esa mesa no será parte de un show mediático, sino para trabajar en investigación.

La legisladora Sofía Sánchez, del bloque Pachakutik, señaló que se armó este equipo de trabajo y lo que primero se pidió es información a la Fiscalía General sobre los procesos de corrupción que se registraron en gobiernos anteriores.

Que para discutir el tema de seguridad es necesario volver a mirar hacia atrás para determinar por qué Ecuador tiene ese problema, y se puede establecer que el narcotráfico “está involucrado con algunos funcionarios que trabajan con el Gobierno, algunos políticos que recibieron dineros para las campañas y que hoy tienen que devolver favores, lo cual es preocupante en el país”.

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Lo que debe hacer el Gobierno es depurar los malos elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque “hay generales que incluso de fuentes extraoficiales sabemos que para sus ascensos coiman o pagan dinero”, subrayó

Este grupo de legisladores presentó ante el pleno una moción para que el Parlamento pida a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el apoyo suficiente para encontrar una solución a los problemas de inseguridad, y dijo que es necesario que el Consejo de Seguridad del Estado se declare en sesión permanente en la búsqueda de una salida al problema de inseguridad.

Integración

Los quince legisladores que conforman esta comisión de investigación y que aspiran a entregar al país un informe de investigación en los próximos dos meses son:

  1. Fernando Villavicencio (CN-PSE)
  2. Ricardo Vanegas (Pachakutik)
  3. Sofía Sánchez (Pachakutik)
  4. Rafael Lucero (Pachakutik)
  5. Gisela Molina (Pachakutik)
  6. Consuelo Vega (Pachakutik)
  7. Pedro Velasco (BAN)
  8. Washington Varela (BAN)
  9. Diana Pesántez (BAN)
  10. Elías Jachero (BAN)
  11. Francisco León (BAN)
  12. Omar Cevallos (BAN)
  13. Mariano Curicama (BAN)
  14. Freddy Rojas (BAN)
  15. Augusto Guamán (antes del BAN)

Investigación a los ‘narcogenerales’

Una subcomisión de la mesa de Soberanía y Seguridad Integral lleva adelante desde el 17 de agosto pasado una investigación para determinar los nombres de los generales de la Policía Nacional que tendrían vinculación con el narcotráfico y que sería el motivo principal para el retiro de las visas americanas.

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Esta subcomisión, integrada por los legisladores Patricia Núñez (UNES), Jorge Pinto (BAN) y Rodrigo Fajardo (ID), volvió a pedir un mes más de plazo para presentar el informe ante la comisión y posteriormente al pleno.

Patricia Núñez (UNES), integrante de la subcomisión encargada de investigar a los narcogenerales, dijo que al momento se recibió la comparecencia de la fiscal general del Estado, quien informó que ni siquiera había se iniciado un acto de investigación sobre la supuesta vinculación del narcotráfico con los generales de la Policía y Fuerzas Armadas.

Dijo que a la comisión le preocupa la forma en que se dieron los ascensos de la Policía Nacional, por lo que se solicitó información sobre el proceso.

Jorge Pinto (BAN), integrante de la subcomisión que investiga el caso, comentó que el informe podría demorar al menos quince días, porque al momento está llegando y sistematizando la información.

También se está pidiendo información de las investigaciones que se están dando a nivel de las instituciones en materia de seguridad. (I)