La ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, vigente desde enero del 2023, introdujo una serie de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Una de aquellas fue la creación de instituciones encargadas de elaborar la “política criminal del Estado”, la cual se definió así en la misma norma: “La política criminal es el conjunto de respuestas que el Estado adopta, de manera integral e intersectorial, para prevenir y enfrentar la delincuencia y criminalidad con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de sus habitantes”.

La ley dispone que la elaboración de la política criminal estará a cargo del Consejo Nacional de Política Criminal, que se integrará -entre otros- por un delegado del presidente de la República, los ministros de Derechos Humanos, Defensa, Interior, Gobierno, así como los encargados de las entidades de Inteligencia, Aduanas; y los delegados de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía Nacional.

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En tanto que la ejecución de dicha política será responsabilidad de un Ministerio de Derechos Humanos y Política Criminal, cuya institucionalización recién se concretó el pasado 20 de mayo, con el anuncio de la “transformación” del ya existente Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

Aunque todavía no se ha publicado el respectivo decreto ejecutivo, ya hay cuestionamientos de los colectivos de mujeres que rechazan que se “retroceda” en la lucha por sus derechos.

En la mencionada norma se indica que el Plan de Política Criminal incluirá un diagnóstico del fenómeno de la criminalidad en el país y las respuestas planificadas y coordinadas a corto, mediano y largo plazo que el Estado debe adoptar para prevenirlo y combatirlo.

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También definirá políticas, acciones y recomendaciones dirigidas a la prevención de las causas del delito, respuestas penales para sancionarlo y mecanismos de rehabilitación y reinserción de las personas infractoras en la sociedad.

Contendrá, además, objetivos, metas e indicadores medibles de cumplimiento, así como la estrategia de intervención de las entidades públicas involucradas en su ejecución.

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El exlegislador Ramiro Vela presidió la Comisión de Seguridad Integral y Soberanía del Estado de la Asamblea Nacional que elaboró la ley, en la que se desarrolló un amplio debate sobre lo que debía considerarse política criminal.

“La política criminal no es un tema de enfrentamiento con la delincuencia, por eso no está (su elaboración y ejecución) en la Fiscalía, en la Policía Nacional... La política criminal es la respuesta que da el Estado frente a las conductas reprochables, los delitos, pero no se trata de combatirlo, sino entenderlo y estudiarlo, de conocer cuáles son las causas que generan estas situaciones, y prevenirlas... Por ejemplo, la violencia y la inseguridad pueden ser producto de un problema social, entonces, la política criminal detecta que hay niños abandonados a temprana edad, que entran al consumo de drogas muy pequeños o que son expulsados de sus casas, sin acceso a la educación y que eso produce los delincuentes del futuro. Entonces, no se trata de combatir a los niños sino darles oportunidades para que en el futuro no sean delincuentes... Otro tema puede ser algo jurídico, que las penas no son adecuadas, que el sistema judicial no responde acorde a la actualidad, que no hay respuestas rápidas para sancionar a los delincuentes, que permite que usen herramientas para salir en libertad, la política criminal detecta eso y se trabaja sobre eso...”, reflexiona Vela.

El exlegislador dice que no sabe si lo más idóneo sea que el Ministerio de la Mujer se encargue de ese tema, pero que sí es necesario que alguna institución lo asuma.

En tanto que Michelle Maffei, quien es experta en seguridad y relaciones internacionales, coincide en que la política criminal de un Estado tiene que ver con las acciones que este implementa para minimizar las causas de la violencia y el cometimiento de delitos. “La política criminal es el estudio sostenible a largo plazo de políticas públicas contra algún tipo de crimen en particular”.

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Pone como ejemplo los estudios que desarrollaron en Estados Unidos, en los que se dieron cuenta de que el aborto minimizaba el crimen, porque la gran cantidad de delincuentes provenía de madres solteras con dificultades económicas.

En Latinoamérica, en cambio, lo que se ha detectado es que la baja del crimen organizado se produce en sociedades con buenas instituciones. “Es decir que el Estado dé servicios de buena calidad a la ciudadanía, salud, educación, empleo...”, expresa.

Ella aclara que llevar a las fuerzas del orden a las calles no puede considerarse un componente de la política criminal. “Son políticas de contención, de disuasión, de guerra”, explica. (I)