El destino de Mario Godoy Naranjo se decidirá este 18 de febrero de 2026 en el pleno de la Asamblea Nacional. El hasta hace pocos minutos titular del organismo es acusado de supuestas presiones indebidas al juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero, a través de terceros, para resolver un caso de lavado de activos en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
El juicio político contra Godoy fue impulsado por cinco asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC): Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego, quienes centran su acusación en tres casos: el denunciado por el juez Serrano, que es el señalamiento principal; un supuesto conflicto de intereses por la intervención de la esposa de Mario Godoy, Dolores Vintimilla; y supuestas presiones indebidas a la jueza Nubia Vera.
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El proceso continuará pese a la salida de Godoy del cargo, al que renunció esta mñana, pero solo se lo censuraría y ya no procedería la destitución. Se necesitan 101 votos para censurarlo.
Las presiones sobre Carlos Serrano, que aducen los asambleístas de la RC, giran en torno al caso denominado Euro 2024, en el cual el ciudadano serbio fue sentenciado a diez años por lavado de activos. En este caso, Dolores Vintimilla fue abogada de Srdan en la etapa preprocesal.
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De acuerdo con las acusaciones de los legisladores del correísmo, que constan en el informe aprobado por unanimidad de los diez asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización, en noviembre de 2025, “previo a la audiencia de juzgamiento de este proceso judicial, el exdirector provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura y amigo de Godoy, Henry Gaibor, citó al juez Carlos Serrano y ejerció presiones indebidas para que favoreciera la posición de la defensa del procesado, hechos evidenciados en audios difundidos públicamente".
El expediente señala que el 8 de diciembre de 2025, ante la falta de garantías de seguridad, el juez anticorrupción presentó su renuncia, la cual no fue aceptada por el pleno del CJ sino hasta el 22 de diciembre.
Asimismo, el documento repasa que durante la audiencia el procesado realizó un gesto intimidatorio explícito de amenaza de muerte contra el juez Serrano, cruzando su dedo por su garganta, hecho registrado en video y consignado en parte policial, evidenciando un riesgo real vinculado al crimen organizado.
El 27 de noviembre, recoge el informe, la Policía Nacional emitió una alerta oficial sobre el incremento del nivel de riesgo de Carlos Serrano recomendando el reforzamiento urgente de la protección policial.
“Pese a dicha recomendación, el Ministerio del Interior retiró totalmente la custodia policial asignada al juez. El 3 de diciembre, el juez solicitó protección al Consejo de la Judicatura, sin que esta le fuera otorgada”, dicta el texto.
Asimismo, los proponentes del juicio político sostienen que Godoy Naranjo no adoptó medidas eficaces para proteger al juez, no exigió la restitución de la custodia policial ni garantizó el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
“Luego de la difusión pública de los audios que evidencian las presiones indebidas, el pleno del Consejo de la Judicatura solicitó la renuncia inmediata del director provincial Henry Gaibor. Dicha renuncia fue aceptada de forma inmediata, sin que se dispusiera la remoción motivada, la apertura de un proceso disciplinario exhaustivo ni la presentación de una denuncia penal institucional”, señala el informe aprobado.
En este sentido, los legisladores de la RC afirmaron que el expresidente del Consejo de la Judicatura incurrió en una falta grave a la verdad al declarar públicamente, en entrevistas concedidas a medios de comunicación y en comunicaciones oficiales, que la renuncia del juez Carlos Serrano no podía aceptarse sin la emisión previa de sentencias escritas, alegando riesgos de nulidad y afectación al debido proceso.
Con estos antecedentes, los proponentes determinaron que Mario Godoy incurrió en la intromisión en la independencia judicial interna, por la supuesta tolerancia frente a las presiones indebidas ejercidas por su subordinado directo, Henry Gaibor, quien el 11 de noviembre de 2025 citó al juez Carlos Serrano Lucero para influir coercitivamente en el desarrollo del caso Euro 2024, sugiriendo argumentos favorables al procesado Jezdimir Srdan.
Además, sostienen que se configuraría una aparente manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones, evidenciada en la falta absoluta de acciones para proteger la integridad del juez Carlos Serrano.
¿Qué dijo Carlos Serrano?
En su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, el juez anticorrupción Carlos Serrano explicó que, tras integrar el tribunal del caso Euro 2024, recibió presiones directas del entonces director provincial Henry Gaibor para absolver a los procesados por lavado de activos, hechos que, según indicó, constan en audios ya conocidos públicamente y bajo investigación fiscal por presunto tráfico de influencias.
Además, calificó la actuación de Mario Godoy “como una falta de voluntad para proteger a los jueces y una revictimización al sugerir durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional colusiones con partidos, movimientos o tiendas políticas, tras el escándalo derivado de la publicación de una columna, así como de audios”.
Contestación de Mario Godoy
Sobre el caso Euro 2024, el expresidente del CJ defendió que no tuvo conocimiento de supuestas presiones de un subalterno (Henry Gaibor) hacia el juez Carlos Serrano hasta que se hicieron públicas, momento en el que solicitó la renuncia del funcionario y denunció el hecho ante la Fiscalía.
Manifiesta inoperancia
En su análisis de los hechos, la Comisión de Fiscalización determinó que la manifiesta inoperancia “se configura al demostrarse que, a pesar de tener el mandato constitucional claro y los recursos administrativos a su disposición, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, optó por una conducta de ‘tramitología’ frente a amenazas de muerte y actos terroristas”.
El juicio político contra Mario Godoy fue convocado por el presidente del Parlamento, Niels Olsen, para las 10:00 de este miércoles, 18 de febrero de 2026, de manera presencial.
De los asambleístas proponentes, Veloz y Samaniego actuarán como interpelantes. (I)