La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, pidió ser recibida en comisión general ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que debatirá y votará por el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
A través de un oficio enviado el 16 de febrero de 2026, la autoridad provincial afirmó que su asistencia es para “exponer las preocupaciones de los diferentes niveles de gobierno y, de manera particular, la Prefectura de Pichincha”, sobre este proyecto de ley económico urgente.
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Paola Pabón, expresidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), consideró que la normativa propuesta contraviene la garantía de autonomía establecida en el artículo 6 del Cootad, en particular sobre la previsibilidad de los recursos y la implementación de políticas y obras públicas en favor de la ciudadanía.
La solicitud fue remitida a la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que sesionará la tarde de este martes, 17 de febrero, y a la que Pabón pidió comparecer.
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La mesa legislativa fue convocada de manera virtual para las 15:45 para conocer, analizar y votar por el informe para segundo debate de este proyecto de ley urgente.
El pasado 14 de febrero, el texto pasó el primer debate en el pleno del Parlamento. En la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa y la oposición pidió el archivo de este proyecto de ley, propuesta que no fue acogida por los asambleístas.
La propuesta enviada por el Ejecutivo plantea incorporar “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias”.
El texto sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, y el 30 % para gasto corriente.
Autoridades locales como la prefecta de Pichincha, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, entre otras, rechazan esta iniciativa ya que consideran que condiciona a los gobiernos autónomos descentralizados, redefiniendo la inversión y afectando a los programas sociales. (I)